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La compleja situación financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, es sólo un botón de muestra de lo que tarde o temprano tendrá que reconocerse a nivel de todo el aparato gubernamental estatal: que el exceso de prerrogativas otorgadas a los trabajadores a través de los sindicatos, están generando una situación que dentro de poco será financieramente insostenible. Esto debería propiciar una revisión a fondo de ese tipo de erogaciones, así como la búsqueda de mecanismos alternativos para enfrentarlos sin llevar necesariamente a la quiebra al Estado oaxaqueño.
En efecto, desde hace varios meses el rector Eduardo Bautista Martínez ha sostenido que la Máxima Casa de Estudios vive una situación financiera crítica. A lo largo del año, ha venido socializando el hecho de que la falta de atención de fondo a las necesidades económicas de la Universidad, pone incluso en riesgo el pago de los salarios y prestaciones ordinarias de los trabajadores.
Ya en este mes de octubre, el Rector fue más allá al establecer que a partir de este periodo la Universidad se encuentra en una situación crítica, y que sólo gracias a la creación de economías se ha podido seguir solventando el pago de los salarios y las prestaciones económicas de los trabajadores. En esa misma lógica, dijo que la política de otorgar “adelantos”, por parte del gobierno federal a la UABJO para ir sorteando los faltantes de recursos sólo aplaza el problema de fondo, porque no incide en el saneamiento de las finanzas universitarias.
Ese saneamiento irremediablemente tendrá que pasar por al menos tres tópicos importantes: primero, la revisión a fondo del desempeño de los últimos rectores, para establecer —al margen de cualquier criterio o débito político— cuál fue su desempeño en la utilización del presupuesto universitario y los posibles quebrantos que cada uno de ellos pudo haber cometido, para que esto pueda derivar en responsabilidades.
Segundo, el establecimiento real de los alcances del presupuesto universitario respecto al pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, para que en un marco de corresponsabilidad —cuestión a la que ya se habían comprometido los sindicatos universitarios ante el gobernador Alejandro Murat— las autoridades y los trabajadores puedan hacer viable la continuación de sus servicios y el pago de sus salarios.
Y tercero, la realización de una inversión extraordinaria de saneamiento a las arcas universitarias para finiquitar el círculo vicioso del otorgamiento de “adelantos” como paliativo al desastre financiero de la Máxima Casa de Estudios.
¿Todo esto podría ocurrir? Eventualmente sí, si en realidad tanto la administración universitaria, como el Gobierno del Estado, y la Federación, tienen la suficiente voluntad política y administrativa para entrar a fondo a la revisión de este esquema que tiene hoy ya no sólo ahogada a la Universidad, sino literalmente a punto de la quiebra. En este momento, ello resulta de particular importancia porque lo que ocurre en la Universidad es en realidad un reflejo de lo que está pasando en prácticamente todas las dependencias estatales, que o necesitan ir a fondo en el replanteamiento de sus esquemas salariales y laborales, o necesitarían inversiones extraordinarias para continuar operando en el mediano y largo plazo.
Gracias al criterio político, y a que en nuestro sistema persiste el ciclo de que todo puede ser heredado para que lo intente resolver el gobernante siguiente, no ha habido una valoración seria y responsable de este problema que bien podría ser una de las mejores herencias de cualquier administración, así como una demostración de responsabilidad y visión de Estado frente a problemas que —de forma irresponsable— casi siempre terminan evadiéndose, y heredándose.
REVISIÓN A FONDO
Casi cualquier relación laboral que pueda ser objeto de revisiones en la actualidad, entre el gobierno y sus distintos sindicatos, arrojará la acumulación de pasivos y el pago de prestaciones que en realidad deberían ser insostenibles. Esto no es un secreto para nadie, y menos para quienes enfrentan el reto de continuar solventando y sorteando esos pagos que irresponsablemente fueron convenidos en el pasado gracias a criterios políticos y no a la capacidad financiera del Estado.
De hecho, en Oaxaca la relación que modeló esa situación fue la del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE, que durante casi tres décadas mantuvieron una relación de negociaciones paralelas a las que se realizaba entre la dirigencia nacional del sindicato y el gobierno federal, y a través de ello se generó un boquete financiero que finalmente fue absorbido por el gobierno federal como parte de la ruta de la reforma educativa. Hasta hace dos años, el gobierno de Oaxaca enfrentaba un problema presupuestal recurrente para el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación, que en realidad era muy similar al que enfrenta hoy la UABJO. ¿Por qué?
Porque gracias a la doble negociación, el presupuesto federal que se asignaba era insuficiente para cubrir el pago de la nómina y prestaciones del magisterio. Por eso, antes de que terminara el año, el gobierno estatal a través del IEEPO comenzaba a pedir al gobierno federal “adelantos” de recursos, con cargo al presupuesto educativo del año siguiente. Así, se creó un círculo vicioso que —igual que en el caso de la UABJO— no sólo no resolvía el problema de fondo, sino que lo iba aplazando.
Tuvo que venir el colapso de la relación política entre el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que finalmente el gobierno federal le diera un gran bocado a la fuerza política magisterial, comiéndose su potencial de cooptación a través de los salarios. En ese bocado, decidió absorber los pasivos magisteriales gracias a que en el costo/beneficio vio que era mejor solventar los faltantes que seguir permitiendo que la Sección 22 tuviera en Oaxaca el control de los salarios y de la administración de la educación a través del IEEPO.
¿NUEVA HERENCIA?
En el escenario actual, ¿tendrá que esperar el gobierno hasta que una de sus relaciones haga crisis para intervenir? El caso de la UABJO pende de hilos, que se pueden romper cuando se llegue al tope el faltante económico; pero también puede ocurrir con cualquiera de los sindicatos y gremios con los que tiene relación el gobierno de Oaxaca, porque en prácticamente todos los casos la situación es muy parecida. No tiene que haber crisis con la burocracia para corroborarlo. Por eso bien harían en no decidir heredar el problema a los siguientes gobernantes, y enfrentarlos desde ahora.
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