Al límite, incertidumbre en la IP por la falta de claridad en el pago de adeudos

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+ ¿Entiende el Gobierno que el sector privado está devastado? ¿Ayuda o los hunde?


Diversos organismos empresariales se han pronunciado por la posibilidad de cobrar por la vía judicial los adeudos que el gobierno de Oaxaca no les ha liquidado. Muchas de las empresas se encuentran al límite de la resistencia en sus operaciones, antes de tomar medidas como el cierre, la suspensión o disminución de sus operaciones, el despido de empleados o la moratoria en el pago a sus proveedores e impuestos. El mes de abril es crítico, y por esa razón la Secretaría de Finanzas debe abandonar sus posturas mezquinas y burocráticas, y ofrecer respuestas inmediatas al sector privado que, en general, está a punto del colapso.

En efecto, ayer el dirigente de la delegación en la entidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Raúl Ruiz Robles, dijo que si el gobierno de Oaxaca insiste en su actitud de no agilizar el pago de adeudos que tiene con la iniciativa privada, intentarán la vía judicial como un mecanismo para intentar la recuperación de sus capitales. A esa, y otras organizaciones empresariales, les preocupa la cercanía del mes de mayo —que de sí es crítico para la economía estatal— por las tradicionales acciones del magisterio, pero también porque abril resulta un mes crítico para la fijación de sus obligaciones fiscales.

En un escenario en el que el común denominador es una situación económica devastadora, el gobierno de Oaxaca debía asumir que el sector privado en general se enfrenta no sólo a la disyuntiva de la quiebra y el cierre de operaciones, sino también a la de asumir formalmente las obligaciones por deudas sobre las que el gobierno los mantiene en la incertidumbre. Vale la pena analizar y entender esta situación.

En primer término, el gobierno de Gabino Cué terminó en medio de una enorme crisis financiera que hoy se refleja, desde uno de sus frentes, en la existencia de muchos prestadores de bienes y servicios a los que el gobierno les adeuda el pago por los servicios que ya fueron consumidos. A la gran mayoría de ellos, la administración anterior les extendió documentos conocidos como Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante los cuales asumía el compromiso de pago y reconocía la suficiencia presupuestal para cubrirlo, aunque ello era independiente del momento final del pago.

Para que la Secretaría de Finanzas extendiera la CLC, las empresas acreedoras debían extender la factura correspondiente. La gran mayoría de los adeudos corresponden al ejercicio 2016, y las facturas (hoy conocidas como CFDI, o Comprobante Fiscal Digital por Internet) fueron emitidas a lo largo del ejercicio fiscal del que se deben presentar las correspondientes declaraciones durante los meses de marzo y abril de este año. Ahí existe un problema importante que revela la mezquindad de la Secretaría de Finanzas, que sin ofrecer ninguna alternativa a la situación crítica de la iniciativa privada, le ha cerrado todas las posibilidades de cobrar sus adeudos, o por lo menos de tener la certeza de que los recuperarán como para poder asumir los compromisos fiscales que se derivan de esta situación.

¿ALTERNATIVAS?

La existencia de las CLCs representa el compromiso habitual de pago del gobierno estatal. En este caso, a muchos prestadores de bienes y servicios, la administración entrante les ha propuesto la renegociación de los adeudos y la utilización de mecanismos de factoraje financiero para poder agilizar los pagos. El problema es que al plantear las alternativas, la Secretaría de Finanzas no ha tenido la voluntad o de asegurarle a las empresas que sus adeudos serán cubiertos totalmente aún con retrasos, o que agilizaran la utilización de las llamadas cadenas productivas para que éstos pudieran recuperar recursos, aún parcialmente, en un lapso relativamente corto de tiempo.

El problema es que no ha ocurrido ni uno ni otro escenario. En medio de eso, llegó el tiempo de la presentación de las declaraciones anuales de impuestos, tanto para personas físicas como para morales. Para las morales el plazo venció el pasado mes de marzo, y para las físicas vence al término del presente mes de abril. ¿Cuál es el problema? Particularmente, para las personas morales hay un problema fiscal importante porque las facturas que expiden, causan efectos fiscales desde el momento de la emisión y no del pago, como sí ocurre con las personas físicas.

Así, si ellos expidieron comprobantes fiscales digitales en el ejercicio 2016, y éstos causaron efectos a la emisión, ahora al presentar su declaración anual del ejercicio previo, deben cubrir los impuestos correspondientes. La disyuntiva de muchos empresarios radica en si cubren los gravámenes por facturas que no pueden, y no saben si podrán cobrar; sobre las que el gobierno no les ofrece ninguna certidumbre sobre el pago; y sobre las que tampoco lleva a cabo algún mecanismo de renegociación transparente y confiable para darle liquidez a las empresas, para continuar operando.

En esa lógica, Finanzas no ha tenido claridad en agilizar la utilización de cadenas productivas, lo cual resulta inexplicable. Éste no es un mecanismo intrincado ni imposible, y de hecho se puede realizar a través de un trámite en línea que no representa ninguna dificultad. Además, el gobierno sí podría generar algún tipo de vía para que no fuera sólo la banca de desarrollo la que ofreciera el servicio del factoraje financiero, sino establecer mecanismos alternos con la banca comercial para conseguirlo, y así poder ofrecerle diversas alternativas de liquidez al sector privado local, para así recuperar economías y continuar sus operaciones sin la pérdida de empleos y el cierre de empresas, que siempre es doloroso para cualquier economía.

El problema es que no hay sensibilidad, y a estas alturas pareciera que Finanzas o es la menos sensible y permeable al problema, o que está decidida a colapsar a la economía local a partir de la insistencia en renegociar todos los adeudos posibles, pero de hacerlo con una lentitud, incertidumbre y burocratismo que tiene asustados a los sectores productivos, que a estas alturas ya no saben si creer o no en que existe cierta voluntad por darles una salida y no por terminar de colapsarlos.

Al final debiera haber más sensibilidad de que la crisis económica de buena parte de los sectores productivos de la entidad no comenzó el 1 de diciembre, sino que lleva ya más de un año. El gobierno de Gabino Cué cerró la llave de los pagos a proveedores más de ocho meses antes de que terminara la administración; y la actual lleva ya más de cuatro meses sin ofrecer ninguna pauta concreta.

Por eso, deben asumir que a diferencia de los sectores productivos de otras entidades, o a nivel nacional, en Oaxaca el gran consumidor de la mayoría de los proveedores y empresas locales, es el gobierno. El presupuesto, les guste o no, es el que en gran medida mueve la economía local, y esa es una dinámica que no van a cambiar por su sola actitud. Más bien, por mezquindad e insensibilidad, están agravando la situación al punto de generar el colapso masivo de cientos o miles de empresas que están esperando las respuestas oficiales que quién sabe por qué no llegan, y para lo cual la vía judicial que intentan explorar tampoco resulta una alternativa viable para tener liquidez en el corto plazo.

DESPRESTIGIO INSTITUCIONAL

Podría ser explicable que el gobierno intenta renegociar adeudos porque esto representa un pasivo para las arcas estatales. El problema es que tienen a la economía local en un callejón sin salida. Es, además, otra mezquindad, querer castigar a quienes tuvieron tratos con la administración anterior, porque finalmente el empresariado ha proveído a todos los gobiernos anteriores. Con esa actitud, en el fondo, desprestigian al gobierno, en el que —así sea por seis años— ellos están de paso. ¿Asumirán, se dice cada seis años en Oaxaca, que los carniceros de hoy serán las reses de mañana?