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Con la complicidad de los partidos políticos, el gobierno federal impulsó una reforma política recentralizadora que incluía tomar el control de todo el andamiaje institucional en materia electoral. La justificación de dicha decisión fue que como los poderes locales no habían sido capaces de regirse adecuadamente, y ajustarse a los parámetros democráticos, entonces la federación debía recuperar el control de la actividad electoral, como en los tiempos de la Comisión Federal Electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ahora ya no dependerían del gobierno sino del INE. El problema es que, como siempre, en la integración de los órganos electorales se volvieron a privilegiar las cuotas de partido. Y eso tiene hoy en jaque al Tribunal Estatal Electoral en su nueva conformación.
En efecto, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ha sido parámetro de la crisis política que se vive en la entidad por el desinterés en la integración adecuada de las instituciones electorales. Cuando en 2014 se consolidó la reforma política nacional (la que transformó al IFE en Instituto “Nacional Electoral”, y que decretó la reabsorción de todas las funciones electorales al nuevo ámbito nacional, que no es sino la federalización de lo “nacional”) hubo mucha inquietud sobre lo que pasaría con las instituciones que antes dependían del gobierno estatal.
El primero que fue tomado fue el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que desde antes de 2015 fue tomado por el INE y reintegrado de forma tal que se veía a todas luces la injerencia del entonces representante del PRI ante el Consejo General del INE. Era el oaxaqueño José Antonio Hernández Fraguas, que en un proceso ampliamente cuestionado, repartió la integración del Consejo General del IEEPCO-OPLE entre algunas fuerzas políticas, y colocó en la Presidencia a uno de sus incondicionales, desconsiderando el mandato constitucional que determinaba que los nuevos funcionarios electorales debían regirse por principios y no por cuotas o partidismos. Todos se brincaron ese aspecto fundamental de la nueva ley, y reintegraron a su modo el Instituto electoral local ahora bajo la tutela del INE.
En ese sentido, cuando el INE trató de intervenir en la integración del Tribunal Estatal Electoral, el Poder Judicial de Oaxaca, en combinación con el Congreso local, intervinieron argumentando que no era posible su reintegración habida cuenta de que en Oaxaca no habría proceso electoral en el año 2015. Eso frenó por varios meses la reintegración del órgano electoral, hasta el momento en que se vencía el término establecido en la legislación federal por el inicio del proceso electoral estatal ordinario de 2016 en la entidad.
En ese umbral ocurrieron varias cosas: el Congreso local legisló al vapor la reforma electoral local que armonizaba el marco jurídico estatal con la legislación federal, provocando varias acciones de inconstitucional de los partidos que se habían sentido excluidos en dicha reforma. En octubre del año pasado dichos recursos fueron resueltos determinando la Suprema Corte de Justicia que prácticamente toda la reforma política local debía rehacerse. Por eso declaró la inconstitucionalidad de varios de los decretos emitidos al respecto.
El Congreso ya no pudo hacer nada dada la imposibilidad establecida en la Constitución federal, la cual dice que no pueden realizarse reformas a la legislación electoral al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Así, para entonces el proceso electoral estaba a punto de iniciar y aunque el Congreso enmendara sus yerros, sus reformas no podrían regir estas elecciones. En ese marco, el Poder Judicial intentó frenar al Senado en su intento por intervenir al órgano jurisdiccional en materia electoral, para reintegrarlo, argumentando que como no había legislación local aplicable no podría intervenirse al tribunal de la materia.
El Senado no le dio la razón al Congreso en dicho argumento, y de todos modos decretó la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y el surgimiento del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Aunque hubo expectativa en su integración, todo terminó en lo mismo: de los tres magistrados que lo integran, cada posición le fue entregada a los tres principales partidos políticos.
Una vez ocurrido eso, todos se volvieron a olvidar de dicho órgano. Y el resultado es esta vergonzante trifulca, en la que en el centro de todo está la decisión sobre los recursos económicos de dicho tribunal, y el control político que insisten en tener los partidos de las instituciones electorales, como si ello fuera garantía de triunfo en los procesos electorales.
UN DESORDEN
Hace años, cuando el Tribunal Electoral era autónomo, su integración era una burla porque ésta la definía el Gobernador teniendo como comparsa al Congreso local. Luego, cuando en 2011 esto cambió, y el Tribunal pasó a manos del Poder Judicial del Estado, el control sólo cambió de manos: quien definió la integración fue, en un primer momento, el Presidente del Tribunal, luego las fracciones del Congreso local, y finalmente algunos alfiles del Gobernador del Estado. ¿Y ahora?
Ahora hay un descontrol evidente que se está reflejando en la inestabilidad del Tribunal Electoral. El Estado no está contento con el hecho de que deba financiar un tribunal que formalmente ya no está en sus manos; el INE tiene tantos problemas que no parece estar preocupado por el control político de una de sus pequeñas extensiones en un estado que no le merece la mayor preocupación (a pesar de los evidentes problemas que presenta, comenzando por el hecho de que no hay leyes electorales acordes con los tiempos que se viven).
Y por eso hay una pelea abierta por definir quién tiene el control de los recursos, de la titularidad y del “control” del Tribunal, en estos tiempos en los que la nueva autonomía está demostrando que las instituciones no distan mucho de esa figura de menores de edad por la que fueron relevados por la federación (para nada) en sus responsabilidades.
¿NUEVA MATERIA?
En el Tribunal Superior de Justicia se preguntan qué harán los seis magistrados que dejaron el Tribunal Electoral, y se reincorporaron al Poder Judicial local, pero sin funciones, ni sala, ni integración. En broma señalan que van a crear una nueva materia judicial para que tengan qué hacer: la materia gris, dicen.
