Los sindicatos en Oaxaca emulan a la S-22 en la ilegalidad de sus acciones de protesta

Es increíble cómo una facción sindical que no cuenta con reconocimiento legal ni toma de nota, es capaz de cerrar toda una institución y mantenerla así para forzar una negociación que, a su vez, no es reconocida por el grupo mayoritario del mismo sindicato. Eso, que pudiera resultar increíble, es algo que cotidianamente ocurre en Oaxaca con los gremios y las instituciones, a las que presionan a pesar de no contar con el respaldo legal para hacerlo, sino sólo la fuerza y la organización de sus agremiados. Es una de las varias herencias de ilegalidad que le ha dado a Oaxaca la Sección 22 del SNTE.

En efecto, desde la semana pasada el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) emplazó legalmente a huelga a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Luego de que el rector Eduardo Bautista Martínez estableciera mesas de trabajo y entablara acuerdos con la mayoría sindical, el STAUO anunció que se desistiría de la huelga siempre que se cumplieran algunas condiciones que la administración central no tuvo mayor empacho en conceder porque no implicaban una carga financiera desbordada para las finanzas universitarias.

No obstante, hubo una facción radicalizada del STAUO la que decidió no hacer eco a la decisión tomada por la mayoría sindical. Así, a pesar de ser un grupo minoritario, decidieron tomar las instalaciones universitarias, encadenar todos sus accesos e instalar banderas rojinegras como si se tratara de una huelga. En realidad no era así, porque además de no ser la dirigencia sindical, ni contar con la toma de nota, ni tener a la mayoría de los agremiados, y tampoco haber seguido el procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo para el estallamiento legal de una huelga, ellos lo simulan de ese modo cuando en realidad de lo que se trata es de un paro unilateral de labores motivada en la intención de generar presión para lograr una negociación política.

En ese sentido, vale la pena recordar que la toma de nota de Comité Directivo, es el documento que expide una Autoridad Laboral, por el que da fe de la elección de los directivos de una organización sindical (sindicato, federación o confederación). En ella se indica que derivado del cumplimiento del proceso de elección establecido en sus estatutos, diversos miembros fueron elegidos para integrar al comité directivo de dichas organizaciones, los cuales van a representarlos ante autoridades y empresas, entre otros. De entrada, el STAUO enfrenta el problema de la división interna, y de que el grupo que mantiene tomada la Universidad no es quien cuenta con la toma de nota.

Esa es la razón por la que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Francisco Martínez Sánchez, dijo que declaró inexistente la huelga en la UABJO, porque el grupo interno del Sindicato de Trabajadores Académicos que inició el paro de labores y la toma de instalaciones universitarias, carece de su toma de nota, y en consecuencia no tiene la figura legal para exigir a la rectoría la revisión de su contrato colectivo de trabajo y en consecuencia, emplazar y estallar a una huelga general.

“El gremio tiene un problema interno, no han definido en la ley a su dirigente, el STAUO se dividió en dos fracciones, y no se han puesto de acuerdo para definir la titularidad de su comité seccional, y por ello, al existir una incertidumbre interna en el gremio, un vació legal, la junta laboral no puede otorgar la toma de nota al sindicato”.

Martínez Sánchez, afirmó que para el gremio pueda emplazar a huelga la UABJO, deben acreditar su personalidad jurídica ante la Junta Laboral. Afirmó que la UABJO, puede presentar una demanda para recuperar y exigir la devolución y entrega de sus instalaciones, ya que no hay una huelga jurídica, sino una huelga de facto, e instó a la autoridad universitaria actuar con inteligencia, valiendo una salida política al conflicto, dialogando con las partes para instar a que depongan actitudes y opten por la entrega de las instalaciones universitaria de forma pacífica.

Sin embargo el abogado general de la UABJO Héctor Sánchez, dijo que se presentará una denuncia por despojo de las instalaciones, para que por orden judicial se pueda exigir su devolución y entrega, lo cual no sería extraño que sí pudiera ocurrir ante la ilegalidad de las acciones emprendidas por dicho grupo de trabajadores, enmascaradas en la apariencia de una huelga.

HERENCIA MALDITA

¿Cómo puede ocurrir algo así, a la vista de todo, y que no ocurra nada? La explicación debemos ir a buscarla en la forma en cómo ha actuado el sindicato más grande y organizado que existe en Oaxaca, y que es la Sección 22 del SNTE. Ellos, que recientemente pelearon arduamente porque les extendieran la toma de nota a su dirigencia sindical, en realidad lo hacen porque a través de esa toma de nota —que encierra el reconocimiento a sus representantes— es como pueden acceder a los recursos económicos captados por concepto de las cuotas sindicales que les descuentan a sus agremiados.

Ahí radica su interés, pero no que ese reconocimiento sirva para llevar a cabo procedimiento legal alguno para emplazar a huelga o realizar cualquier acción legal en contra del patrón —que en este caso son el gobierno federal, y el estatal, en lo que los corresponda según sus respectivos ámbitos de competencia. De hecho, la 22 nunca se ha preocupado por estallar una huelga legalmente, sino que todas sus acciones y conquistas sindicales las ha conseguido por la vía de la movilización, de la fuerza y de la organización, desdeñando por completo cualquier cosa que tenga que ver con procesos legales para lograrlo.

BASES ILEGALES

Esto es algo que resulta por demás palpable en Oaxaca, aunque en realidad ya a nadie le importa. El gobierno estatal, históricamente ha estado preocupado por reaccionar a cualquiera de las acciones de presión emprendidas por el magisterio, sin revisar si éstas tienen alguna base legal. De hecho, nunca la han tenido. Sin embargo, por un lado eso ha pasado a segundo plano porque lo que al gobierno le ha preocupado siempre es conseguir que esas movilizaciones no se conviertan en problemas sociales; y, por el otro, tampoco le ha dado mucha importancia porque —según quedó demostrado en 2006, cuando de forma desastrosa intentaron romper por la vía de la fuerza pública una acción de fuerza emprendida por el magisterio— el gobierno tampoco tiene a la fuerza policial suficiente como para recuperar la legalidad en un caso como esos. Así, queda claro que acciones como la que ahora lastima a la Universidad, en realidad es una herencia maldita de la 22, que otros aprovechan cotidianamente.