En extinción, que políticos usen discrecionalmente nuestros datos personales

Celulares

+ Transparencia y protección de datos deben alcanzar a partidos políticos


A muchos ciudadanos nos resulta molesto —y hasta lesivo— que en tiempos electorales, reiteradamente seamos blanco de actos abiertos o disfrazados de campaña, de personajes a los que nunca les ofrecimos alguno de nuestros datos personales para que nos hicieran llegar información de sus actividades, encuestas o “noticias”, que no son sino una burda máscara de sus aspiraciones políticas. Este es uno de los muchos problemas de lagunas legales que actualmente enfrentan las autoridades que regulan a los partidos, y los procesos electorales, pero que debe ser abordado con toda seriedad para evitar que continúen los abusos.

En efecto, personajes como los candidatos a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, y otros que ni siquiera tienen en la actualidad un derrotero definido dentro de la competencia electoral en Oaxaca —como Hugo Jarquín, Luis Alfonso Silva Romo, o Alberto Benítez Tiburcio, entre otros—, han recurrido reiteradamente a la contratación de empresas que utilizan números telefónicos o direcciones de correo electrónico de ciudadanos de un determinado ámbito territorial, para enviarle correos, realizar llamadas telefónicas, o enviar mensajes de texto y hasta de mensajería como whatsapp, en la que “informan” sobre alguna cuestión relacionada con dicho personaje.

Esta situación resulta particularmente molesta no sólo por el contenido mismo del mensaje, sino incluso por su origen e intención. Luis Alfonso Silva Romo, por ejemplo, contrató un servicio en el que a través de un mensaje de texto (SMS, como se conoce popularmente) primero envió una encuesta en la que se invitaba al ciudadano a responder cuál de los problemas propuestos era prioridad de atención.

Al margen de si se respondía o no, algunos días después envió otro en el que ofrecía los supuestos resultados de la pretendida encuesta. Lo más ofensivo para el sentido común de cualquier ciudadano era que el personaje aludido “prometía” también atender no sólo el asunto que, según su encuesta, era el prioritario, sino los tres. Esa “disposición” hacía inútil la realización de una encuesta (falsa), en la que los temas habían sido propuestos por el artífice de la misma, y porque de todos modos no había un derrotero o agenda apegada a la opinión del ciudadano, al ofrecer atender “todos” esos asuntos.

En otro ejercicio, Hugo Jarquín contrató un servicio de llamadas telefónicas en la que una persona —de un número telefónico registrado en Brasil— ofrecía “informar” al ciudadano, sobre las acciones y el trabajo del susodicho, “a favor de los oaxaqueños”. Estefan y Robles optaron en diversos momentos en disfrazar de “mensajes informativos” su necesidad de que la gente ubicara sus nombres, como preámbulo o contexto de algún acontecimiento importante, encuesta o decisión de su partido.

En el fondo, lo que queda al ciudadano en general, es la duda, el enojo y la inconformidad de que varios de sus datos personales (nombre, dirección física o electrónica, o sus números telefónicos fijos o móviles) se encuentren en manos de empresas que no se identifican, y sean utilizados para fines sobre los que obtuvieron un consentimiento bajo algún tipo de engaño, o que definitivamente se hacen al margen de cualquier regulación legal o consentimiento del particular.

¿QUIÉN REGULA?

Esta es una duda razonable hasta para quienes tienen algún tipo de conocimiento jurídico en general, e incluso relacionado con el tema. Pues al parecer, las llamadas o mensajes desde call centers a favor de un candidato o partido, son un acto que en la actualidad escapa a la regulación tanto de las autoridades electorales, como de quienes tienen encomendada la protección de los datos de las personas.

En ese sentido, el término “datos personales” se refiere a toda aquella información relativa al individuo que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Además de ello, los datos personales también describen aspectos más sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros. Esta definición es de la Ley estatal de Datos Personales.

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución federal establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley…”. No obstante, la pregunta de fondo es: ¿Quién regula el uso de esos datos?

A simple vista, queda claro que esa es tarea de los llamados “órganos garantes de la transparencia” que, entre sus funciones, también tienen la de la protección de los datos personales. Hay uno local, y otro nacional. En ese sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, actualmente es competente para regular este tipo de situaciones sólo en el caso de los entes públicos, o personas, empresas u organizaciones privadas que reciban recursos públicos.

En todos los demás casos, el competente es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ya que éste es quien tiene el deber de garantizar la protección de los datos personales en poder de particulares, según la Ley de protección de datos personales en poder de los particulares. El problema es que el INAI —antes IFAI— no tiene representaciones regionales o delegaciones estatales, lo que dificulta que un ciudadano pueda presentar algún tipo de recurso en contra de prácticas como las antes mencionadas.

EMPUJAR LAS REFORMAS

En el caso de Oaxaca, el IAIP que encabeza Francisco Álvarez, ha sido sensible a este tipo de señalamientos y por eso ha impulsado la colaboración con la autoridad electoral para regular lo mayor posible las actividades políticas en este periodo de campañas. Junto a esto, Álvarez ha sido insistente en concientizar a la ciudadanía sobre el permiso que otorgan —muchas veces por desconocimiento—, para el uso de sus datos a empresas, redes sociales, bancos, telefónicas, o al descargar aplicaciones en sus teléfonos móviles, y después les extraña el uso de los mismos en campañas o precampañas. Por ello, debe haber conciencias, pero también reformas, para que la autoridad regule eficazmente estas situaciones.

Candidaturas independientes: fueron hechas para no prosperar

Ind. Oax.

+ Financiamiento raquítico, una forma de mantenerlos sometidos


Los candidatos independientes se encuentran en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. El sistema político abrió el espectro a las candidaturas independientes, como una forma de frenar las críticas internacionales derivadas de la sentencia Castañeda versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ésta resolvió que el Estado mexicano debía abrir la posibilidad de que candidatos sin partido pudieran contender en los procesos electorales ordinarios. La apertura fue a medias porque, por diversas razones, la figura es inoperante. Y parece buscar la condena de los independientes o a la inanición, o a lo mal habido, para poder competir.

En efecto, en Oaxaca es muy probable que existan ocho candidatos a la gubernatura, de los cuales uno será por la vía independiente. El ciudadano Juan Manuel García López será candidato independiente, en un contexto de franca desigualdad frente a los candidatos de los partidos, derivada de la forma en que estructuralmente fue concebida la vía independiente, como mecanismo de participación en los asuntos políticos del país. Vale la pena revisar los altísimos requisitos que la ley y las instituciones electorales le exigen a quienes aspiran a un cargo público por la vía independiente, y la inequitativa forma de acceso a los medios y los recursos para llevar a cabo la labor proselitista que, se supone, es uno de los pilares para la renovación de la democracia representativa.

En ese sentido, el caso de Oaxaca es particular porque la Constitución local contempla la existencia de las candidaturas independientes para cargos públicos, pero por virtud de la resolución del cinco de octubre pasado, en el que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el contenido total del decreto 1290, publicado el nueve de julio de dos mil quince, en el tomo XCII, extra, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Esa situación obligó al Consejo General del IEEPCO a emitir un Acuerdo (IEEPCO-CG-23/2015) mediante el cual estableció los lineamientos generales para las candidaturas independientes.

En dicho acuerdo se establece, entre otras cosas, que para que un ciudadano pueda solicitar al Instituto que se le considere como aspirante, debe entregar la constancia de la constitución de una asociación civil con las mismas características de un partido político y que tenga ya una cuenta bancaria abierta, con esas mismas características equiparadas. Luego, dice el artículo 13 del anexo de dicho acuerdo que “una vez que el ciudadano interesado obtengan la calidad de aspirante podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña…”. Es decir, debe hacer una primera campaña, totalmente a ras de suelo, realizada con recursos propios, y sin acceso a ningún tipo de medio de información, para obtener el apoyo ciudadano que, valga decirlo, tampoco es fácil de lograr en el porcentaje que señala la ley.

En ese sentido, dice el artículo 16 del citado acuerdo que para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al estado de Oaxaca, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos trece de los veinticinco distritos; en ningún caso el porcentaje de la cédula de respaldo en los trece distritos electorales será menor al 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

¿Qué significa eso? Que, en términos sencillos, quien aspira a una candidatura independiente se enfrenta a un universo de electores potenciales de alrededor de dos millones 800 mil inscritos en el padrón electoral; que debe obtener, en total, unas 56 mil firmas de apoyo, pero que debe hacerlo en al menos 13 de los 25 distritos electorales y, además, que en cada uno de esos trece distritos debe obtener cuando menos el uno por ciento del apoyo ciudadano, en cada uno.

Es decir, para conseguir su candidatura, un ciudadano sin partido debe recorrer al menos la mitad del territorio estatal, y hacer una mini campaña en la que no puede incurrir en ninguno de los actos considerados como “anticipados de campaña”, pero en la que sí debe convencer a miles de personas para que le firmen sus cédulas de respaldo ciudadano.

CANDIDATURAS MENGUADAS

Existe otro Acuerdo del IEEPCO, en el que se establecen los montos de financiamiento público para las campañas que, para variar, también es increíblemente inequitativo frente a las posibilidades de financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos.

En ese sentido, se establece como punto de referencia de la propia ley, que un partido de nueva creación tiene derecho a recibir el dos por ciento del monto global que reciben los partidos para su financiamiento ordinario. En Oaxaca, se establece, dicho monto global es de $129,961,923.64 (ciento veintinueve millones novecientos sesenta y un mil novecientos veintitrés pesos 64/100). Por ende, a un partido de nuevo registro le corresponderían $2,599,238.46 (dos millones quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 46/100 M. N.). Y se establece que, según la Ley General de Partidos Políticos, a las candidaturas independientes se les destinaría la mitad del monto asignable a un partido de nueva creación. Por ende, a todos los candidatos independientes en el proceso electoral 2015-2016 (diputados locales, autoridades municipales y a gobernador) se les entregará el fabuloso monto total de $1,299,619.23 (un millón doscientos noventa y nueve mil seiscientos diecinueve pesos 23/100 M. N.) por concepto de gastos de campaña, el cual se debe dividir entre todos para sus actividades proselitistas.

CAMPAÑAS DE SALIVA

Juan Manuel García López tendrá, por ende, 432 mil 773 pesos para los sesenta días que duren sus actividades de campaña. Esto no tiene comparación con lo que gasta cualquier candidato en un solo mitin en cualquier día dentro o fuera del tiempo de campaña. Por eso decíamos ayer que, o los independientes hacen campañas testimoniales, u optan por venderle su alma al diablo para competirle a los candidatos de los partidos.

¿En Oaxaca nadie apuesta a la legitimidad democrática de los comicios?

Elecciones

+ Elección turbia, judicializada y confrontada, lo que los partidos alientan


Es preocupante que en Oaxaca tanto las fuerzas políticas, como sus candidatos y estrategas, apuesten en general a la judicialización del proceso electoral, como si eso lograra darles la ventaja que ellos mismos creen no poder conseguir en las urnas. En este momento en que el registro de candidatos a la gubernatura se cerró, y que sólo faltan días para que inicien las campañas, pensar en una campaña de legitimidad democrática debiera ser el factor real a conseguir, y no la judicialización y la turbiedad a la que todos parecen estar apostando.

En efecto, en Oaxaca hay un escenario lleno de particularidades que debe ser considerado en este tiempo de campañas que apenas inicia. Habrá al menos ocho candidatos a la gubernatura, en un espectro que implica varias cuestiones novedosas, complejas e incluso inestables. Por el bien del resultado electoral, ese escenario ya de por sí complicado, tanto los partidos como sus candidatos no deberían añadirle más turbiedad, aunque parece que esa es exactamente su apuesta. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos a algunos aspectos básicos que parecen tratar de someter, pero que desde la ciudadanía deben resaltarse por el bien de la afligida democracia, que a pesar de todo intenta subsistir en Oaxaca.

Uno. En Oaxaca hay un vacío legal, que parece ser el escenario propicio para una elección turbia. En realidad, hasta el momento todos los partidos y sus candidatos parecen apostar abiertamente al hecho mismo de que como no existe una legislación específica para regular el proceso electoral, ellos tratarán de buscar en tiempo real los límites de la ley y de la actuación de la autoridad electoral. Por eso hemos visto que sostenidamente han llevado a cabo actos flagrantemente violatorios de la ley, y sólo los han frenado en la medida en que la autoridad se ha tratado de imponer (con más fallas que aciertos) frente a la intención de buscarle el límite material a la ley.

Dos. En este proceso electoral conviven figuras de los dos sistemas electorales: el vigente pero carente de contenido legal; y el derogado, pero revivido por decisión de la Corte. Este es un problema mayor, ya que la resolución del 5 de octubre pasado por parte del pleno de la Suprema Corte dejó sin efectos una buena parte de la legislación secundaria en materia electoral, y obligó a que este proceso se lleve a cabo según muchas de las reglas del antiguo CIPPEEO, que se supone que había quedado abrogado por la emisión de la legislación secundaria de la reforma política. El resultado de todo eso, es que el viejo Código Electoral establece reglas básicas para la realización del proceso, pero hay muchas figuras constitucionales no reguladas, y que el Congreso local no permitió que el OPLE-IEEPCO reglamentara provisionalmente por considerar que ello invadía la facultad legislativa que es exclusiva de la Legislatura del Estado. Todos están parcialmente en lo correcto. Pero el problema es que en medio de todo eso queda una enorme laguna legal que será con el desarrollo del proceso se convertirá en la piedra angular de la anarquía, los excesos, y las situaciones de hecho que la autoridad electoral no podrá regular o castigar en el tiempo y la forma en que esto debería ocurrir normalmente.

APUESTA POR LA ILEGITIMIDAD

Tres. La autoridad electoral tiene, por ende, una ilegitimidad de origen que no debe ser ahondada. ¿Qué pasará cuando el IEEPCO intente ejercer, en sentido estricto, su papel de autoridad reguladora del proceso electoral? Lo primero que ocurrirá, casi en automático, es que los partidos y/o sus candidatos intentarán desacreditar las decisiones de la autoridad electoral (incluso de los tribunales) argumentando que no tienen las facultades completas como para imponer sanciones o de establecer ciertos parámetros de comportamiento que limiten su rango de actuación. Frente a ese posible intento, la apuesta ciudadana tendría que ser justamente por el reconocimiento de la legitimidad de la autoridad electoral, y no por convertirse en paleros de quienes, adrede, buscan establecer la duda de la ilegitimidad en ellos.

Cuatro. Los partidos apuestan, premeditadamente, a la impugnación de cada una de las etapas del proceso electoral, de las decisiones de la autoridad, e incluso de las resoluciones de los tribunales, como si ese fuera su factor de triunfo. A estas alturas, parece que nadie reconoce que los protagonistas de fondo en un proceso electoral son los ciudadanos. Por eso vemos que cada partido, toma acciones casi frente a cada movimiento que hacen sus adversarios electorales. Prácticamente todas las fuerzas políticas pretenden ganar en los tribunales lo que no parecen estar convencidos de hacer en las urnas. Y el problema es que una elección excesivamente judicializada y dirimida esencialmente en los tribunales, y no en las urnas, es por definición el preludio de un periodo de gobierno lleno de turbiedades y cuestionamientos que se vuelven conflictos de gobernabilidad inminentes.

Cinco. Otro aspecto relevante, es que habrá una enorme disparidad entre los candidatos. Esto no es culpa más que de los partidos y sus alianzas. Pero todo parece indicar que en Oaxaca los partidos seguirán una ruta similar a la de la pobreza: los partidos o coaliciones más grandes habrán de ensancharse, mientras que los partidos pequeños llevan una ruta franca a la desaparición. ¿A quién le perjudica esto? A la democracia representativa que, se supone, ha luchado por integrar la mayor cantidad de minorías posibles en aras de la pluralidad democrática. Esto corre un grave riesgo.

HAY UN INDEPENDIENTE

Hay un sexto aspecto relevante, dentro de esta lista que tiene muchos más puntos que los enumerados en esta entrega: En Oaxaca hay un candidato independiente, que hará campaña en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. Juan Manuel García López será candidato independiente a la gubernatura, en una abierta y abominable desventaja tanto de capacidad de movilización en las regiones del estado, como de financiamiento. ¿Qué un independiente está condenado a hacer un papel meramente testimonial, por no contar con la estructura y el dinero que sí tienen los partidos político o, en su defecto, venderle su alma al diablo (o al dinero mal habido) para librar una batalla más o menos equitativa con los partidos?

La sucesión en la UABJO ya comenzó judicializada

Martínez

+ Consejeros se amparan; van por Comisión Electoral


Uno de los problemas que ya enfrenta el grupo del rector Eduardo Martínez Helmes en la sucesión de Rector en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es el de la judicialización de dicho proceso. Uno de los varios grupos disidentes decidió arrancar este proceso sucesorio presentando un amparo en contra de la conformación de la Comisión Electoral. La elección de la próxima autoridad universitaria bien podría tener un destino aparejado al de dicha demanda de garantías.

En efecto, el ocho de marzo pasado el rector Helmes intentó realizar, a hurtadillas, una sesión extraordinaria del Consejo Universitario que tenía como punto fundamental la conformación de la Comisión Electoral que conduciría los trabajos rumbo a la renovación de la rectoría, que debe ocurrir en el mes de mayo. Dicha sesión fue reventada por alumnos de la escuela de Ciencias que reclamaban respeto a la elección de su director, pero también por un grupo importante de consejeros universitarios que no estaban conformes con la realización a modo de una sesión de Consejo, con la intención del Rector de que la Comisión Electoral estuviera conformada sólo por personas afines a su grupo político.

Aquella sesión reventada causó estupor entre la comunidad universitaria, que hacía ya varios lustros que no había visto un episodio como ese. Dicha sesión se llevó a cabo algunos días después pero ya con una fuerte presencia policiaca, en un auditorio resguardado por la fuerza pública estatal, y con una asistencia que nunca quedó claro si alcanzaba a ser la mínima necesaria como para que el Consejo Universitario pudiera llevar a cabo actos deliberativos y resolutivos. Rectoría dijo que tal sesión, llevada a cabo en la Escuela de Bellas Artes, sí cumplía con los requisitos legales. Sólo que en este periodo un grupo de consejeros universitarios presentó un amparo que puede ser decisivo para la comunidad universitaria en este convulsionado proceso.

En primer término, los más de cuarenta quejosos que presentaron dicha demanda de amparo —todos ellos integrantes del Consejo Universitario— reclaman a la justicia federal la protección en contra de los actos del rector Martínez Helmes, que pueden resumirse en tres puntos:  Primero, la falta de notificación y emplazamiento que se omitió hacerles de manera de manera personal y con las formalidades de Ley para concurrir a la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la UABJO, del que los quejosos son miembros, y que se llevó a cabo el día 11 de marzo a las 11:30 horas, en el edificio que ocupa la Facultad de Bellas Artes en esta ciudad.

Segundo, la ilegal integración que se hizo del H. Consejo Universitario de la UABJO el día 11 de marzo a las 11:30 horas, ya que ésta no se realizó con el quórum establecido en su Ley Orgánica, es decir con  los dos tercios del total de sus miembros tal como lo establecen los artículos 30 y 40 de la ley Orgánica de la UABJO. Y consecuentemente, como tercer punto a reclamar, la ilegal designación que hizo el H. Consejo Universitario de los miembros de la Comisión Electoral, sin haber sido integrado por lo menos con el Quórum establecido.

Ahora bien, los quejosos en esa demanda reclaman a la Comisión electoral, todos los actos posteriores que pretenda realizar, o que realice, la Comisión Electoral elegida ilegalmente como lo son: actualizar el padrón de miembros de la comunidad universitaria; difundir en todas las unidades académicas y administrativas el padrón electoral universitario; redactar la Convocatoria y difundir la misma para la Elección del Rector de la UABJO por el periodo del mes de mayo del 2016 al mes de mayo de 2020; la realización de elecciones por medio del voto universal y directo de todos los miembros de la UABJO para elegir rector de la misma para el periodo 2016-2020; y eventualmente hacer la toma de protesta de la persona que resulte electa para ser rector de la UABJO por el periodo citado, y cualquier otro acto que pretenda realizar el Comisión Electoral con base en su ilegal designación.

LEGALIDAD EN ENTREDICHO

Básicamente, los quejosos en dicha demanda de amparo alegan ser consejeros universitarios y que por lo tanto debieron ser convocados para estar presentes en la Sesión Extraordinaria convocada por el Rector para celebrarse el día 11 de marzo del presente año, “sin embargo —alegan en el escrito de demanda, de la que esta columna tiene copia— nos enteramos de esta sesión que se celebró en el Edificio de la Escuela de Bellas Artes ubicada en el lugar bien conocido a un costado de la Plaza de la Danza a puerta cerrada y con una vigilancia policiaca el día y hora antes indicada, sesión que nos enteramos de su realización por los medios informativos impresos y/o electrónicos que se conocen en nuestra ciudad, es decir en ningún momento fuimos notificados de manera personal y formal de la celebración de esta sesión”.

Asimismo señalan que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la mencionada Universidad, el Quórum necesario requerido para la validez de las determinaciones o acuerdos del Consejo Universitario, debe integrarse con la presencia de las dos terceras pates del total de sus integrantes, y que la sesión que se llevó a cabo el día 11 de marzo que se impugna “no se integró con este mínimo de las dos terceras partes como lo demostramos entre otras formas con la firma de esta demanda de amparo de más de cuarenta consejeros universitarios que somos prácticamente la mitad de los miembros del consejo universitario que no asistimos a la sesión que se impugna por no haber sido notificados y citados a la misma”.

¿Qué buscan con esta acción? Que el juzgado federal que conozca de dicha demanda entre a la revisión de la forma en que se llevó a cabo dicha sesión extraordinaria del Consejo Universitario, y desde esa perspectiva lleve a cabo un control de legalidad y constitucionalidad para evitar que existan actos posteriores, que lleven a la consumación de los que ellos reclaman.

EMPECINAMIENTO

Al final, nada de esto estaría ocurriendo si el ánimo del rector Martínez no fuera el de seguir pisoteando y ninguneando a los grupos internos de la Universidad, con acciones que tienen todos los elementos de un claro y certero albazo. De prosperar dicha demanda de amparo obligará a la reposición de todos los actos relacionados con el proceso electoral universitario. No había necesidad de tal turbiedad. Pero tal parece que los Martínez simplemente no entienden razones.

Aunque no haya armonización estatal, la Corte debe dictar pautas

SCJN

+ Congreso adecuará legislación educativa aunque no haya castigo


Es inminente el vencimiento del plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Oaxaca para la armonización de las normas locales en materia educativa. A estas alturas, aún no hay certeza de que eso vaya a ocurrir. Por eso, al margen de cualquier vaivén local, lo que debería ocurrir es una intervención federal más decidida para dar contenido a las lagunas que existen por la ausencia de una ley estatal de educación acorde con la nueva legislación federal.

En efecto, en septiembre del año pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso del Estado de Oaxaca y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, contaban con un plazo perentorio de seis meses para armonizar la Constitución local y sus leyes secundarias con lo que establece la reforma educativa en materia de evaluación docente. En aquel momento, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca han sido omisos en cambiar sus leyes locales por un año y medio.

Asimismo, el Pleno de la Corte explicó que aun cuando el Gobernador de Oaxaca intentó deslindarse de la omisión legislativa en la que incurría el Estado de Oaxaca, argumentando que él entregó una iniciativa de reforma en la materia, su responsabilidad en el proceso concluye hasta que la nueva ley se promulgue, lo que no ha sucedido en el caso de la reforma educativa. Por lo anterior, los ministros concluyeron que la omisión es responsabilidad del Congreso de Oaxaca y del Poder Ejecutivo local, por lo que ordenaron a ambos poderes que en el próximo periodo ordinario de sesiones aprueben, publiquen y promulguen nuevas leyes estatales en materia de educación.

Si tomamos en cuenta que dicha resolución fue dictada por el pleno de la Corte el 29 de septiembre del año pasado, y que en él se estableció un periodo de seis meses para dicha armonización, entonces dicho plazo vencería la semana próxima, el 29 de marzo. Incluso, si se toma en cuenta una interpretación extensiva del plazo otorgado por el Alto Tribunal al Congreso y el Ejecutivo del Estado, entonces éste vencería el 15 de abril, junto con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de la LXII Legislatura local.

Frente a esto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo ayer que la Ley Estatal de Educación que se apruebe en el Congreso del Estado para cumplir con el mandato de la Corte, tendrá que ser armonizada con la Reforma Educativa, toda vez que no pueden ir en contra de la Constitución. Aseguró que desde un inicio dejó en claro a las y los maestros de los Sección 22 del SNTE que no se puede aprobar una ley anticonstitucional. De hacerlo, manifestó, los legisladores locales serían sujetos a juicio político para desaforarlos e incluso podrían ir a la cárcel, “eso ya lo saben y están conscientes (…) “Yo siempre fui claro con ellos (S-22), les dimos todas las facilidades del ejercicio democrático para una iniciativa de ley, yo fui claro de que se tenía que cuidar que no fuera inconstitucional porque la Suprema Corte podría señalar vicios”.

Y aunque de hecho parece que ahora sí hay conciencia tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la urgencia de emitir la legislación faltante, ello no significa ni que se vaya a aprobar una ley educativa en el plazo establecido por la Corte (es decir, antes de que finalice el actual periodo legislativo, que ha tenido más interrupciones que verdaderos momentos de trabajo), ni que su contenido vaya a ser ad hoc a las normas federales correlativas ya vigentes.

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

La posibilidad de una segunda controversia siempre estuvo vigente. Pues, de hecho, el Congreso local puede cumplir con el mandato de la Corte emitiendo una ley educativa, la que sea, independientemente de su contenido. La sentencia emitida en septiembre pasado lo que manda es a que se emita la norma. Por eso, una vez aprobada y publicada, el gobierno federal podría presentar una segunda controversia, ya no por la omisión legislativa —como en este caso— sino ahora sí en contra del contenido de la norma.

Esto plantea una posibilidad real a la que el Congreso local podría acudir para cumplir con la emisión de la ley pero sin romper su ominoso esquema de lealtad y sometimiento al magisterio oaxaqueño, ya que independientemente de lo que la Corte diga en sus sentencias, es imposible que lograra obligar al Congreso a emitir una legislación de contenidos específicos.

Ahora bien, el señalado anteriormente, es el camino lógico que seguiría una disputa abierta entre la Corte y los poderes locales, a los que técnicamente no podrá obligar a legislar, ya que el acto legislativo es, por naturaleza, colegiado y libre. ¿Qué podría hacer la Corte frente a ese límite de su actividad jurisdiccional, en lo que toca a los deberes de los estados de la república frente al federalismo constitucional? Podría optar por la vía, aceptada en otros sistemas jurídicos, de erigirse en una especie de “legislador sustituto”.

¿A qué nos referimos? A que el hecho de hacer una declaratoria de “omisión legislativa absoluta”, no sirve de nada. No arregla el problema existente ni es suficiente para obligar a dos poderes locales a hacer algo que no quieren o no han tenido condiciones para realizar. Entonces lo que quedaría es que, en virtud de las amplias facultades que le otorga a la Corte tanto el artículo 105 constitucional, como la ley reglamentaria de dicho numeral, para proveer lo que sea necesario para que se cumpla con lo que dispone la Constitución, podría emitir reglas provisionales y extraordinarias —dada la naturaleza del caso— en materia educativa estatal, para aplicarse en tanto el Congreso emite la norma y así evitar que el vacío legal siga generando consecuencias negativas para los dos órdenes de gobierno, y para los mismos trabajadores de la educación que en diversas situaciones deben estar en el limbo jurídico.

INTERVENCIÓN DE LA CORTE, ¿ANTIFEDERAL PERO NECESARIA?

Si la Corte y los poderes federales quieren de verdad contribuir a que haya un marco jurídico funcional para Oaxaca y la federación, entonces deben tomar medidas para subsanar, provisional o definitivamente, la omisión legislativa. Si lo que quieren es seguir utilizando a Oaxaca como piñata política, entonces optará por declarar la “omisión legislativa absoluta” y fijar plazos que de todos modos no tienen manera de hacer cumplir coercitivamente.

Benjamín emprende campaña de odio para hacerse notar

BenRobles

+ Con guerras intestinas, candidatos de izquierda se anulan


 

En las últimas semanas, el senador con licencia y candidato del PT a la gubernatura del Estado, Benjamín Robles Montoya, se ha dedicado a propalar no su propuesta de trabajo o la plataforma política que —según— lo respalda. Su intención, más bien, ha sido la de establecer una especie de campaña de odio en contra de sus adversarios políticos que, en el fondo, no es sino la continuación de la ruta que delineó desde hace meses de deslindarse y señalar al gobierno de Gabino Cué, como estrategia de campaña y de identificación con los electores. ¿Es esta la forma de hacer campaña que necesita Oaxaca?

En efecto, desde agosto del año pasado, Robles Montoya sorprendió cuando inusitadamente anunció que presentaría denuncias ante la Procuraduría General de la República en contra de Jorge Castillo, a quien dijo que acusaría de tráfico de influencias. Robles dijo en aquel momento tener las pruebas necesarias de los actos de corrupción como el desvío de recursos del programa de cocinas comunitarias, la compra de propiedades en Estados Unidos y las acusaciones de empresarios mexicanos sobre las “mordidas” que exigiría Castillo Díaz para poder trabajar en Oaxaca. ¿Qué buscaba en realidad?

Robles, evidentemente, no buscaba un acto de justicia en sí mismo, sino más bien establecer una ruta de campaña en la que, según sus cálculos, pudiera no sólo alimentar sus activos políticos denunciando la corrupción y dándose nuevos baños de pureza respecto al ejercicio público, sino que también buscaba con esa primera acción “captar” —según su estrategia— a todas las personas que estaban cansadas de la corrupción en el sector público, y que por tanto se sentirían identificadas con alguien “valiente” y dispuesto a denunciar los actos y a las personas que incurrían en esas prácticas.

Dicha estrategia, funcionó en la medida en que Robles pudo captar la atención de los medios y de algunos sectores de la sociedad con dichas denuncias. Lo que nunca aceptó, es que esas denuncias tendrían un irremediable efecto bumerang que nunca quiso y pudo atender: el de todos aquellos que, aún denunciando la corrupción, lo ubicaron como un traidor al régimen que lo había encumbrado como Senador de la República. Ese fue un daño colateral que Robles no quiso enfrentar, y más bien decidió seguir adelante en su idea de deslindarse del grupo político al que él mismo perteneció pero que ya veía que no le abriría la puerta de la candidatura a Gobernador.

Así, lo que pasó es lo que hemos visto en los meses recientes: Robles marcó una primera ruta en la construcción de una candidatura independiente a través de su red de organizaciones sociales “Unir Oaxaca”; luego fue convencido de participar en el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, en el que finalmente fue vencido por un Consejo Estatal incondicional del grupo gobernante; y finalmente anunció su candidatura a Gobernador con la escisión del Partido del Trabajo, y su postulación a través de esa y otras fuerzas políticas. Habríamos pensado que con eso se habría dado por satisfecho. Pero no.

Hace unos días, Robles nuevamente arremetió contra el perredismo y el grupo que lo respalda, con una rudeza pocas veces vista en una campaña proselitista. Al responder un video fabricado por sus adversarios, y dado a conocer en redes sociales, en el que se le hacen varias acusaciones —todas, naturales dentro de un proceso electoral— éste respondió amenazando directamente al Gobernador. Lo llamó, por ejemplo, a “no estar tranquilo”, a que “cuente las horas” y, en esencia, a un abierto ajuste de cuentas como si esto fuera un asunto personal, y no política.

¿EL ODIO COMO ESTRATEGIA?

A estas alturas, ya existe una preocupación genuina por corroborar si de verdad esta forma de Robles Montoya de hacer política, es una forma establecida en una estrategia con un derrotero definido, o si es el reflejo de una serie de conductas personales que se intentan imponer a un proyecto de trabajo. En cualquiera de los dos casos, parece que la única “salvedad posible” —y eso, en términos por demás relativos— podría estar en que todo esto fuera parte de una “estrategia política”, aunque finalmente salta a la vista la peligrosidad de jugar con el rencor como estrategia de campaña.

Pues en el fondo, lo que cada vez queda más claro es que, primero, Robles Montoya hoy en día busca ganar terreno no a través de la victimización frente a sus adversarios del PRD, sino ante el enfrentamiento abierto por el resultado del proceso interno perredista y la ruptura de la coalición PAN-PRD-PT; y segundo, que esa estrategia lo está poniendo en la peligrosa situación ya de no poder establecer otra ruta de discurso y de campaña, que no sea la de la revancha en contra de quienes —en su lógica— lo despojaron de una candidatura que le pertenecía.

Frente a todo eso, tendrá que enfrentarse con una variable que quién sabe qué tan medida tenga en realidad, más allá de las percepciones: cuántos oaxaqueños, en cada una de las regiones del estado, se encuentra verdaderamente inconforme y harta de los actos de corrupción que él se ha encargado de denunciar.

Es evidente que en las zonas urbanas —como cada seis años— el gobierno saliente enfrenta un proceso de agotamiento casi natural, y que hoy en día a todos los gobiernos se les acusa de corrupción como estrategia política, hayan o no incurrido en ella; pero sobre lo que no hay certeza es qué tanto el votante natural sabía y estaba consciente de los actos de corrupción que Robles Montoya ha denunciado, o si este ha sido un discurso en el que él mismo es quien les ha llevado la “noticia” de algo que en las comunidades rurales no conocían o percibían en la magnitud que denuncia Robles.

CLAROSCUROS

En el fondo, hay otras certezas que no ayudan a Robles. En el imaginario colectivo, la idea que ronda es que la división de las fuerzas de izquierda va a terminar por anularlas; que al impregnarse demasiado de sus propias venganzas, Robles quedará irremediablemente contaminado por ellas; y finalmente tampoco le ayuda la acusación mutua con José Antonio Estefan Garfias, de que cualquiera de los dos, o ambos, fungen como arietes del PRI en esta campaña proselitista. Así, no puede haber triunfo cuando la apuesta es por el encono y la derrota.