+ Pueden hostigarlos, reconstituirlos o ahogarlos económicamente
Más allá del discurso, hay coordenadas sustantivas que darán la pauta de qué tan comprometido con la rendición de cuentas, y con los equilibrios democráticos, estará el gobierno que asumirá el 1 de diciembre. Los órganos constitucionalmente autónomos constituyen un moderno y creciente contrapeso al poder público, y por eso lo que decida la nueva administración sobre ellos —al margen de sus titulares— será trascendental como señal de compromiso con la democracia.
En efecto, en las últimas semanas se ha incrementado la expectativa sobre qué decidirá el nuevo régimen sobre los órganos constitucionalmente autónomos, a partir de la idea de que como los actuales titulares fueron impuestos por el régimen saliente, el nuevo gobierno buscará la reintegración de esas instituciones —el órgano de transparencia, la Auditoría, la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Comisión de Arbitraje Médico, que hábilmente ha procurado ser invisible en los últimos años— con personas afines al nuevo régimen. Esa idea no sólo es superficial sino también equivocada, porque si se supone que los órganos autónomos son contrapesos al poder público, resulta un contrasentido quitar a los “amigos” del régimen saliente, para imponer a los “amigos” del régimen entrante, y volver a minar la credibilidad y la legitimidad que tanto necesitan los gobiernos actualmente.
Más bien, en lo que la sociedad y la opinión pública deberían —deberíamos— estar más interesados es en los signos que lance el nuevo gobierno sobre las atribuciones, el presupuesto y los alcances de esos órganos autónomos para los siguientes años. Esto es mucho más importante que los titulares de los órganos, porque finalmente los limitados alcances que actualmente tienen esas instituciones no derivan de la fortaleza o debilidad de sus titulares, sino de las condiciones en que medio realizan su trabajo. ¿De qué hablamos?
De que, si revisamos uno por uno los órganos autónomos, podremos comprobar que sus limitaciones son estructurales y que el fondo de este asunto no está en quién encabece el órgano sino en qué alcances institucionales pueda tener cada uno de ellos. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido un problema de fondo —en gran medida estimulado por su actual titular, Arturo Peimbert Calvo— por el asedio permanente de las organizaciones sociales que se asumen como garantes y únicas titulares y depositarias de los derechos humanos, y han desviado la labor del organismo defensor, a lo que ha contribuido ampliamente el propio Ombudsman que no parece comprometido con sus atribuciones sino con los compromisos con esas organizaciones.
ÓRGANOS DÉBILES
La Defensoría de los Derechos Humanos representa el menos complejo de los problemas que enfrentan los órganos autónomos. Ésta sí es débil en la misma dimensión de la falta de compromiso de su titular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Instituto de Acceso a la Información, y con la Auditoría Superior, con los que sí debe haber demostraciones sustantivas de compromiso por parte del nuevo gobierno si es que quiere dotarse de la legitimidad que hoy no tiene el gobierno saliente —y de la que también adolece el régimen federal—, y si quiere demostrar que tiene compromiso verdadero con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con el acceso a la información.
La cuestión es simple: ayer el titular del Instituto de Acceso a la Información, Francisco Álvarez Figueroa se lamentaba el regateo de recursos económicos de que ha sido blanco por parte de la Secretaría de Finanzas, que aún le adeuda recursos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, por un monto superior a los tres millones de pesos. También reveló que su presupuesto anual ha sufrido recortes y —lo obvio— que esos recursos son claramente insuficientes ante las obligaciones que le impuso a los órganos de acceso a la información la última reforma constitucional y la nueva Ley General de la materia.
Caso similar es el de la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano de fiscalización que tiene el mayor número de entes fiscalizables en el país —entre entidades estatales, municipios y órganos autónomos son alrededor de 650 entes sujetos a revisión por parte de la ASE— pero al mismo tiempo es el órgano que tiene el menor presupuesto de entre todas las auditorías estatales, y la federal, en México.
Finalmente, la resistencia de los diputados a asignarle más recursos a la Auditoría —a pesar de que en los últimos seis años el presupuesto del Congreso se duplicó—, y el desinterés del gobierno estatal, han hecho que actualmente —y por un asunto de limitaciones estructurales— la ASE no pueda revisar, en números redondos, más que al 10 por ciento de todos los entes a los que cada año debería realizarles una auditoría, cuando lo correcto sería que anualmente revisara las cuentas de los 570 municipios, de todas las dependencias estatales y de los órganos autónomos estatales.
SIGNOS DE CAMBIO
Por eso, más que pensar en si el nuevo régimen releva, defenestra o sostiene a los titulares de esos órganos, en donde se verán sus verdaderas intenciones será en el tratamiento presupuestal, legal y político que le dé a esas entidades autónomas. Si los mantiene económicamente arrinconados, si no les procura un mejor horizonte como contrapesos del poder, y si continúa con la lógica de la debilidad que los ha caracterizado en los últimos años, es que de fondo nada cambiará. Pronto —en el proyecto de Presupuesto 2017— lo veremos.
