+ Por atentados en Francia, mirada internacional revira hacia México
En México hay una lista larga de acciones perpetradas por la delincuencia organizada, que mañosamente sociedad y gobierno han presentado como “ajustes de cuentas” entre bandas criminales, y no como acciones de terrorismo o cuando menos como cuestiones dramáticas que debieran consternar y alarmar al Estado en su conjunto. Hoy que los atentados terroristas en París ponen de nuevo en la perspectiva internacional los horrores del terrorismo, irremediablemente esa atención tiene un eco claro en nuestro país por la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por diversos hechos que —aunque no nos guste— son de alguna forma equiparables a lo ocurrido el viernes pasado en la llamada Ciudad Luz.
En efecto, hoy que las coberturas informativas de medios mexicanos están presentes ante la tragedia de los parisinos, las referencias hacia lo que ocurre en nuestro país han sido insistentes. Académicos, periodistas y analistas de diversas naciones, han puntualizado en entrevistas con la televisión o la prensa mexicana en Europa, que los hechos del viernes 13 en París de alguna manera son comparables con los hechos de Iguala, en septiembre del año pasado.
¿La razón? Que la de los normalistas de Ayotzinapa también fue una masacre; también fueron jóvenes los ejecutados; también fue en una acción premeditada; y también tenía por objeto aterrorizar y “dar una lección” a la población y al Estado sobre el poder de fuego de quienes lo perpetraron. En ese sentido, los franceses tienen muy claro que dichos ataques fueron, además del acto terrorista que fue en sí, un atentado directo contra su juventud, contra su tranquilidad y contra la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de los flagelos que los amenazan. ¿No es esta la misma situación que ocurre en México?
Frente a esto, es evidente que el concepto conocido de terrorismo evoluciona. Según el diccionario, el terrorismo es la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Esto es lo que ha ocurrido históricamente con grupos subversivos o separatistas que buscan lastimar al Estado por medio de sus ciudadanos. Es lo que han hecho diversos grupos en países como Colombia o España, y más recientemente en Estados Unidos con Al Qaeda, o los hechos del viernes pasado a manos deISIS en contra de Francia.
No obstante, debemos asumir que al acuñar ese concepto no existían las amenazas actuales de los grupos criminales en contra no sólo del Estado, sino de la ciudadanía en general. Si lo vemos en la lógica de los fines, es evidente que, en la actualidad, los grupos criminales en México no sólo buscan proteger sus negocios, sus territorios o sus redes financieras, sino que en muchos casos también buscan establecer un clima de terror para que, en medio de él, ellos puedan ya no nada más traficar o vender drogas, sino establecer un dominio sobre la generalidad de la población.
Es decir, que ellos también persiguen la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. La diferencia es que inicialmente su objetivo no era político, pero llegó a serlo en la medida en que se dieron cuenta que ese control político era necesario para la consecución de sus fines.
REPENSAR A
NUESTROS DESAPARECIDOS
No es nuevo el señalamiento de que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional clara y concreta por la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. La tiene porque en esa operación hay indicios claros de la participación de agentes del Estado, en las personas de los elementos de las corporaciones policiacas de Iguala y Cocula, que capturaron y entregaron a los jóvenes normalistas a los criminales, quienes los habrían ejecutado o desaparecido a partir de entonces. Sin muchos rodeos, esa conducta configura el delito de lesa humanidad tipificado como desaparición forzada de personas.
El reconocimiento de esa responsabilidad internacional, es sólo cuestión de tiempo. No obstante, junto a eso hay otros hechos que nunca motivaron ninguna indignación de la ciudadanía en México o el extranjero, y que son igual de graves y relevantes que la detención de los normalistas, ya no como un asunto de “ajustes de cuentas” entre bandas criminales sino como hechos directamente enfocados a personas que nada tenían que ver con la lucha entre cárteles, o entre éstos y el Estado, y que de todos modos fueron blanco de ataques.
Repasemos —como lo hacía Ciro Gómez Leyva ayer en su columna de El Universal—algunos de los muchos hechos que debieran también indignarnos: el coche bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010. O el asesinato de los muchachos de Villas de Salvárcar. O las ráfagas en los bares de la comarca lagunera. Podría preguntarse qué fue la masacre de migrantes en Tamaulipas, o la reacción en Tabasco de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva después de que la Marina lo mató en Cuernavaca; o los cadáveres arrojados en La Marquesa o en la periferia de Mérida o en el bulevar comercial de Boca del Río; o las balaceras a un lado de las escuelas de Reynosa, Matamoros, Tijuana, en fin. Pero hechos masivos para matar a terceros serían Morelia y el Casino Royale.
Al final, lo que debemos considerar es que el terrorismo ya no es sólo un asunto exclusivo de las naciones desarrolladas cuando sus minorías deciden enfrentarlo; o una cuestión ajena a nuestro país. El terrorismo finalmente se manifiesta por sus fines, y en eso debemos considerar seriamente lo que ocurre en México. No se trata de no indignarse por los hechos del viernes 13 en París, sino de reconocer que así como allá hay acontecimientos abominables, en México también enfrentamos una amenaza real a la seguridad de todos, a la que no le hemos querido dar la importancia y la relevancia que en realidad debiera tener.
UN “AVISO”
Ayer una nota de El Universal (http://eluni.mx/1H6bI5b) revelaba que la Policía Federal le debe a hoteleros de varios estados del país, una cifra superior a los 563 millones de pesos, desde 2014, por concepto de alojamiento de sus elementos al ser enviados a operativos en zonas donde no tienen instalaciones. ¿Será esto un aviso para quienes, en Oaxaca, están felices por el “turismo policiaco” que hoy florece en la entidad?
