Las denuncias de Corral deb铆an propiciar una nueva discusi贸n sobre federalismo fiscal

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La denuncia hecha por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto al presunto condicionamiento del acceso a recursos federales, por parte de la Secretar铆a de Hacienda en represalia por haber iniciado investigaciones sobre desv铆os a acciones electorales, deber铆a sobrepasar el chisme y la intriga propia de los tiempos electorales, para inscribirse en la necesaria discusi贸n de un nuevo federalismo fiscal. En los 煤ltimos a帽os, hemos sido testigos de un proceso regresivo de centralizaci贸n tributaria. Y solo por eso, las denuncias de Corral 鈥攕ean ciertas o no, como ya lo parece鈥 deb铆an ser suficientes para impulsar este tema pendiente en la agenda p煤blica mexicana.

En efecto, Uno de los temas m谩s pol茅micos y menos atendidos del proceso de reformas emprendidas por el PRI a su regreso al poder presidencial, es la marcad铆sima tendencia a la recentralizaci贸n de varios de los procesos m谩s importantes de la vida p煤blica en nuestro pa铆s. A pesar de que M茅xico es una rep煤blica federal 鈥搎ue se supone que est谩 compuesta por estados libres que se unen para formar un gobierno superior, que a su vez tenga la misi贸n de proveer fortaleza e igualdad a cada una de esas partes integrantes鈥 lo cierto es que en M茅xico hemos vivido un federalismo aparente, que hoy agoniza.

As铆, vale la pena revisar que el proceso de reformas 鈥攅ducativa, fiscal, en telecomunicaciones, y pol铆tica鈥 tiene como com煤n denominador la vocaci贸n del gobierno federal por retomar el control de 谩reas que a煤n parcialmente hab铆a ido entregando a los estados y municipios para que 茅stos enfrentaran.

Y es que en la inmediatez de los hechos, este proceso de recentralizaci贸n tiene dos lecturas paralelas, e inversamente proporcionales. En la primera, la federaci贸n parece retomar el control de esas tareas para llevar a cabo un proceso de revitalizaci贸n de esas 谩reas con mayor vigor y con un sentido m谩s ordenado. Pero en la segunda, la lecci贸n parece ser de reproche y arrebato en contra de las entidades federativas, porque pareciera que el mensaje de la federaci贸n es que como 茅stas fracasaron en esas tareas, ahora debe venir la misi贸n federal de rescate para recomponer todo.

De hecho, ese proceso de recentralizaci贸n se ve con detalle en diversos temas. En el 谩mbito educativo, por ejemplo, pasa por el hecho de que el gobierno federal reasumir谩 su papel de patr贸n en la relaci贸n laboral con los profesores del pa铆s. Esa tarea de descentralizaci贸n la hab铆a comenzado cuando a inicios de los a帽os noventas, el gobierno federal entreg贸 a varios estados del pa铆s la tarea de conducir los procesos administrativos relacionados con la educaci贸n.

驴La reforma fiscal no pas贸 por ese proceso de recentralizaci贸n? Este es el caso m谩s dram谩tico, porque la 煤ltima reforma fiscal no recentraliz贸, sino que confirm贸 la centralizaci贸n casi total que ya exist铆a. Esto porque seg煤n lo rese帽a Lida Sotres en un interesante art铆culo publicado en el blog de la revista Letras Libres (http://bit.ly/SiSCk2), la carga fiscal del gobierno federal supera por mucho la de los gobiernos estatales y municipales: entre 16% y 17% entre los a帽os 2010 y 2012, mientras que en los estados y municipios este porcentaje no alcanza la unidad, a煤n y cuando se les ha dotado de mayores potestades tributarias para fortalecer sus finanzas.

DEPENDENCIA FEDERAL

Esto, dice, aunado a la concentraci贸n de ingresos fiscales en el gobierno central, ha llevado a los estados y municipios a depender en gran parte de los ingresos por participaciones. En promedio, para el caso de los estados esta dependencia se ubica alrededor del 28%-30% de sus ingresos totales, mientras que en los municipios es ligeramente mayor (33%). Aunque estos porcentajes pueden llegar al 90% en algunos casos individuales.

Ante la imperante necesidad de allegarse de recursos por otras v铆as, los estados y municipios han optado por financiarse a trav茅s del endeudamiento. Sin embargo, la utilizaci贸n de deuda por parte de los gobiernos locales puede ser un arma de doble filo, ya que en algunos casos pueden sobreendeudarse y llegar a una situaci贸n de imposibilidad de pago, obligando al gobierno central a salir al rescate.

La reforma social y hacendaria presentada por la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico a finales del a帽o pasado 聽y aprobada por el Congreso de la Uni贸n pretende 鈥揺n t茅rminos generales鈥 incrementar la recaudaci贸n tributaria federal y destinar estos ingresos adicionales a la creaci贸n de un sistema universal de seguridad social, un seguro de desempleo, as铆 como a gasto social y de infraestructura. Sin embargo, algunas de las medidas propuestas incluyen un incremento en impuestos a los trabajadores formales y un esquema fiscal m谩s costoso para las empresas privadas, lo que promueve la informalidad laboral, desincentiva la inversi贸n y por lo tanto el crecimiento econ贸mico. Adem谩s, solo una peque帽a parte de los ingresos adicionales (menos del 4%) se destinar谩n a la creaci贸n de la pensi贸n universal, lo que se cree resultar谩 insuficiente para generar un impacto significativo en el bienestar de la poblaci贸n.

Todo esto tiene amplia relaci贸n con lo denunciado por Corral, a partir de una cuesti贸n: argumenta que la Secretar铆a de Hacienda le condicion贸 la entrega de recursos que le corresponden por ley. La dependencia federal argument贸 que no hubo tal condicionamiento, y que adem谩s lejos de haberle condicionado o retenido participaciones, 茅stas se hab铆an incrementado durante el periodo se帽alado por el Gobernador de Chihuahua. Nada de esto habr铆a ocurrido si existiera, por un lado, mayor claridad en el proceso de entrega de los recursos captados por concepto de impuestos; y, por el otro, habr铆a tambi茅n menos injerencia y relaci贸n tributaria entre la federaci贸n y los estados, si 茅stos tuvieran mayores facultades de cobro y no dependieran de otros para cumplir con sus responsabilidades recaudatorias.

En este contexto poco claro, existen sin embargo cuestiones que deben ser debatidas a fondo. Es grave el se帽alamiento que realiza Hacienda en el sentido de que podr铆a estar siendo objeto de un chantaje o de una extorsi贸n respecto a la entrega de recursos; tambi茅n es grave que se diga que todo esto tiene como tel贸n de fondo una vendetta de orden pol铆tico por los tiempos electorales. En cualquier caso, todo esto es consecuencia de la poca claridad y el exceso de espacios vac铆os en la relaci贸n tributaria de los estados y la federaci贸n.

NO HAY GARANT脥AS

Nada supone que todo esto se discutir谩, aunque es no s贸lo necesario sino indispensable. Los estados no deben mendigar recursos a la federaci贸n, pero tambi茅n deber铆an reconocer que deben recaudar m谩s y mejor. Ese deber铆a ser el fondo de la discusi贸n.

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