diciembre 2016

Estados Unidos desconfía sobremanera de las autoridades mexicanas

donaldo

+ Contra la corrupción, impulsan figuras alternativas para controlarla

Para nadie es un secreto que la corrupción es, por mucho, uno de los principales problemas del Estado mexicano. Llega a tal nivel, que a gran escala las autoridades hoy son cuestionadas por los problemas de ilegitimidad que enfrentan. No sólo tiene que ver con las dádivas o con los actos indebidos, sino también con cuestiones como la persecución a la delincuencia organizada y todo el entramado institucional que se supone que soporta la actuación del Estado. En ese marco se inscribe la implementación del sistema Nacional Anticorrupción, pero también diversos intentos —y amagos— de la comunidad internacional para tratar de presionar al gobierno mexicano para que tome medidas más eficaces o, en otra vertiente, para tomarla ellos mismos a través del mecanismo implementado en Guatemala, por el que enjuiciaron al presidente Otto Pérez Molina.

En efecto, uno de los ejemplos de la presión internacional en contra de México por un acto que en el fondo entrañaba posibles actos de corrupción, fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en 2015. Una vez que se supo que el capo criminal se había sustraído del centro penitenciario, de inmediato se habló de su capacidad operativa para lograr evadir el penal más vigilado del país, pero también de la posibilidad de que en su fuga hubiera servidores públicos involucrados tanto como posibles partícipes activos, como otros que hubieran colaborado con omisiones en el desempeño de sus funciones. Esto activó las alertas de Estados Unidos relacionadas con la corrupción, que ya tenían antecedentes por temas como Ayotzinapa o la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto.

De hecho, exactamente una semana antes de la reaprehensión del Chapo Guzmán, el icónico diario estadounidense The New York Times dedicó su editorial (4 de enero de 2016) a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

TERQUEDAD

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

Esa Comisión Investigadora es la que después determinó responsabilidades en contra del propio presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que se vio obligado a dejar el poder antes de culminar su mandato, y luego fue procesado y recluido por las acusaciones de corrupción instaurada en su contra.

PRESIÓN INTERNACIONAL

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos intentó formalmente presionar al gobierno mexicano para que aceptara la instauración de una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció con la reaprehensión del Chapo, ocurrida también en enero, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión. O, como se habla también ahora, del establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción con jurisdicción en México, como ya también se comienza a mencionar.

Sistema Anticorrupción sería insuficiente; ¿necesaria, Corte Internacional?

SPCJN

+ El SNA aún no funciona y ya hay dudas sobre su implementación y eficacia

Una de las expectativas más importantes para el año que comienza, es que por fin pueda ponerse en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue establecido en la Constitución federal a mediados de 2016 y que representa el cambio funcional más importante de las últimas décadas en lo que se refiere al control del desempeño de los servidores públicos, en un tema tan delicado como el cumplimiento legal y honesto de sus funciones. Aunque hay expectativas, también hay voces que señalan que esto sería insuficiente. Y para ejemplificar sus dudas sobre el SNA, presuponen la necesidad de implementar medidas como una Corte Internacional Anticorrupción.

En efecto, el combate a la corrupción es hoy por hoy uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana. Esto es consecuencia, por un lado, de la puja que existe entre diversos sectores sociales por el establecimiento de mecanismos que verdaderamente puedan incidir en la identificación, persecución y castigo de las personas que se exceden en sus atribuciones o que incurren en actos indebidos a partir de sus funciones como servidores públicos. Por el otro, este tema ha sido empujado por las clarísimas muestras de corrupción y conflicto de interés en que han incurrido servidores públicos al más alto nivel. La llamada ‘casa blanca’ del presidente Enrique Peña Nieto es muestra palmaria de lo anterior.

En ese sentido, el SNA es el resultado de esa puja ciudadana por el establecimiento de un sistema de combate a los actos de corrupción. Así, lo que comúnmente se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción implicó la creación o modificación de: (1) la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, (2) la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de cuentas, (3) la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, (4) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (5) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (6) el Código Penal Federal y (7) la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; además, obviamente, de las correspondientes reformas constitucionales que dieran certidumbre sobre todo ese mecanismo.

Así, en palabras de la investigadora Viridiana Ríos, la de 2016 podría ser la última ‘navidad feliz’ de los corruptos, porque en 2017 se tendría que haber ya puesto en marcha este mecanismo, que tiene su basamento en la participación de la ciudadanía en su implementación y funcionamiento.

“Lo que hace único al SNA, aprobado en 2016, no es sólo que surgió del clamor ciudadano (ya de por sí una gran innovación), sino que también será encabezado por un grupo ciudadano. El SNA está integrado por un grupo ciudadano (conocido como el Comité de Participación Ciudadana) y por seis instituciones públicas que ya se dedican a luchar contra la corrupción desde antes, pero que fueron reformadas para darles mejores y mayores facultades. Las instituciones son el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el INAI y el Consejo de la Judicatura. El Comité de Participación Ciudadana constituye la posibilidad por parte de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción, ya que tendrá facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA” (Excélsior 25.12.2016).

¿NO ES SUFICIENTE?

Una de las cuestiones que más inquietan, es la resistencia del propio Estado a entrar en una discusión seria sobre las necesidades de certeza en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; de la forma en que éste mecanismo ‘baje’ a las respectivas legislaciones de las entidades federativas; y, sobre todo, que cuando se implemente resulte ser un mecanismo eficaz y no termine siendo una simulación o un mecanismo ‘domado’ por la partidocracia, como han terminado otros intentos importantísimos tales como la conformación de los órganos constitucionales autónomos, los tribunales de justicia y otros, en los que se supone que la probidad es el punto de referencia para su conformación, pero lo ha terminado siendo los intereses y necesidades de los propios partidos políticos, que más que autonomía han buscado protegerse justamente de acciones, mecanismos e instituciones que normen y vigilen su actuación.

En ese sentido, las medidas que importa el SNA pueden no ser cómodas para los partidos y para el propio gobierno, y de ahí surge la duda de si ese Sistema puede terminar siendo un intento que sucumba ante el poder de los partidos, y sus afanes porque en realidad e siga evadiendo de fondo la ley para mantener los privilegios y los espacios de poder que implican actos de corrupción.

DUDAS

Es por eso que, como abundaremos en la entrega siguiente, también han surgido voces que señalan, por ejemplo, la necesidad de implementar esfuerzos de mayor envergadura, tales como tribunales internacionales que se dediquen a combatir la corrupción al margen de las pasiones e intereses que eternamente tienen los partidos porque esto no ocurra. Un caso puede ser el guatemalteco, que incluso provocó la caída del presidente Otto Pérez Molina; pero otros, más avanzados incluso, refieren la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. De ese tamaño es la desconfianza que despierta no el SNA, sino el poder corruptor de la clase política mexicana.

México ante la Corte Penal Internacional, ¿para qué?

felical

+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Uno de los temas que dentro de algún tiempo volverá a dar de qué hablar, es la responsabilidad que habrá de enfrentar el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional. Esta es una historia que tiene aún muchas aristas pendientes y que pasan por la lucha anticrimen que ha dejado decenas de miles de muertos en méxico, sobre los cuales algún día tendrá que responder el Estado mexicano, independientemente de quién sea el Presidente, e incluso de las resistencias que pudieran presentar como en su tiempo lo hizo el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En efecto, fue a finales de 2011 cuando, en ese marco, el presidente Calderón cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.

La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.

Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.

La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.

Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.

El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA

Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.

La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.

Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.

SABER DE VERDAD

Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?

PRI está colonizando al PAN, tiene cautivo a Morena e irá por el PRD

PRIT

+ Pretenden anular a fuerzas opositoras a través de dirigencias a modo

La disputa actual por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional no es sino un episodio más del intento del nuevo régimen, a través del priismo, por hacerse del control de ese partido. Esa intención luego se extenderá al Partido de la Revolución Democrática como, ya de alguna forma, ocurre con el Movimiento de Regeneración Nacional. Las fuerzas de oposición en Oaxaca enfrentan maniobras quirúrgicas del régimen para tratar de generar gobernabilidad a través de una oposición orgánica.

En efecto, hoy la disputa por la dirigencia estatal del PAN se libra entre quienes han tenido el control en los últimos años, y un personaje pro priista como Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Básicamente, Juan Mendoza Reyes, hasta ahora coordinador de la bancada panista en la LXIII Legislatura local, ha intentado sucederle el cargo de dirigencia a Antonia Natividad Díaz Jiménez que fue, a su vez, la coordinadora de bancada en la Legislatura anterior gracias al nombramiento que le dio Mendoza.

Ellos saben desde hace meses, que desde el PRI hay montada toda una estrategia para despojarlos no sólo de los espacios legislativos que han ostentado (la Junta de Coordinación Política en el último año de la Legislatura anterior, y la coordinación de la bancada en la actual) sino ahora también de la dirigencia estatal del partido. Evidentemente, es claro que a pesar de la escasa militancia y votación panista en Oaxaca, en sí el cargo de dirigencia reviste cierta importancia política como símbolo de una fuerza partidista; pero, sobre todo, la verdadera importancia está en la capacidad de incidencia que tiene la dirigencia estatal en la vida del partido y su representación en los órganos legislativos.

Estas maniobras no son nuevas. De hecho, cuando en septiembre un grupo de diputados encabezado por Gerardo García Henestroza desconoció a Natividad Díaz como coordinadora de su bancada, y además la despojó de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, en este espacio (Al Margen 21.09.2016) apuntamos:

¿Qué pasó ahora, que sin más tumbaron a Natividad Díaz no sólo de la coordinación de su bancada, sino de la Junta de Coordinación Política? Que, como era de esperarse, desde la bancada priista decidieron mandarle un obús no a la diputada Díaz Jiménez, sino a la poca legitimidad que aún le queda al panismo como representación parlamentaria en la Legislatura siguiente.

Evidentemente, dijimos en aquel momento, era de poca trascendencia pelear la coordinación de la bancada panista y la presidencia de la Jucopo, a escasos dos meses de que termine la Legislatura. Sin embargo, la intención de fondo fue generarle, desde el PRI, elementos de debilidad al PAN, que es el único grupo de varios diputados que no tendrá bancada en la LXIII Legislatura. Esa conjura en contra del panismo, fue orquestada desde el priismo con la complicidad de la bancada del PRD para mantener el oligopolio de las fracciones parlamentarias entre ellos, y para atajar lo que le queda de liderazgo a Mendoza Reyes, que siempre se lo debió al grupo gobernante que hoy está también en la agonía.

Y, como si fuera destino manifiesto, en aquella entrega anticipamos: Acaso, es la fracción priista la que, a través de su coordinador, Alejandro Avilés, ha logrado dividir a las fuerzas opositoras para que éstas no sean un obstáculo para los próximos dos años. Lo sorprendente en todo esto es que, a pesar de los enfrentamientos y las divisiones, en los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y los que no tienen partido, hay un solo consenso: colaborar con el nuevo gobierno para demostrar disposición, y luego esperar que, después del 1 de diciembre, alguien se acuerde de ellos —oficialistas y opositores— y les permita no caer en el peor error de todo político, que es vivir fuera del presupuesto.

OPOSICIÓN DE MENTIRITAS

A estas alturas, podemos ver que esa estrategia rinde frutos: el PRI impulsó también a Irineo Molina como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura por su cercanía con el grupo de Armando Contreras, que es a su vez un aliado orgánico del priismo en Morena, y a quien se señala que ha sido financiado por Alejandro Avilés desde que fue coordinador parlamentario del PRI en la Legislatura anterior. Eso, señalan quienes conocen la vida interna de Morena, es también lo que ha provocado las reacciones tan encendidas del grupo de Salomón Jara, que es el contrapeso al interior de ese partido que no necesariamente responde a los intereses priistas.

Y algo similar está por ocurrir al interior del PRD, ante el intento natural de José Antonio Estefan Garfias por hacerse de la dirigencia de ese partido, como una especie de heredero luego de la derrota electoral por la gubernatura. Aunque Estefan se ha manifestado a favor de trabajar en coordinación con el gobierno de Alejandro Murat, habrá que ver si el PRI —como ya lo tenía previsto— monta algún tipo de maniobra para operar, desde dentro del PRD, la imposibilidad para que Estefan se haga formalmente de la dirigencia y busque ser desde ahí un contrapeso al poder.

LUCHA POR EL PODER

En esa lógica, es tan natural la lucha por el poder como el hecho mismo de que, en ese terreno, todo se vale. No sorprende que se busque una oposición afín con la que se pueda dialogar, aprovechando sus propias debilidades. Aunque eso, en realidad, sea en demérito de la pluralidad política por la que, les guste o no a todos los partidos, votaron los oaxaqueños para la integración del Congreso local.

En Oaxaca la corrupción se repudia pero con el silencio se convalida

galhue

+ Igual que antes, ahora se irán munícipes pillos en absoluta impunidad

Algo se está haciendo mal en Oaxaca, que la imagen de los presidentes municipales sorprendidos en todo tipo de pillerías que se van en medio del enojo social y la impunidad total, está en vísperas de repetirse. Hace tres años, y hace seis, y hace nueve, y así, nos indignamos con autoridades municipales que dejaron sus cargos a hurtadillas, en medio del caos administrativo y la ausencia total de procesos de entrega-recepción, sin que se les pudiera castigar por sus latrocinios. Digamos lo que digamos, y al margen de lo que puedan argumentar los tres poderes del Estado, queda claro que nos enfilamos a repetir esa delirante historia.

En efecto, a escasos días de terminar el periodo 2014-2016 para las autoridades municipales electas constitucionalmente en Oaxaca, ya tenemos algunos ejemplos concretos de esa impunidad, de ese caos y de esa imposibilidad —legal y política, por las complicidades existentes— de cambiar el curso de las cosas. En la picota está el caso de Santa Lucía del Camino, que en las manos de Galdino Huerta pasó de ser una zona de tolerancia para los giros negros, y para las actividades que no se permiten en la capital oaxaqueña, a ser una verdadera zona de extorsión para todos los habitantes, a través de diversos mecanismos implementados por su repudiado gobierno.

Por si algo faltara, Huerta salió prácticamente huyendo de la administración municipal, y fueron los propios elementos de la Policía Municipal quienes evidenciaron el últimos eslabón de la cadena de corrupción y excesos cometidos durante su trienio. ¿De qué hablamos? De que en Santa Lucía no hubo obras ni servicios, y mucho menos beneficios sociales para los habitantes, pero sí actos indecibles de extorsión, molestia y despojo a sus habitantes.

Durante los tres años de su gestión, Huerta se dedicó a exprimir recursos a los habitantes por concepto de derechos y permisos; a extorsionar a las empresas por medio de multas, clausuras y actos de molestia ejecutados incluso con violencia; y a exigir dinero hasta a las escuelas primarias para permitirles su funcionamiento. Asimismo, creó una Policía Vial que nunca sirvió para agilizar el tránsito y auxiliar al ciudadano, sino que únicamente tuvo como finalidad esquilmar borrachines, y molestar a los automovilistas que en mala hora pasaban por la zona, aplicándoles multas de tránsito ilegales hasta por las faltas más ridículas. Todo eso, mientras Galdino Huerta y su claque, silenciosamente toleraban y estimulaban el crecimiento de los giros negros, que ya eran boyantes, y que terminaron de florecer durante su administración.

Esos mismos elementos de la Policía Municipal, que fueron utilizados para extorsionar comercios y lastimar a la ciudadanía, fueron los que el fin de semana denunciaron la situación en la que los personeros de Galdino Huerta dejaron la administración municipal: revelaron que las oficinas municipales fueron saqueadas; que no hay archivos ni documentación que soporte la gestión de los últimos tres años, y que básicamente ya no queda nadie en la administración que dé la cara en estos últimos días de gobierno. El munícipe que asumirá el 1 de enero, Raúl Cruz González, denunció una serie de irregularidades así como la negación lisa y llana, por parte de la administración saliente, a ejecutar cualquier acto del proceso de entrega-recepción.

En estas condiciones, queda claro que ya se cometieron faltas administrativas y delitos, al no haber entrega-recepción; al no dejar archivos la administración saliente; al no responder por sus propios trabajadores; y al dejar en total incertidumbre los asuntos públicos —documentación, cuentas bancarias, bienes y activos— que recibirá la siguiente administración.

HISTORIA REPETIDA

Hace tres años hablábamos de historias similares: San Pedro Mixtepec, la Villa de Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, también Santa Lucía del Camino y diversos municipios que eran una interrogante. ¿Qué pasó de entonces a la fecha? Que aún con todo eso, personajes como Eduardo Rojas Zavaleta hoy figuran como flamantes funcionarios de la nueva administración; y que otros como Omar Blas y Pedro Cabañas de Santa Lucía del Camino, o Adán López, y todos los demás que fueron sonoramente denunciados por sus excesos, y por la posibilidad de haber incurrido en actos de corrupción, quedaron en la más abrumadora impunidad.

¿Por qué pasó eso? Primero porque, en diversos casos —incluyendo el de Huerta en la actualidad— fueron beneficiarios de la protección política de personajes como el ahora también integrante del gabinete estatal, en la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez. Éste protegió a varios de los munícipes del periodo 2011-2013, y también ha sido padrino y mecenas político de personajes impresentables como Galdino Huerta Escudero, que gracias a esa protección logró ser munícipe, y ahora goza de impunidad para —quizá— no ser molestado por los devastadores resultados de su gestión.

IMPUNIDAD, INSTITUCIONALIZADA

El otro elemento que no se debe perder de vista, fue la resistencia a la mejora a las leyes que rigen estos temas. Por ejemplo, ¿por qué hubo tanta resistencia a tipificar claramente como delito grave la sustracción de archivos y documentos públicos? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado se negó sistemáticamente a reconocer esas conductas como delitos? ¿Y por qué, además, se estancó la integración y consignación de averiguaciones previas por delitos presuntamente cometidos por autoridades municipales? Eso es un alimento muy nutritivo para la impunidad que, mientras no cambie, seguirá estimulando autoridades corruptas, e impunes, como todas las que ya conocemos.

Cuándo habrá señales en Oaxaca del Sistema Estatal Anticorrupción

sna

+ El tema deberá salir a flote en la agenda del primer semestre de 2017

Uno de los temas que cobrará relevancia en Oaxaca, conforme avance el primer tercio de 2017, es el relacionado a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Según el decreto por el que se estableció la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades federativas cuentan con un año para consolidar el proceso de implementación de ese mecanismo en los ámbitos estatales. Ese periodo de “vacatio legis” se vence en mayo de 2017, y para entonces eso debe estar ya implementado en Oaxaca… aunque hasta ahora no hay señales al respecto.

En efecto, al tomar posesión de su cargo como Gobernador del Estado, Alejandro Murat anunció el 1 de diciembre que en un periodo de 90 días, él y todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado harían pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocida genéricamente como la “tres de tres”. Esto, dijo, sería una demostración inicial de voluntad por la transparencia, por la rendición de cuentas, y por la honestidad. También dijo que no metería las manos por ningún funcionario; que en su administración no habría ni “chuckys” ni “Cocos” ni Vicegobernadores, y que quien infringiera la ley desde el servicio público, sería castigado ejemplarmente.

Así, quedó claro en qué sentido corre la convicción del Gobernador por la transparencia y por el combate a la corrupción. Sin embargo, en ese marco es necesario asumir que, en la circunstancia actual, el combate a la corrupción ya no es un asunto sólo de voluntades sino de todo un andamiaje legal, e institucional, que la sociedad mexicana ha demandado con vehemencia. Por esa razón, incluso no resulta suficiente exigir a todos los servidores públicos la presentación de la declaración tres de tres en un sentido potestativo, sino avanzar cuanto antes en la implementación del sistema estatal anticorrupción.

Pues, en ese mismo sentido, si los partidos de oposición pretenden también establecer parámetros de cumplimiento respecto a la honestidad y la confiabilidad de los servidores públicos del gobierno de Alejandro Murat, deberían también asumirse no sólo como vigilantes, sino como auténticos impulsores de medidas de combate a la corrupción. El problema es que, hasta ahora, ninguna de las fuerzas opositoras en la LXIII Legislatura ha reparado en la urgencia de iniciar el proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y en lo corto que resultará el tiempo —de enero a mayo de 2017— para confeccionar y discutir el contenido de ese sistema, que se supone que será el contrapeso y el vigilante de la gestión pública para los años siguientes.

En esa lógica, el nuevo sistema anticorrupción pasa no sólo por la creación de nuevos órganos sino también por el posible replanteamiento de algunos que ya existen. El propio Congreso del Estado tendrá que asumir responsabilidades que hasta ahora había eludido, y también tendrá que pasar por el posible replanteamiento de los órganos autónomos, de procuración de justicia, y los tribunales administrativos, que hoy no cumplen con los parámetros para operar dentro del nuevo esquema que establece la Constitución de la República para el combate a la corrupción.

SISTEMA ESTATAL

A estas alturas, es insuficiente lo relativo a la declaración tres de tres para todos los servidores públicos de la nueva administración, por una razón concreta: la declaración tres de tres que se solicitó en el último proceso electoral a los candidatos a cargos de elección popular, fue presentada ante un organismo privado denominado Instituto Mexicano para la Competitividad.

Fue, básicamente, un ejercicio de demostración de voluntad, pero también potestativo porque el IMCO es un organismo privado que convocó, a través de su fuerza moral y de su promoción de la rendición de cuentas con mayor calidad, pero sin ninguna consecuencia —más que la condena pública, que a muchos políticos les importa un comino— para quien no quisiera hacerlo.

En esa lógica, a nivel federal ya fue legislada la obligatoriedad de la presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés para todos los servidores públicos de la federación, con dos salvedades: apenas va a hacerse operable, cuando ya funcione el Sistema Nacional Anticorrupción; y esa declaración tres de tres institucionalizada sigue teniendo el problema de que, por voluntad del declarante, puede ser reservada y convertirse por ende en un documento inaccesible para los gobernados, con lo que sigue preservando un margen de secrecía que desalienta la máxima publicidad que debiera tener un proceso como ese.

Por esa razón deben redoblarse los esfuerzos ya no sólo para que se implemente el sistema estatal anticorrupción, sino para que se haga con un sentido de avanzada. De nada servirá que se haga en los parámetros mínimos de la ley, porque entonces Oaxaca de nuevo quedará como una de las entidades federativas que cumple por obligación, pero no porque tenga una convicción con el cumplimiento. El gobierno de Alejandro Murat debe impulsar una reforma de vanguardia, si es que de verdad quiere demostrar una voluntad institucional de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el combate a la corrupción.

¿Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS?

Discusión aparte será el destino de los órganos autónomos. Debe haber planteamientos muy serios y razonados. El nuevo régimen enfrentará el dilema de mantener, o desaparecer los órganos actuales, con el costo y el mensaje contra la estabilidad constitucional de los integrantes de esos órganos. El tema es complejo y merece ser analizado por cuerda separada.