+ Tiempos de crisis, contrastan con su caudaloso financiamiento
Es paradójico y preocupante que los únicos entes que desde hace cuarenta años no han vivido ninguna crisis económica, y tampoco se han solidarizado con los ‘apretones de cinturón’ que la realidad le ha impuesto periódicamente a toda la población, sean los partidos políticos. Ellos, que se asumen como representantes de la pluralidad política y el ejercicio democrático entre los mexicanos, han tenido siempre una carrera económica ascendente que los tiene hoy en el punto de la ignominia. Mientras toda la población sufre por la escalada de precios, y por la disminución del poder adquisitivo de la moneda, los partidos han vivido, y siguen viviendo, en una jauja hasta ahora imparable.
En efecto, en el ámbito nacional actualmente se discute la necesidad de que disminuya el costo de la manutención de los partidos e instituciones electorales. En términos globales, el Estado mexicano invierte cada año más de 8 mil millones de pesos sólo en la provisión de prerrogativas para los partidos políticos nacionales, independientemente de si es o no año en que se celebren procesos electorales. A esto hay que sumarle la suma de dinero del presupuesto federal que se destina cada año al INE y a los tribunales electorales de todo el país. Al final del día, es evidente que este es un problema de grandes dimensiones a la luz de los complicados tiempos económicos para el país, y de la necesidad de reducir la obesidad burocrática —y ‘partidocrática’— del país.
En Oaxaca la situación no es distinta. Ayer TIEMPO reportaba en su primera plana que los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista lucharon hasta el último minuto para que el IEEPCO, no los dejara sin prerrogativas, pese a no haber logrado en el pasado proceso electoral el 3% de la votación requerida, pues dejarían de percibir sumas millonarias que, en el 2016, ascendieron por concepto financiamiento ordinario, a más de nueve millones de pesos entre los dos partidos, independientemente de los montos extraordinarios que recibieron por haber sido año de proceso electoral.
De hecho, este parece ser algo así como un ‘segundo round’ de una lucha que iniciaron en Oaxaca los partidos minoritarios cuando se realizó la última reforma electoral estatal, en 2015. Ahí, por un acuerdo político, las tres principales fuerzas políticas pactaron con los partidos minoritarios (que tenían 6 curules en la LXII Legislatura) que la Constitución local dispusiera que los partidos de conformación indígena debían demostrar sólo el 2% de participación para mantener el registro, y no el 3% como lo establece la legislación nacional de la materia. La Corte echó abajo esa disposición, y esa fue la causa por la que perdió el registro el Partido Social Demócrata de Manuel Pérez Morales, y casi le ocurre lo mismo al Partido Unidad Popular.
Lo sorprendente es que los beneficiarios de esa polémica resultaron ser dos partidos sin base social real, ni ascendencia entre el electorado. En Oaxaca, tanto el Verde como el PES nunca han dejado de ser sino partidos testimoniales, y han representado con más ahínco intereses políticos que verdaderas causas ciudadanas.
HISTORIA DE ABUNDANCIA
En el fondo, todo esto es reflejo de una situación nacional: desde la gran reforma política de 1977, una de las constantes de todas las modificaciones al sistema de partidos es que siempre el presupuesto público se ha mantenido en una escala ascendente, hasta llegar a niveles increíbles de financiamiento y trato diferenciado a los partidos, en aras de que éstos representen de mejor forma las expresiones políticas y la vida democrática entre los mexicanos.
Esta es una historia trepidante: pues como lo señalaba hace algunos días el doctor César Astudillo (http://eluni.mx/2jq0Gx4), inicialmente se les concedió el uso permanente de los medios de comunicación social, enseguida se les abrió la puerta del financiamiento público para el sostenimiento de su actividad política y para hacer frente a las campañas electorales, de manera complementaria al financiamiento proveniente de sus militantes y organizaciones simpatizantes; asimismo, se les exentó del pago de impuestos y derechos, se les reconocieron franquicias postales y telegráficas y se les apoyó en sus labores editoriales. Más tarde se le aprobó el reembolso del 50% de los gastos realizados en actividades de educación y capacitación.
En 1996 se institucionalizó el apoyo a la gestión de los partidos mediante las arcas del Estado al establecerse que el dinero público debía primar sobre el privado, y como consecuencia de ello, se acordó que al margen del financiamiento aportado por la federación, debían incorporarse 32 fuentes de financiamiento adicionales para que los partidos tuvieran acceso al financiamiento ordinario y de campaña a través de distintas fórmulas de cálculo y, por ende, en diferentes parámetros económicos, en las respectivas entidades federativas en las que competían por el poder. A esta escalada de apoyos se sumó la gratuidad del acceso a miles de spots en radio y televisión, producto del nuevo modelo de comunicación política, y se adicionó una nueva y generosa fórmula para calcular la bolsa del financiamiento público a repartir, impulsadas por la reforma de 2007.
JAUJA EN MEDIO DE LA CRISIS
Todavía la reforma de 2014 involucró nuevos incrementos presupuestales para partidos e instituciones electorales que, en estos tiempos de carestía y crisis, resultan ya injustificables. Paradójicamente, nuestra vida democrática es proporcionalmente tan cara como carente de credibilidad. Por eso, el millonario costo de los partidos debe revisarse a la baja de inmediato.
