+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Para sobrevivir, la Sección 22 debía cambiar su estrategia de lucha

Date:

SXXII

+ La agenda magisterial está abultada, pero insistían sólo en necedades


Es trascendental la primera reunión formal sostenida entre la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, y funcionarios del IEEPO. Lo es en el ámbito político, porque ello significa el reconocimiento tácito y expreso de la nueva autoridad educativa por parte del ala más dura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación… pero lo es más porque la agenda magisterial está rebasada de temas que no podían ser abordados por la estéril resistencia magisterial a dialogar, en términos prácticos, con la autoridad educativa.

En efecto, ayer mediante un comunicado se informaba que la Sección 22 había “cedido” a su postura de presión y reconoció como autoridad educativa en el estado al llamado “nuevo IEEPO”. El gobierno de Oaxaca confirmó la reunión con la autoridad educativa y la dirigencia sindical, en la que entregaron una solicitud formal para la realización de una mesa de trabajo con las autoridades del organismo educativo.

Según el boletín, el director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, “recibió en sala José Vasconcelos del edificio central de ese instituto, al secretario general del gremio magisterial, Rubén Núñez Ginez, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión política, para entregar al funcionario un proyecto de agenda temática con planteamientos de interés gremial, para ser abordada en una eventual reunión de trabajo”.

El comunicado no se refería a algún planteamiento concreto, pero sí dejaba ver la posibilidad de la normalización paulatina de la relación gobierno-sindicato —al menos en lo que toca al ámbito estatal— y ello sería el preámbulo para la posible reanudación del diálogo con la Secretaría de Educación Pública que, para ello, puso como condiciones fundamentales al magisterio oaxaqueño que no condicionara el diálogo al trabajo en las aulas, y estableciera una agenda de trabajo específica para su desahogo sin que ello implicara la negociación de la implementación de la reforma educativa.

En ese sentido, a lo largo de todo el año 2015 hubo una postura radicalizada por parte de la Sección 22 del SNTE, en el sentido de exigir la abrogación de la reforma educativa federal, así como la inaplicación de todos los preceptos, modelos y evaluaciones relacionadas con el nuevo modelo educativo. Esa fue una de las grandes razones por las que la SEP le cerró completamente la puerta al diálogo con la Coordinadora, pero eso se convirtió en una especie de “olla de presión” que derivó en los enfrentamientos del año pasado ante la aplicación de la primera evaluación a los educadores.

Pues resulta que la aplicación de la primera evaluación requirió el desplazamiento de unos 10 mil elementos federales que vinieron a la capital oaxaqueña a resguardar la aplicación de dicho examen. Desde entonces, apuntábamos en este espacio que no sería posible, ni sostenible, si quiera pensar en la posibilidad de que, ante la falta de canales de diálogo, tuvieran que ser miles de elementos los que resguardaran cada una de las muchas evaluaciones que aún se deben evaluar.

Porque si algo queda claro —apuntábamos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado— es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa. Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores”.

AGENDA

En esos espacios educativos de decisión, es donde la Sección 22 ya tenía mucho, muchísimo terreno perdido, y era a lo que se tenía que abocar antes que seguir en su empecinamiento testarudo de exigir la abrogación de toda una reforma que no habría de ocurrir. Básicamente, lo necesario era que el sindicato demostrara que está preocupado por la realidad que enfrentan muchos de sus agremiados a los que, les guste o no, les está llegando el momento de enfrentarse a una evaluación que, por decirlo de algún modo, sigue estando muy lejos de ser el instrumento idóneo para medir las capacidades de los profesores.

De hecho, como lo apuntaba el investigador Ángel Díaz Barriga hace algunos meses (bit.ly/20fKL4h), entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

Esos son sólo algunos de los temas que se supone que la Sección 22 tendría que comenzar a debatir con la autoridad educativa. Ello sería la demostración de una organización gremial que asume su realidad, que pondera los planteamientos a futuro de sus representados, y que tiene interés en seguir adelante sin la perniciosa insistencia de ganar cada una de las batallas para ir a enfrentar las siguientes.

UNIDAD

Hoy se tiene programada la firma de un pacto de unidad entre los aspirantes del PRI a la candidatura a Gobernador que, bien lo sabemos, nadie va a respetar. Lamentablemente los polos dentro de ese partido son tan repelentes entre sí que no hay forma de una operación cicatriz real entre los que no sean los elegidos. A partir de hoy quedarán sólo cuatro o cinco días, máximo, para que se anuncie la decisión final. La moneda está en el aire. Nada más.

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