+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

AMLO nos quiere engañar con un falso planteamiento sobre federalismo

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Una de las muchas interrogantes que existen en México, sobre el funcionamiento del sistema democrático y el funcionamiento del sector público, es por qué aún cuando estamos regidos por un sistema federal, existen tantas desigualdades entre el centro, norte y sureste de la República. La respuesta debe buscarse en la distribución de la riqueza y en el fomento al desarrollo. Sin embargo, ahora Andrés Manuel López Obrador pretende establecer como nuevo parámetro la distribución material de las áreas del gobierno, como si por sí mismas éstas fueran las generadoras del desarrollo.

En efecto, en Sonora Andrés Manuel López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia de la República, uno de los principales proyectos que emprenderá será la descentralización de dependencias del gobierno federal, y que en el caso de Sonora, se instalaría la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Ciudad Obregón. El aún dirigente nacional de Morena, y precandidato presidencial único de ese partido, explicó que se trata de una propuesta que llevará desarrollo y empleos a todos los rincones de México y que además despresurizará a la Ciudad de México, en especial porque se demostró con los terremotos la fragilidad de la capital y el riesgo de que se paralice el país.

López Obrador dijo que se debe buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país, “y por eso vamos a llevar a cabo este plan de descentralización”. la Secretaría de Agricultura del gobierno federal opere desde Ciudad Obregón, Sonora, ya no desde la Ciudad de México, y así todo el gobierno: Salud en Chilpancingo, Guerrero; Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí; Pesca en Mazatlán, Sinaloa; Ganadería en Jalisco; Minería en Chihuahua.

Así como Recursos Forestales en Durango; en Puebla la Secretaría de Educación Pública; la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas donde están las Hidroeléctricas; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; Energía en Tabasco; Medio Ambiente en Yucatán; Turismo en Chetumal, Quintana Roo. Curiosamente, López Obrador nada dijo sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, que según su lógica debiera estar situada en donde exista más presencia militar en el país, o la Secretaría de Marina Armada de México, que bajo esa misma lógica debiera estar en alguna zona marítima y no en el centro del país, como ahora mismo ocurre.

Dentro de la argumentación para justificar su planteamiento, López Obrador dijo que es necesario descentralizar el gobierno federal de la Ciudad de México, “porque después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se demostró que no se puede concentrar la población sólo en la capital de la República, hay mucha fragilidad y con los siniestros se perdieron muchas vidas”.

¿De verdad podemos suponer que con esa descentralización administrativa del centro del país, se va a estimular todo lo que ahora dice Andrés Manuel López Obrador? ¿De verdad ese es un problema de índole administrativo, y no un asunto más bien relacionado con el modelo de desarrollo tan desigual que ha imperado en nuestro país?

DESARROLLO DESIGUAL

Vale la pena la reflexión: a nivel jurídico-político, nuestro federalismo tiene apenas unos años de —medio— haberse logrado en cuanto al acotamiento —también relativo— del poder presidencial; pero también porque todos los días podemos darnos cuenta de que, en diversas materias —la económica, y la del desarrollo son centrales en todo eso—, sigue predominando el centralismo que —según— tanto hemos luchado por combatir. ¿Por qué?

Porque, por ejemplo, más del 30 por ciento del total de la población nacional, vive en las tres o cinco ciudades más importantes de la República Mexicana. A diferencia de un federalismo como el estadounidense, en México sólo tenemos como centros económicos potenciales a tres ciudades —la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara—, mientras que en los Estados Unidos de América ese potencial no sólo se reduce a Nueva York o Washington. Tanto del lado del Océano Atlántico, como del Pacífico, tienen potencias económicas (Illinois, Texas o California, por citar dos ejemplos). Así pues, Estados Unidos tiene potencias económicas que no son consecuencia más que de una distribución presupuestal más igualitaria, honesta y equitativa.

Pero no sólo eso. En México existen 32 entidades federativas, en las que abundan las desigualdades en cuanto al reparto del dinero público. Lo mismo ocurre con los 2440 municipios habientes en México: el gobierno federal —que es quien reparte la riqueza pública— sólo se encarga de “tener contentos” a los cien municipios más ricos, repartiéndoles grandes cantidades de dinero; y de hacer más o menos lo mismo con los 100 más pobres, por razones políticamente correctas de apoyo a las zonas más marginadas. Sólo que, en medio, deja en la total desatención a la gran, gran mayoría de las demarcaciones territoriales básicas, que es en donde se concentra la mayor parte de la población del país, que sigue viviendo un desarrollo mediocre que tiene raíces mucho más profundas que el solo hecho de que la sede del gobierno federal está depositada en la Ciudad de México.

Se puede argumentar a favor del federalismo en México, quizá como la opción más viable para atajar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho al país. Pero no se puede decir que ese federalismo sea exitoso cuando existen abundantes problemas de orden social que no han sido resueltos.

No puede ser así, tampoco, cuando el propio federalismo mal entendido en el otro extremo, ha convertido a los gobernadores en auténticos virreyes que pueden hacer y deshacer a discreción dentro de los territorios que gobiernan, o cuando los ayuntamientos se aparecen ya como meras figuras administrativas, que no gozan de la importancia, del sustento jurídico y del potencial suficiente como para detonar el desarrollo de los municipios. Situaciones similares se derivan en cuanto a la imposibilidad de generar empleos, educación de calidad, servicios suficientes y competentes de salud, o un sistema de distribución de la riqueza que causara menos estragos o desigualdades sociales.

UBICACIÓN NO ES EFICACIA

Por esa razón, el planteamiento reciente de Andrés Manuel López Obrador tendría que ser visto no sólo como un tema de descentralización administrativa, sino sobre todo como una cuestión que lejos de beneficiar a la administración pública la tornaría caótica y sólo redistribuiría los mismos problemas que tiene hoy la capital del país, porque la cuestión más compleja no es en dónde se encuentra su sede sino cuánta capacidad tiene para resolver los problemas que se le plantan ante sí. Por eso, bajo esa misma lógica, si ahora la SEP se encontrara en Puebla, ahí irían las protestas magisteriales; los campesinos irían a protestar no a la capital, sino a Ciudad Obregón. Y así, infinitamente.

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