En Oaxaca, la percepci贸n de la justicia no se toma en serio

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Juicios

+ TSJE y FJE deben asumir socializaci贸n del sistema de justica


Oaxaca, y el pa铆s, enfrentan hoy el problema de la baj铆sima comprensi贸n social de las implicaciones del nuevo sistema de justicia penal. En nuestra entidad, la responsabilidad de la implementaci贸n y socializaci贸n de los llamados juicios orales, recae b谩sicamente en el Poder Judicial del Estado, y en la Fiscal铆a General. Pero sus efectos se extienden al Ejecutivo, que resulta ser el cuestionado por lo que ocurre con los delincuentes y la seguridad p煤blica bajo este nuevo esquema. 驴Est谩n preparados, todos, para los retos que impone esta nueva 茅poca de la justicia?

En efecto, en junio de este a帽o entr贸 en vigor en todo el pa铆s el nuevo sistema de justicia penal. 脡ste tiene como una de sus bases, la ponderaci贸n del conjunto de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, que engloban el llamado 鈥榙ebido proceso鈥; y, junto a ello, establece un nuevo esquema bajo el cual la mayor铆a de los delitos pueden ser susceptibles de reparaci贸n a trav茅s de m茅todos distintos al de la prisi贸n, y que s贸lo los delitos considerados como graves 鈥攂谩sicamente el homicidio, violaci贸n, delincuencia organizada, secuestro鈥 ameritan prisi贸n preventiva.

Este cambio de modelo constituye un verdadero reto no s贸lo para Oaxaca, sino para el pa铆s. En M茅xico prevaleci贸 un modelo inquisitivo en el que la prisi贸n preventiva era posible frente a la comisi贸n de pr谩cticamente cualquier il铆cito, tuviere o no el car谩cter de delito grave. Con el tiempo, el cat谩logo de delitos graves se fue ensanchando hasta establecer una ampl铆sima gama de delitos que por definici贸n ameritaban pena corporal preventiva. Por eso la sociedad en general asume como un silogismo v谩lido que frente a la comisi贸n de un delito debe haber prisi贸n, y que si no es as铆 entonces hay impunidad porque no hay justicia.

驴Qu茅 establece el nuevo modelo? Que s贸lo los delitos m谩s graves deben llegar a juicio. Que en la mayor铆a de las conductas il铆citas se debe buscar la reparaci贸n por encima de la sanci贸n. Y que ello debe ir depurando la masificaci贸n actual del sistema de justicia, que en muchos casos se pone en marcha por delitos o situaciones que podr铆an resolverse a trav茅s de mecanismos no judiciales. En el centro de todo, est谩 la necesidad de establecer, en la conciencia de las personas, la idea de que no s贸lo hay justicia cuando hay prisi贸n.

Ese es un imperativo que va m谩s all谩 de las poses pol铆ticas. El nuevo sistema de justicia impone retos para los que en Oaxaca no sabemos si nuestros servidores p煤blicos est谩n preparados. En el caso del Poder Judicial, ha quedado claro que tiene importantes deficiencias en la implementaci贸n, que comenz贸 incluso antes de que el nuevo sistema de justicia penal se estableciera en la Constituci贸n federal (2008), y termin贸 en una escandalosa premura que dej贸 en la apariencia 鈥攜 en las interrogantes鈥 el cumplimiento del mandato constitucional federal, en el sentido de que los juicios orales deb铆an operar ya en todo el territorio a partir de junio del presente a帽o.

驴Qu茅 perspectiva hay de ese nuevo sistema de justicia para los a帽os por venir?

INTERROGANTES

Frente a esto hay que entender algunas cuestiones: primero, que el gobernador Alejandro Murat inici贸 su gesti贸n bajo una perspectiva en la que no tiene bajo su tutela 鈥攍egal o pol铆tica鈥 la designaci贸n de los titulares de los dos 贸rganos encargados de la implementaci贸n del sistema de justicia: el Tribunal Superior de Justicia, y la Fiscal铆a General del Estado. El primero de ellos, Alfredo Lagunas, estar谩 al frente del Tribunal hasta enero de 2019, y H茅ctor Joaqu铆n Carrillo Ruiz fue electo por un periodo que fenece en agosto de ese mismo a帽o.

Segundo, que ni la Fiscal铆a ni el Tribunal deben ser hoy vistos como parte de las designaciones pol铆ticas del gobernador en turno, y que eso mismo har铆a necesario revisar no s贸lo el desempe帽o de los dos funcionarios antes mencionados, sino su propia legitimidad como tales. De Carrillo se sabe que es un funcionario ministerial de carrera; pero Lagunas Rivera lleg贸 por el evidente favor pol铆tico de Gabino Cu茅 al llamado Grupo Oaxaca, del que es integrante el t铆o de Lagunas, Ericel G贸mez Nucamendi, y no por sus m茅ritos como juzgador de alzada o por la capacidad demostrada en las tareas a su cargo.

Tercero, que hoy en d铆a el Poder Judicial estatal ya no es instrumento pol铆tico, pero s铆 es un elemento de gobernabilidad, justamente porque de 茅ste depende en gran medida la percepci贸n de justicia que tiene la ciudadan铆a. En este sentido, el Poder Judicial ha fallado gravemente al asumir su funci贸n en un sentido reduccionista y elitista, en el que se ha dedicado 煤nicamente a difundir los alcances del nuevo sistema de justicia en c铆rculos jur铆dicos y especializados, pero se ha olvidado por completo que el imperativo de la justicia alcanza a todos los estratos de la poblaci贸n.

INEFICIENTES

Frente a eso, habr铆a que preguntarse qu茅 perspectiva tienen tanto el nuevo gobierno, como los funcionarios designados, sobre esas tareas. Pues queda claro que tanto la Fiscal铆a como el Poder Judicial tienen enfrente una enorme labor frente a la sociedad oaxaque帽a, que no s贸lo no han realizado sino que incluso han desde帽ado. En el fondo no se trata de los cargos como premio, castigo o favor pol铆tico, sino con la eficiencia en el desempe帽o de los mismos. Y queda claro que tanto en el caso de Lagunas, como de Carrillo, su aporte a la gobernabilidad a trav茅s de la implementaci贸n del nuevo sistema de justicia, est谩 lejos de ubicarse en los m谩rgenes de lo deseable.

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