+ Ocupan mismo mecanismo con que URO exculpó a sus funcionarios
Mientras la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción chapalea en el fango legislativo federal, en Oaxaca pareciera que el grupo gobernante tiene prisa por comenzar a vacunar con impunidad a sus integrantes acusados de corrupción. A eso apunta la prisa por exonerar, a priori, a Germán Tenorio Vasconcelos, de cualquier quebranto cometido durante su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca. En realidad, están utilizando una vía muy parecida a la que el ulisimo ocupó para dejar tranquilos a varios de sus funcionarios.
En efecto, ayer TIEMPO daba a conocer que tanto la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como la propia Secretaría de Salud, emitieron sendos documentos a través de los cuales liberan de toda responsabilidad o faltante en la dependencia durante el tiempo en que fungió como Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.
En el primero de los documentos —de los cuales ayer daba cuenta este diario—, la Contraloría reconoce que sobre Tenorio Vasconcelos no existe ninguna inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de carácter estatal. Ello se refuerza con un segundo documento, emitido por Hugo Alberto Espinosa Morales, subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual hace constar que Tenorio Vasconcelos no tiene adeudo o faltante alguno relacionado con recursos financieros y patrimoniales durante el tiempo que ostentó los cargos antes descritos en los Servicios de Salud.
¿Qué indican estos dos documentos? La certeza jurídica —que no legitimidad— de que para el gobierno de Oaxaca, Tenorio no tendría responsabilidad alguna por la cual responder ante alguna instancia administrativa o judicial, de entrar su gestión a una verdadera revisión. Esto no significa que, en los meses o años siguientes, no se le pudiera iniciar algún procedimiento sancionador. Pero esos dos documentos sí son elementos importantes a su favor para establecer que, independientemente de cualquier revisión, a él ya se le habría liberado de responsabilidad por su desempeño como servidor público.
¿Qué intentan hacer? Algo muy parecido a lo que, en su momento, hizo el gobierno de Ulises Ruiz con la gran mayoría de los funcionarios de su administración, que manejaron recursos económicos sensibles y que, de una u otra forma, habrían podido tener un destino distinto al que originalmente le habría sido asignado.
En su momento, el gobierno de Ruiz, con la colaboración incluso de las instancias de fiscalización, habrían emitido documentos más o menos similares de reconocimiento de no adeudos o faltantes a favor de distintos funcionarios, con los que ya no hubo posibilidad de continuar los procedimientos administrativos en su contra por el supuesto “saqueo” que luego acusó Perla Woolrich como titular de la Contraloría estatal.
CON LA LEY A FAVOR
Respecto al enriquecimiento ilícito, el Código Penal establece sanciones importantes que, sin embargo, ni a los “saqueadores” de Ulises Ruiz se les pudo aplicar. ¿Qué dice? El artículo 217 bis A señala que comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, aumente su patrimonio, sin que pueda justificar la procedencia lícita del mismo, respecto de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
Incluso, como aparente señal de dureza, el precepto señala: “respecto de los bienes que se acredite que fueron obtenidos de manera ilícita, serán decomisados a favor del Estado y pasarán a formar parte del fondo para la procuración de justicia y administración de justicia por partes iguales”.
¿Cómo se le podría aplicar una sanción —necesaria, aunque surrealista— como ésta, a un funcionario como Germán Tenorio, sobre quien el Estado oaxaqueño ya no tiene ninguna presunción ni investigación en curso respecto a presuntas conductas indebidas en su desempeño como servidor público, y al que incluso ya le extendió documentos que materialmente le servirán como una especie de “finiquito” y de liberación de toda responsabilidad en su desempeño?
Todo esto cambiará cuando entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende establecer parámetros distintos, se supone que más estrictos, para revisar el desempeño de los servidores públicos, así como lo relacionado con la situación de su patrimonio.
El pequeño gran problema es que, como si todo esto fuera una gran burla para los ciudadanos, los partidos y los diputados —alentados por quienes se resisten a que este sistema tome forma y colme la demanda de los ciudadanos de no más impunidad frente a la corrupción—, la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción está verdaderamente atorada en las cámaras federales, y como ésta no existe, hasta ahora las entidades federativas tampoco tienen puntos de referencia para comenzar a delinear cómo serían sus propios sistemas estatales en la materia.
¿Al final qué queda? Impunidad por todos lados, y ex funcionarios felices porque no tendrán que rendir cuentas por su desempeño como servidores públicos.
¡REPRESIÓN!
Es lo que quisieran gritar los menguados profesores de la Sección 22 que aún protestan en Oaxaca. No lo tendrán. La —aparente— tolerancia excesiva que ayer les tuvo la Policía Federal es una muestra clara de ello. Buscan provocar y hacerse presentes de cara a los comicios del 5 de junio. Eso explica todo.
