Igual que en 2006, hoy es peligrosa la postura magisterial de plantear exigencias inalcanzables

Deben tomarse con seriedad los más recientes planteamientos hechos por la Asamblea Estatal de la Sección 22. No hacerlo, o tratar de sacar ventaja de una situación de tal magnitud, sería no sólo contraproducente, sino potencialmente muy peligroso para Oaxaca. Igual que en 2006, la 22 está haciendo planteamientos imposibles de cumplir, para luego tener la justificación para acciones de fondo como el paro indefinido de labores, plantones y manifestaciones que, en algún escenario, podrían derivar en violencia y en más daños para Oaxaca.

En efecto, en su sesión de Asamblea Estatal realizada este fin de semana, la Sección 22 amenazó con suspender de manera indefinida las clases en las 13 mil escuelas de Oaxaca, si no hay respuestas favorables a sus demandas antes del 31 de octubre. Establecieron que saldrán a manifestarse a las calles a partir del 6 de noviembre si no hay respuesta a sus peticiones, y pidieron que el gobierno de Oaxaca sea mediador para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les entregue la toma de nota, puedan pelear la nulidad del decreto de transformación y puedan recuperar la bilateralidad de la política pública en total.

De hecho, los maestros calificaron como insuficientes las respuestas ofrecidas por el gobierno estatal y no descartaron estallar un paro indefinido de labores en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas, y reiteraron su exigencia de recuperar los espacios ganados ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) como parte del establecimiento de la bilateralidad de acuerdos a los principios y mecanismos que defina el movimiento.

Según información del periódico Milenio, la Asamblea demandó la salida del director del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, Salvador Heredia, y Gabriela Santoscoy, así como la salida inmediata de los Jefes de Unidad de los Niveles Educativos del Instituto; exigió la salida de Aurelio Nuño de la Secretaría de Educación Pública y desconoció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además pidió a la Auditoría Superior comenzar una auditoria al IEEPO por malversación de fondos que fueron empleados con fines electorales.

Afirmó que su plan de acción contempla que a partir del próximo 6 de noviembre regresarán al plantón rotativo las regiones de la Sierra y Tuxtepec, el cual mantenían en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los docentes amagaron con generar la ola de protestas callejeras intensas, a la par de estallar de un paro indefinido de labores, lo que perjudicará a un millón de alumnos que acuden a 13 mil escuelas de educación básica e inicial.

Es cierto que estos planteamientos iniciales corresponden a la apuesta ya conocida de la Sección 22 de lanzar amagues elevados de tono para luego irlos moderando conforme van avanzando sus negociaciones con el gobierno estatal. No obstante, lo que no puede dejar de considerarse es el fondo, y la imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de cualquiera de sus exigencias que ya están establecidas como objetivo de sus jornadas de lucha. Esto se convierte en algo crítico porque todo ello ocurre en el contexto del arranque del proceso electoral más importante de los últimos tiempos para Oaxaca, y para el país por la elección presidencial.

Por eso es imposible no recordar el 2006 y sus funestas consecuencias.

VOLTEAR AL PASADO

Cuando a principios de 2006 la Sección 22 del SNTE estableció como su principal demanda al gobierno estatal, que se les otorgara la llamada “rezonificación por vida cara”, nadie creía que eso tendría tanto de fondo como finalmente ocurrió. En el gobierno de Oaxaca siempre supieron que esa era una demanda materialmente imposible de cumplir porque significaba comprometer alrededor de veinte mil millones de pesos anuales, que las arcas estatales no tenían, y que además, de hacerlo, significaría generarle una presión extraordinaria a todo el gobierno —sus políticas, sus proyectos, sus prioridades— para cumplirle el capricho a un solo gremio que, además, lo exigía a punta de perjuicios y amenazas.

Nadie lo consideró como algo serio, y sin embargo esa exigencia fue escalando primero ante el gobierno estatal —que no tenía forma de cumplirla— y luego ante el gobierno federal que no sólo no hizo caso a la gravedad de las demandas, sino que incluso trató de sacar ventaja de ellas —cuestión que por momentos también pareciera que intentan algunos sectores estatales de la situación actual—.

Por eso, cuando en junio de aquel año —luego de tres semanas de paro indefinido de labores, y de un plantón masivo en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca— se decidió el uso de la fuerza pública para tratar de disolver la manifestación magisterial, el gobierno de Oaxaca no obtuvo la respuesta federal que se supone que se tenía apalabrada, y más bien fue blanco de una acción de ventaja federal con evidentes fines político electorales.

El problema es que finalmente el conflicto magisterial terminó contaminando a todos. El gobierno de Oaxaca, priista, fue arrollado en la elección federal al quedar lejísimos de poder cumplir con su meta de ofrecerle un millón de votos a su candidato presidencial (Roberto Madrazo); el gobierno federal casi pierde la elección al entregarle un estado clave como Oaxaca a Andrés Manuel López Obrador, que desde entonces lo convirtió en uno de sus bastiones.

Además de eso, la “solución” que terminó ofreciendo el gobierno federal a la Sección 22 fue costosa, tardía y cargada de sacrificios para el Estado de Derecho. Terminaron concediéndole a la 22 la rezonificación salarial; les ofrecieron impunidad y les dieron carta abierta para hacer de Oaxaca lo que ellos mejor quisieran. Perdió totalmente la educación pública en la entidad; perdió la ciudadanía a la que nadie resarció por los daños sufridos; y, en general —y como lo dijo un periodista— en gran medida la solución al conflicto magisterial radicó en que se jodiera Oaxaca.

Ese es el riesgo hoy: que el tratamiento inadecuado a una demanda que de antemano se sabe imposible de cumplir, y que se entiende que está planteada con fines políticos, termine siendo un gran problema para todos en Oaxaca. Por eso no deja de preocupar que esto ocurra justo en la víspera del inicio de la contienda electoral, y que se haga como si fuera un planteamiento ordinario cuando en realidad todos sabemos que ello no podrá cumplirse.

Ojalá haya altura de miras en el tratamiento al problema, y no intenten —aquí, o en la Ciudad de México— jugar con fuego ante un asunto tan delicado como la perenne crisis magisterial de Oaxaca.

ELECCIÓN TRASCENDENTE

Hoy la LXIII Legislatura habrá de hacer una demostración de responsabilidad —o de lo contrario, según lo resuelvan— al nombrar a los integrantes del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. El punto de referencia para esta decisión, tendría que ser el nombramiento de las personas técnica y profesionalmente más idóneas, para caer en la tentación riesgosa de generar un nuevo órgano autónomo con caducidad sexenal, al ponderar el criterio político sobre lo que dice la Constitución. Ojalá lo entiendan y así lo resuelvan. Ojalá.