+ Casos como Cacaotepec, o Santa Lucía del Camino, corroborar la inercia
Hace un año, en noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso un decálogo de acciones para —según— recuperar el Estado de Derecho y la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado, luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y del predominio de la delincuencia organizada en amplias regiones de varias entidades del país.
De entre esas medidas, destacaban dos que incidían en las atribuciones de la figura constitucional del municipio, y que fueron duramente cuestionadas porque tenían la intención de borrar el federalismo en materia de seguridad pública. El problema es que a casi un año de distancia, hoy debieran ser los municipios quienes reflexionaran si no, con la persistencia de sus vicios y sus debilidades, están empujando implícitamente esa tentación recentralizadora del gobierno federal respecto a la seguridad y las policías municipales.
En efecto, como bien habremos de recordarlo, en la última semana de noviembre del año pasado, el presidente Peña Nieto presentó un decálogo de acciones que fueron anunciadas como el mecanismo del gobierno federal para que la sociedad recobrara la credibilidad en el Estado, luego de la cascada de hechos y revelaciones que pusieron en entredicho a toda la clase política nacional, y la fuerza misma del Estado como depositario de la soberanía nacional.
Una de esas medidas consistía en desaparecer las corporaciones de seguridad pública municipales para crear únicamente 32 policías estatales bajo el esquema del mando único; y otra, era una iniciativa de ley, que desde entonces fue enviada al Congreso —sin que hasta ahora se reporte algún avance legislativo— contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Dicha iniciativa, establecía que la federación podría asumir el control de los servicios municipales, o disolver un ayuntamiento cuando existieran indicios que la autoridad municipal estuviera involucrada, o cooptada, por la delincuencia organizada.
Desde el inicio, éstas dos medidas fueron muy cuestionadas. La relacionada con la posibilidad de que la federación asumiera el control de un Ayuntamiento cuando se comprobara que la autoridad municipal tuviera vínculos con la delincuencia organizada, porque parecía que el gobierno federal pretendía pasar por encima de los procedimientos ordinarios establecidos para el control recíproco de los ámbitos de gobierno —la desaparición de Ayuntamientos, que es una atribución de los congresos locales—, sin siquiera haberlos puesto en marcha.
Además, en ese intento terminaba desacreditando a la autoridad federal, que es la que ha fallado de extremo a extremo en el ejercicio de sus atribuciones relacionadas con el combate a la delincuencia organizada, y su penetración no sólo en las autoridades de muchísimos municipios del país, sino con toda la población. Vale la pena entender este asunto en una perspectiva amplia.
En primer término, el Presidente anunció una iniciativa de ley que, como lo apuntamos en líneas anteriores, buscaría o tomar el control de los servicios municipales, o desaparecer un Ayuntamiento, frente a indicios de que existen nexos con la delincuencia organizada. Eso pudiera sonar bien. El problema es que para una y otra posibilidad ya existen mecanismos establecidos en leyes vigentes, que son desacreditados por el gobierno federal sin antes haberlos puesto a prueba.
En este sentido, sólo hay dos caminos posibles para que pudiera ser funcional la ley contra la infiltración de autoridades municipales que propone el Presidente, para tener el efecto de asumir los servicios públicos o desaparecer un Ayuntamiento. El primero de esos caminos, es que el procedimiento de esa norma pase por la desaparición de poderes establecida en las Constituciones locales (lo que no sólo no facilitaría el proceso, sino que le pondría más trabas, haciéndolo más largo y complejo). Y el segundo, es que el gobierno federal decrete la eliminación o modificación de las facultades que tienen los Congresos locales para desaparecer los Ayuntamientos, lo cual sería la antesala para el establecimiento de un Estado unitario, y la disolución del federalismo mexicano.
LOS MUNICIPIOS NO SE AYUDAN
Hay un problema, que es grave: si el gobierno federal asumió de inicio que la seguridad pública en los ayuntamientos del país era un fracaso, y que por eso debía desaparecer, hoy parece que muchos municipios del país le están dando la razón gracias a la existencia testimonial de sus policías municipales, o a la persistencia de vicios que no ayudan al fortalecimiento o la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad pública.
En Oaxaca tenemos varios ejemplos. Uno bien podría ser Santa Lucía del Camino, que no se conformó con tener una Policía Municipal cuya única característica conocida son los abusos que permanentemente comete en contra de la ciudadanía, y el señalamiento de que más bien parece la seguridad de los giros negros que de la población. Lejos de eso, el edil Galdino Huerta creó una Policía Vial que sólo sirve para molestar a la ciudadanía, y para hacerla blanco de abiertas extorsiones, de multas estratosféricas, y de abusos con supuestos operativos que más bien parecen redadas, sin que hasta ahora se le conozca labor alguna con el “control de las vialidades” para el que se supone que fue creada.
Otro ejemplo debiéramos verlo en los hechos recientes ocurridos en San Lorenzo Cacaotepec, cuando hace algunas semanas la población intentó linchar a dos presuntos robachicos. Ahí, la población rebasó con toda facilidad a una corporación municipal que no ha sido eficaz en ser una forma de seguridad comunitaria, y que tampoco ha podido integrarse como una verdadera corporación policiaca. Son conocidas las imágenes de patrullas haciendo todo tipo de labores, menos las de seguridad, o de elementos de la policía extraídos de la población para cumplir un sistema de cargos pero no con bases sólidas relacionadas con la seguridad pública.
FRACASO
Esto termina dándole la razón, quizá involuntariamente, al gobierno federal, que quiere desaparecer a las corporaciones para crear una sola policía estatal en cada entidad federativa. Y es que no se trata de insistir en que se mantengan policías inoperantes, sino en que ésta fuera una oportunidad para que los propios ayuntamientos repensaran sus corporaciones e hicieran algo por mejorar.
