+ En pragmatismo, no es tan malo construir “un cochinero”
En este último tramo de la campaña, y de cara a la jornada electoral, los ciudadanos vemos con cierto asombro cómo algunos partidos están preparando varios escenarios alternos al del resultado electoral. Uno de los que preparan —y lo anuncian— es el de la judicialización del resultados electoral; pero hay otros que ya piensan en organizar un cochinero para apostarle a entrampar la elección. Debe haber mucha atención frente a esos signos alarmantes y amenazadores para nuestra incipiente democracia.
En efecto, entramos ya en el último trecho del proceso electoral. El próximo 1 de junio —dentro de sólo seis días— terminarán las campañas, y vendrá el periodo de veda que no es sino la antesala de la jornada electoral. Siendo esto inminente, llama mucho la atención cómo desde el propio sistema de partidos se están comenzando a elaborar las líneas discursivas que escucharemos en las semanas siguientes, y que tienen que ver con las denuncias de abusos, de utilización indebida de todo tipo de recursos, y de intervenciones indebidas del sector público en las campañas y a favor de tal o cual candidato. Esta perspectiva no es fortuita: más bien, tiene que ver con la posible preparación del enrarecimiento postelectoral.
Pues resulta que para cualquier ciudadano medianamente interesado en cómo se han desarrollado las campañas electorales, es evidente que —de nuevo— los partidos están rasando los límites de la legalidad en el desarrollo de sus campañas pero que, todos, ya pasaron desde hace mucho tiempo todos los umbrales de la legitimidad política. Los hechos de los últimos días así lo demuestran: hay una guerra feroz, descarnada e inhumana en redes sociales entre todos los candidatos; y, acaso como nunca, unos y otros han echado mano de recursos tecnológicos para convertir en un auténtico chiquero, el estrecho contexto en el que la ciudadanía participa del proceso electoral… simplemente como espectadora.
Específicamente, estas campañas electorales han estado marcadas no por las propuestas y ya ni siquiera por el trabajo proselitista de los candidatos a distintos cargos de elección popular, sino que más bien ha estado inundada de ataques, de filtraciones de conversaciones telefónicas obtenidas y difundidas ilegalmente; todos los candidatos —cada uno según sus posibilidades— le ha apostado fuertemente a la promoción de campañas negras, al denuesto del adversario y a la demostración de cuán corrupto es el otro. En el fondo, más bien todos juntos han contribuido con denuedo a demostrar cuán impresentable es toda la política actual.
Empero, ese no es el problema, sino el escenario que le depara al proceso electoral. ¿Qué buscan? Al parecer, todos esos elementos son el preámbulo a la táctica que más de uno intentará. ¿Cuál? No la de ganar, sino de enturbiar la jornada electoral. ¿La intención? Lograr, en el mejor de los casos, la anulación del proceso electoral… y que no haya un ganador.
APUESTAS DE RIESGO
No es una buena noticia cuando los partidos políticos comienzan a hablar de la judicialización del proceso electoral. No es bueno, cuando hablan de eso en boca propia, o cuando lo denuncian del adversario. Al final de cuentas, toda judicialización implica el no reconocimiento del resultado electoral, la inconformidad, y el riesgo —importante o no— de que pueda venirse abajo todo el proceso, con el resultado de la elección como “premio” principal.
Por ejemplo, el martes el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, estuvo en el Senado de la República para solicitar la intervención política de la Comisión Especial de Seguimiento de los Procesos Electorales, que presidente el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo. “Es una intervención política —reconoció Basave—, cuidando que las elecciones no se nos vayan a desbordar, ya hay muchos incidentes, eso es lo que vine a hacer y por eso hablé con el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Durango, Oaxaca, Veracruz, Quinta Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, son los que vemos como ‘focos rojos’, probablemente Zacatecas, también. Pero, tenemos ya muchos reportes y ya muchas denuncias en varios de estos estados”.
En esa misma lógica, hace dos días Santiago Creel afirmaba en Oaxaca que el PAN no le apuesta a alentar la judicializar; sin embargo, advirtió que en Acción Nacional no van a permitir que se burle un solo voto y “también estamos denunciando las intervenciones ilegales que ocurren a lo largo y ancho del país, particularmente la ocurrida en Oaxaca con una bodega llena de despensas porque todo eso ensucia la elección”.
En el bando contrario, están las declaraciones que han realizado en la Ciudad de México varios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en esa misma lógica. ¿Qué significa? Que al margen de quién lo protagonice, todos ven un “cochinero” inminente, del cual uno de ellos podría salir ganador al enturbiar el proceso, deslegitimar el resultado y, en el último de los casos, conseguir que se repita el proceso electoral. ¿Quién puede ser? Cualquiera. Lo importante —y terrible— es que los que perderíamos, por partida doble, seríamos los ciudadanos.
INSISTENTES
Los profesores de la Sección 22 que no dejan de buscar la posibilidad de una respuesta gubernamental a su paro —testimonial— de labores. Por eso han buscado cerrar carreteras, comercios y oficinas públicas. Buscan coronar su papel de grupo de presión, con el que participan en cada proceso electoral. Difícilmente, en este caso, lograrán su cometido.
