Las denuncias de Corral debían propiciar una nueva discusión sobre federalismo fiscal

MEX205. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 08/01/2018.- El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral (c), acompañado por legisladores, y activistas, participa en una rueda de prensa hoy, lunes 8 de enero de 2018, en Ciudad de México (México). Corral denunció una represalia económica del gobierno federal por su lucha anticorrupción. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La denuncia hecha por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto al presunto condicionamiento del acceso a recursos federales, por parte de la Secretaría de Hacienda en represalia por haber iniciado investigaciones sobre desvíos a acciones electorales, debería sobrepasar el chisme y la intriga propia de los tiempos electorales, para inscribirse en la necesaria discusión de un nuevo federalismo fiscal. En los últimos años, hemos sido testigos de un proceso regresivo de centralización tributaria. Y solo por eso, las denuncias de Corral —sean ciertas o no, como ya lo parece— debían ser suficientes para impulsar este tema pendiente en la agenda pública mexicana.

En efecto, Uno de los temas más polémicos y menos atendidos del proceso de reformas emprendidas por el PRI a su regreso al poder presidencial, es la marcadísima tendencia a la recentralización de varios de los procesos más importantes de la vida pública en nuestro país. A pesar de que México es una república federal –que se supone que está compuesta por estados libres que se unen para formar un gobierno superior, que a su vez tenga la misión de proveer fortaleza e igualdad a cada una de esas partes integrantes– lo cierto es que en México hemos vivido un federalismo aparente, que hoy agoniza.

Así, vale la pena revisar que el proceso de reformas —educativa, fiscal, en telecomunicaciones, y política— tiene como común denominador la vocación del gobierno federal por retomar el control de áreas que aún parcialmente había ido entregando a los estados y municipios para que éstos enfrentaran.

Y es que en la inmediatez de los hechos, este proceso de recentralización tiene dos lecturas paralelas, e inversamente proporcionales. En la primera, la federación parece retomar el control de esas tareas para llevar a cabo un proceso de revitalización de esas áreas con mayor vigor y con un sentido más ordenado. Pero en la segunda, la lección parece ser de reproche y arrebato en contra de las entidades federativas, porque pareciera que el mensaje de la federación es que como éstas fracasaron en esas tareas, ahora debe venir la misión federal de rescate para recomponer todo.

De hecho, ese proceso de recentralización se ve con detalle en diversos temas. En el ámbito educativo, por ejemplo, pasa por el hecho de que el gobierno federal reasumirá su papel de patrón en la relación laboral con los profesores del país. Esa tarea de descentralización la había comenzado cuando a inicios de los años noventas, el gobierno federal entregó a varios estados del país la tarea de conducir los procesos administrativos relacionados con la educación.

¿La reforma fiscal no pasó por ese proceso de recentralización? Este es el caso más dramático, porque la última reforma fiscal no recentralizó, sino que confirmó la centralización casi total que ya existía. Esto porque según lo reseña Lida Sotres en un interesante artículo publicado en el blog de la revista Letras Libres (http://bit.ly/SiSCk2), la carga fiscal del gobierno federal supera por mucho la de los gobiernos estatales y municipales: entre 16% y 17% entre los años 2010 y 2012, mientras que en los estados y municipios este porcentaje no alcanza la unidad, aún y cuando se les ha dotado de mayores potestades tributarias para fortalecer sus finanzas.

DEPENDENCIA FEDERAL

Esto, dice, aunado a la concentración de ingresos fiscales en el gobierno central, ha llevado a los estados y municipios a depender en gran parte de los ingresos por participaciones. En promedio, para el caso de los estados esta dependencia se ubica alrededor del 28%-30% de sus ingresos totales, mientras que en los municipios es ligeramente mayor (33%). Aunque estos porcentajes pueden llegar al 90% en algunos casos individuales.

Ante la imperante necesidad de allegarse de recursos por otras vías, los estados y municipios han optado por financiarse a través del endeudamiento. Sin embargo, la utilización de deuda por parte de los gobiernos locales puede ser un arma de doble filo, ya que en algunos casos pueden sobreendeudarse y llegar a una situación de imposibilidad de pago, obligando al gobierno central a salir al rescate.

La reforma social y hacendaria presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del año pasado  y aprobada por el Congreso de la Unión pretende –en términos generales– incrementar la recaudación tributaria federal y destinar estos ingresos adicionales a la creación de un sistema universal de seguridad social, un seguro de desempleo, así como a gasto social y de infraestructura. Sin embargo, algunas de las medidas propuestas incluyen un incremento en impuestos a los trabajadores formales y un esquema fiscal más costoso para las empresas privadas, lo que promueve la informalidad laboral, desincentiva la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Además, solo una pequeña parte de los ingresos adicionales (menos del 4%) se destinarán a la creación de la pensión universal, lo que se cree resultará insuficiente para generar un impacto significativo en el bienestar de la población.

Todo esto tiene amplia relación con lo denunciado por Corral, a partir de una cuestión: argumenta que la Secretaría de Hacienda le condicionó la entrega de recursos que le corresponden por ley. La dependencia federal argumentó que no hubo tal condicionamiento, y que además lejos de haberle condicionado o retenido participaciones, éstas se habían incrementado durante el periodo señalado por el Gobernador de Chihuahua. Nada de esto habría ocurrido si existiera, por un lado, mayor claridad en el proceso de entrega de los recursos captados por concepto de impuestos; y, por el otro, habría también menos injerencia y relación tributaria entre la federación y los estados, si éstos tuvieran mayores facultades de cobro y no dependieran de otros para cumplir con sus responsabilidades recaudatorias.

En este contexto poco claro, existen sin embargo cuestiones que deben ser debatidas a fondo. Es grave el señalamiento que realiza Hacienda en el sentido de que podría estar siendo objeto de un chantaje o de una extorsión respecto a la entrega de recursos; también es grave que se diga que todo esto tiene como telón de fondo una vendetta de orden político por los tiempos electorales. En cualquier caso, todo esto es consecuencia de la poca claridad y el exceso de espacios vacíos en la relación tributaria de los estados y la federación.

NO HAY GARANTÍAS

Nada supone que todo esto se discutirá, aunque es no sólo necesario sino indispensable. Los estados no deben mendigar recursos a la federación, pero también deberían reconocer que deben recaudar más y mejor. Ese debería ser el fondo de la discusión.