Personalidad del Bloqueador

Carlos R. Aguilar Jiménez.


A diferencia de la inmensa mayoría de ciudades civilizadas del mundo, Oaxaca se caracteriza lamentablemente por contar entre sus habitantes a miles de delincuentes potenciales que manifiestan y exhiben su rencor social, carencia de autoestima y ser hijos no deseados ni queridos por sus padres y familia, en el momento y circunstancia en que deciden formar parte de un bloqueo de calles y realizarlo agrediendo a quienes no tienen relación con sus mezquinos o válidos intereses

“El sufrimiento humano evitable, sobre todo el causado por personas inhumanas que no son capaces de arrepentirse y que ningún castigo podrá mejorarlos, sino en el peor de los casos, tornarse más agresivos y destructivos, escribe el Dr. Deimos Aguilar Jiménez, en su libro: “Fábrica de Delincuentes” siendo esta la característica del perfil o personalidad del bloqueador de calles, secuestrador de oficinas o personas, como delincuentes que, siguiendo el argumento de mi hermano psiquiatra Deimos Aguilar, en su libro, no tienen idea de lo que valen y están firmemente convencidos de que son una basura o valen poca cosa, percibiendose a sí mismos de una manera devaluada y que, por supuesto, siempre han comparado con los que ellos creen son más: “yo quisiera ser el, tener lo que él tiene, tener la mujer de el, tener la familia que tiene, pero, como no puede, trataran de quitarle lo que tiene el y si puede lo va a matar o hacerle sufrir; porque ellos son felices, muy felices y ellos no”. Además -a los bloqueadores- poco le importan los sentimientos ajenos, al fin que los propios sentimientos a nadie le importaron , y, efectivamente, como indica el Dr. Deimos Aguilar, la gente que bloquea, despoja a camioneros de su vehículo para cerrar calles o carreteras, que se apropia de casetas de cobro en autopistas, pinta paredes de edificios con consignas, no permiten circulen ambulancias con heridos y agreden y golpean brutalmente a quienes intentan pasar sus bloqueos o queman vehículos, edificios y asaltan camiones de reparto, son delincuentes, por supuesto, hay categorías, desde el que roba por hambre hasta el político infame que saquea al país, pero de cualquier forma todos los son, porque el robo, crimen, despojo, secuestro o bloqueos son delitos, aunque algunos se disfracen de lucha o acción social social, así que más allá de anécdotas, intereses particulares, de grupo social o sindical (Secta 22 o CTM), si usted o alguien a quien conoce a participado alegremente en un bloqueo o agresión a los demás, es un delincuente le guste o no, porque si se viola o agrade a inocentes, se violan derechos, cometen infracciones, terrorismo, atentados a las leyes, eso son delitos y eso define la personalidad del bloqueador de calles, como la de los profes de Oaxaca.y otros.   

Amnistía de AMLO, es persistir en el error de calificar como ‘una guerra’, el combate al crimen organizado

Desde hace una semana, todos los personajes intelectualmente robustos que se encuentra alrededor del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han reforzado las explicaciones y razonamientos respecto a la amnistía que el tabasqueño podría darle a los implicados en los actos criminales de los últimos años, que han dejado una estela de muerte, miedo y desolación a lo largo del país. Todas sus explicaciones se fundan en el planteamiento lógico de la urgencia de la reconciliación nacional. Sin embargo, lo que equivocan es el fundamento de la amnistía, porque —quién sabe si deliberada o accidentalmente— persisten en considerar como una guerra, lo que en realidad han sido siempre actividades criminales. En esa aparente confusión conceptual, está todo lo que ninguno de los aliados de López Obrador alcanza a explicar.

En efecto, desde hace varios meses el Candidato Presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, dejó ver la posibilidad de impulsar una Ley de Amnistía que considerara a todos los implicados en actividades criminales, para ofrecerles una salida a la vida delictiva que habían ejercido en los últimos años. La medida fue aplaudida por algunos, pero evidentemente rechazada por todos aquellos que no consideran como una posibilidad que el Estado perdone a criminales en aras de un proceso de reconciliación nacional, máxime porque los delitos que se han cometido en la última docena de años, desde que el gobierno del presidente Felipe Calderón declaró una cruzada contra la delincuencia organizada —calificándola desde entonces como una “guerra”—, han sido de los más violentos y dolorosos para millones de personas en diversas regiones del país.

En ese sentido, desde que el presidente Calderón denominó como “guerra” las acciones que emprendería a través de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas, en contra de los grupos criminales, se advirtió los riesgos de utilizar ese término, que es propio de los conflictos bélicos que ocurren entre sujetos políticamente legitimados, para denominar la persecución de delitos por parte del Estado en contra de personas que esencialmente estaban violando la ley por una razón de provecho y lucro económico, pero sin tener una base legítima o un fin social con sus acciones criminales.

De hecho, la posibilidad más aceptada para el uso del término “guerra” ocurre cuando dos naciones —que son entes soberanos— reclaman un derecho legítimo, que al no poder resolverlo por la vía diplomática, hacen uso de la fuerza bélica en el marco del derecho de guerra que es reconocido en el orden internacional. Junto al conflicto entre naciones, el término guerra también se utiliza cuando algún conflicto político escala hacia la vía violenta dentro de un mismo Estado. Es caso de las guerras civiles, las revoluciones, u otros movimientos armados que, incluso la guerrilla, tienen como fondo un interés o cuestión política que se está dirimiendo a través de las armas.

El problema es que nada de lo que ha pasado en los últimos años en México, tiene esas características. Aquí no han ocurrido movimientos armados con fines políticos, sino simplemente acciones de delincuencia organizada que han escalado a niveles escalofriantes. Aún así, hay quienes afirman que el derecho a la amnistía es legítimo, y que ello sería el camino para pavimentar la reconciliación nacional.

Ponen como ejemplo los tiempos de Juárez, en los que impulsó una amnistía general en contra de los traidores a la patria que habían respaldado al Imperio de Maximiliano. De nuevo: es cierto que el derecho a la amnistía es legítimo y es constitucional. Sin embargo, nada tiene que ver el antecedente de aludido en la restauración de la República luego del Segundo Imperio, con lo que ha pasado en México en los últimos años, en donde las acciones criminales no han tenido ninguna intención política, sino simplemente ejercer violencia y terror para obtener ganancias económicas de ello.

AMNISTÍA

Existen pocos antecedentes jurisprudenciales en México sobre la amnistía. Sin embargo, una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su quinta época, da luces importantes sobre cómo debe comprenderse la naturaleza jurídica y los efectos de la amnistía.

Dicha tesis (Semanario Judicial de la Federación Tomo LX Pág. 1017. Quinta época. Registro digital: 330276) señala que “la amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, invalida la misma condena.

“Los sentenciados a penas corporales, recobran su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de los daños y perjuicios causados.

“La amnistía tiene como característica, que a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por la sola comisión del delito o por una condena, habían perdido. Por tanto, si la condición para el reingreso al ejército, de un militar acusado de un delito, era el sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley de amnistía, tal condición ha quedado cumplida, y si no se ha formado el expediente administrativo para darle de baja, no surte efectos, por lo que la negativa para que tal militar reingrese al ejército, es violatoria de garantías.”

PERDÓN SIN JUSTICIA

Queda claro, con ello, que la amnistía tendría que ser general y por delitos políticos. Ahí está, en esencia, el quid de la reconciliación después de un periodo de conflicto político. En un caso como éste, en el que el enemigo (el crimen organizado) es por naturaleza ilegítimo, amorfo e indeterminado, emitir una ley de amnistía implicaría un doloroso “borrón y cuenta nueva” para millones de personas, que han sido víctimas de la delincuencia en todos sus niveles (desde la común, hasta los cárteles) y que quién sabe si estén a favor de una reconciliación sin justicia, como la que pretenden argumentar y justificar los partidarios de López Obrador.

Poder Judicial fortalece trabajo conjunto en beneficio de la niñez

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deben ser reconocidos y puestos en práctica

Difundir y generar conciencia sobre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es fundamental para consolidar un desarrollo social.  Con esta idea, la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO) que dirige el Maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz, realizó la Jornada de Capacitación Interactiva: “Niñas, niños y adolescentes como sujetos de Derecho”, en el marco del Día del Niño y la Niña que se celebra  el 30 de abril.

La actividad, realizada el viernes pasado en el Auditorio del Palacio de Gobierno consistió en la presentación de ponencias sobre los derechos de los menores de edad realizadas por representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), todas moderadas por Elizabeth Rivera Arrazola, encargada del Departamento de Promoción de Derechos Humanos del PJO.

En su intervención con la ponencia “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños  adolescente”, Lesly Alexia Ramírez, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, señaló la importancia de tomar en cuenta las necesidades de los infantes en cada etapa del proceso para no revictimizarlos y generarles momentos de angustia.

“Se deben tomar en cuenta las características específicas de cada etapa que viven las niñas, niños y adolescentes para que estén en igualdad de condiciones, no podemos verlos como adultos, debemos atender las características específicas de cada etapa de su desarrollo, desde lo cognitivo, psicológico y emocional”, apuntó Alexia Ramírez, representante de la SCJN.

Puntualizó que es necesario que los juzgadores y en sí, todo el proceso judicial, tome en cuenta que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos durante cada etapa del proceso, por lo que se requieren especialistas que entiendan el actuar de los menores de edad, así como espacios adecuados desde la sala de espera y los sitios de interrogatorio.

En este sentido, expuso que para la Ley, las niñas y niños como menores de 12 años y adolescentes a partir de 12 años hasta menores de 18 años, que de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas, señala en tres grandes rubros los derechos de los menores: Derecho a la supervivencia y desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participación.

Por su parte, María Cristina Salazar, Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), puntualizó que en 1990 México reconoce a los menores de 18 años como sujetos de derechos, lo cual no significa hacerles un favor, sino ponerlos en práctica.

“El cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se hace desde la perspectiva de los adultos, sus actividades, sus decisiones y sus acciones. Los derechos de la infancia dependen de los adultos, por tanto se debe trabajar para su reconocimiento y ponerlos en práctica”, comentó Salazar Acevedo

Por su parte, Jorge Arturo Vásquez Trinidad, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, indicó que a través de elecciones escolares se promueve el derecho de participación y decisión en los niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es formar ciudadanía, que los menores se sientan escuchados y se apropien de los espacios públicos.

“Se cree que los niños, niñas y adolescentes son una parte privada de sus padres y sus elecciones dependen de su familia, cuando son sujetos de derechos que deben ser tomados en cuenta”, dijo Vásquez Trinidad.

Al finalizar las ponencias, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Director de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, entregó un reconocimiento por su participación a cada ponente y enfatizó la importancia de reconocer y practicar los derechos de los menores de edad.

El Bronco, una somera revisión a los argumentos jurídicos que permitieron su desenfrenada candidatura

Uno de los que verdaderamente llama la atención como candidato presidencial, por su poco compromiso con la Constitución, con la democracia y con el Estado de Derecho, es Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Como político tuvo la virtud de demostrarle al país que sí era posible que una candidatura independiente lograra acceder al poder público venciendo al sistema de partidos. Pero quizá en una similitud con Vicente Fox —que tuvo la virtud de lograr la primera alternancia de partidos en la Presidencia de la República luego de siete décadas de reinado priista—, Rodríguez Calderón ha sido un fiasco como gobernante y como político, inversamente proporcional a su éxito como candidato.

En efecto, dentro de toda esa vorágine de interrogantes que ha generado la inusitada resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le permitió a Rodríguez Calderón el registro como candidato presidencial independiente, hay algunos argumentos que vale la pena ser revisados porque, mal que bien, resultan un primer precedente en ese sentido que después servirá para apuntalar otras decisiones que pudiera tomar la autoridad electoral en materia jurisdiccional, en casos más o menos similares.

Por ese solo hecho, es importante revisar algunos de los argumentos más importantes vertidos para justificar esta decisión, y que podrían ser parámetro para decisiones que quién sabe qué tan bien o mal le vengan a nuestra sufrida democracia en los años por venir, considerando que no hemos tenido ni los mejores candidatos ni las mejores campañas, ni las mejores autoridades electorales y, valga decirlo, tampoco las mejores prácticas democráticas de los últimos tiempos. Y, en eso, quién sabe qué más falte.

En ese sentido, vale la pena seguir las coordenadas que marca Bárbara Torres Méndez en la edición electrónica de la revista Nexos (https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=8248), quien sostiene de manera enfática que la sentencia del Tribunal Electoral que abrió paso a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez “el Bronco” está repleta de garantismo y conceptos similares cuyo único fin es hacernos creer que la decisión de la mayoría del Tribunal respalda la maximización de derechos, las interpretaciones progresivas de la mano del principio pro personay argumentos equivalentes. Los cuales tuvieron para estos magistrados un peso mayor frente a la certeza y legalidad del proceso electoral.

En esa lógica, Torres hace la advertencia de que el garantismo, que no es otra cosa sino una forma de pensar, entender, interpretar y explicar el derecho, tiene su razón de ser ante la necesidad de acotar el ejercicio del poder público. Sin embargo, éste puede tener efectos nocivos,1 entre los que se encuentra la posibilidad de que los jueces escapen de los vínculos constitucionales para impartir una justicia más bien cercana a la arbitrariedad en una especie de “garantismo espurio”. Veamos rápidamente de qué lado se encuentra la decisión de nuestro máximo órgano electoral, tomando como base el único argumento validado por el Tribunal consistente en que el INE violó el derecho de audiencia del entonces aspirante.

LOS ARGUMENTOS

El Bronco, dice Torres Méndez, impugnó la negativa de registro como candidato independiente a la presidencia de la República señalando en lo fundamental que el procedimiento de verificación de los apoyos instaurado por el INE no le permitió revisar la totalidad de las firmas que la autoridad administrativa calificó como inválidas, dejándoles en estado de indefensión  y en consecuencia fuera de la contienda.

De acuerdo con el razonamiento de la mayoría del Tribunal, la negativa del INE a que el aspirante revisara el universo entero de las firmas con inconsistencias resultó en una violación al derecho de audiencia en perjuicio de su candidatura, pues la autoridad debió concederle esta oportunidad pese a que la etapa de revisión preliminar estaba concluida.

“Pero, ¿qué implica el derecho de audiencia? Fundamentalmente dos cosas: por un lado, que un acto de autoridad no sea emitido sin antes permitir una defensa adecuada y, por otro, que lo anterior se cumpla previo ejercicio de una serie de garantías que debe cumplir todo procedimiento (ser escuchado, dentro de un plazo razonable, ante autoridad competente) que culmine con una resolución fundada y motivada por parte de la autoridad. La pregunta es: ¿tuvo o no derecho de audiencia Jaime Rodríguez? Revisemos.

El dictamen (resolución fundada y motivada) en el que el INE notificó al Bronco que no cumplía con el requisito del apoyo ciudadano para ser candidato a la presidencia, ocurrió una vez concluida la revisión de la totalidad de las firmas con inconsistencias por parte de su equipo. El aspirante revisó sus apoyos 12 veces en fase preliminar y una ocasión más en la revisión final de cinco días (plazo razonable) que el INE otorgó por igual al resto de los aspirantes. Esto es, que el ahora candidato tuvo la oportunidad de confrontar (ser escuchado) a la autoridad electoral respecto la veracidad de sus firmas un total de 13 ocasiones.

“Por otra parte, se señala que existió un impedimento probatorio que permitiera una defensa adecuada del actor, ya que la app no permitía un respaldo del apoyo ciudadano con el cual se pudiera contra argumentar a la autoridad. Sin embargo, se omite que el actor tenía posibilidad de dar un seguimiento diario a sus apoyos a través del portal Web en el que podía consultar el folio y el estado de cada una de sus firmas (posibilidad de defensa adecuada). Además, la revisión que se llevaba en conjunto con el INE (autoridad competente) era a partir de la muestra de cada uno de los respaldos.

“Ahora bien, lo natural de una afectación al derecho de audiencia, es conceder la posibilidad de reponer la etapa del procedimiento que se consideró violada para que el justiciable pueda hacer efectivo su derecho de defensa; sin embargo la preocupación mayor radica en la conclusión a la que arribó el recinto judicial, pues con un salto argumentativo francamente insostenible —eso sí, bautizado como extraordinario— la mayoría de los integrantes asumieron que existía una duda plausible para pensar que de habérsele permitido dicha revisión al aspirante, éste habría alcanzado las 16,656 firmas que le faltaron para cumplir con el requisito de apoyo ciudadano y, por tanto, la manera de restituir el daño era otorgándole la candidatura. No obstante, baste un ejemplo para corroborar la arbitrariedad judicial: en la misma sesión, con los mismos argumentos y ante alegatos idénticos, el tribunal concedió únicamente la posibilidad de verificar nuevamente las firmas del otro aspirante presidencial, Armando Ríos Piter (el Jaguar).

CONTRASENTIDO

Es un problema de fondo que una arbitrariedad se tape con otra. De ese tamaño es la resolución del Tribunal, que tiene hoy como candidato presidencial a un tipo —otro más— que, desde entonces y más ahora, ha demostrado un desprecio profundo por la ley y las instituciones del país.

Violencia al máximo

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Como si todo México fuera sección policíaca de periódicos y las unicas noticias importantes fuesen las de Nota Roja, al estilo de la antigua y célebre revista sensacionalista: Alarma, los noticieros radiofónicos, de tv y hasta las conversaciones y pláticas entre amigos, ahora giran y tratan de muertos, asesinatos, violaciones, feminicidios e inseguridad extrema, teniendo todos y cada uno de los habitantes de este país una historia o anécdota relacionada con asaltos, crímenes, secuestros, bloqueos, barricadas y hasta terrorismo magisterial, entre otros muchos delitos que a diario y casi de manera normal suceden, sin que, según las estadísticas se castigue y encarcele a los delincuentes, porque de 100 delitos perpetrados, únicamente tres son sancionados, así que la violencia en México y hasta en Oaxaca está llegando a un nivel máximo, extremo, espero hasta ahí, porque podía crecer y aumentar exponencialmente si continúa la corrupción e impunidad que caracteriza, no únicamente al gobierno, sino a mucha gente que pareciera normal,como taxistas o profes dispuestos siempre a la violencia, obviamente siempre en grupo y con alevosía y ventaja, nunca solos porque son cobardes.

La violencia e inseguridad en que vivimos, no deriva únicamente de la falta de autoridad oficial y ausencia de estado de derecho, sino que también de la paupérrima educación familiar y del hecho que la gente más devota y con alto nivel de ignorancia, tiene todos los hijos que Dios les mande, hijos no deseados, progenie no querida que, una vez se independice buscará para subsistir lo que encuentre, y como generalmente no se encuentran empleos y los pocos que hay pagan salarios miserables, para muchos jóvenes que de niños no los quisieron ni amaron sus padres, lo más fácil y práctico, es que se dediquen al crimen, ya sea individual u organizado, porque sin valores, ética o moral, sabiendo que además no tienen nada que perder, pasan a formar parte de las filas de la delincuencia sabiendo que de inmediato obtendrán dinero y todos los beneficios de ser malignos y protervos, sin miedo a las consecuencias porque no serán castigados, ni por su propia conciencia ni por el estado. No hay salida, la violencia crecerá y la población aumentará, porque probablemente todos los niños y niñas que vemos en cruceros como pedigueños, al crecer crecerán sus necesidades y, sin ningún valor o principio ético, creciendo silvestres y amorales, sin entender que existen leyes, ordenanzas y reglamentos para la convivencia social, porque no pertenecen a ella, al carecer de padres, tutores o guías, el camino fácil es la violencia, la ventaja del maligno, sin que exista ningún elemento de juicio o culpa que evite sean capaces de asesinar y luego disolver los cadáveres en ácido para que nunca los encuentren, y tan felices de su infame proceder.   

El titular del Poder judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho y la Presidenta del Capítulo Oaxaca, Barra Mexicana.

El titular del Poder judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho y la Presidenta
del Capítulo Oaxaca, Barra Mexicana. Colegio de Abogados A.C., Maestra
Edna Georgina Franco Vargas, suscribieron este viernes un convenio de
colaboración académica para la difusión de la cultura jurídica. El acto fue
atestiguado por el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, así
como académicos de diversas universidades, entre ellos el Rector de la
Escuela Libre de Derecho, Maestro Luis M. Díaz Mirón.