Adrián Ortiz Romero Cuevas
En las dos conferencias mañaneras que ha realizado ya en su calidad de Gobernador, Salomón Jara Cruz ha insistido en que el exgobernador Alejandro Murat no respetó los únicos acuerdos que habían tomado en el marco de la transmisión de poderes, para que no se entregaran más plazas de base en la administración estatal; para que no se otorgaran más patentes para fedatarios públicos; y para que no se autorizaran más concesiones de transporte público. Y aunque el Gobernador no fue específico en los datos dados a conocer, vale la pena revisar la información pública gubernamental existente, para que con eso podamos deducir algunas conclusiones respecto a las basificaciones.
En efecto, el gobernador Jara dijo que en términos globales la burocracia estatal creció en un 37 por ciento. Aunque no ofreció mayores datos, sí es posible saber cómo ha evolucionado el número de plazas de base otorgadas al menos en los últimos seis años. En el portal de transparencia del Gobierno del Estado, en lo relativo a la Secretaría de Administración, existen tablas publicadas que, año por año, van dando cuenta del ritmo de crecimiento de los servicios personales en general, y concretamente del personal basificado.
Así, por ejemplo, la información pública gubernamental establece que al 15 de diciembre de 2016 había 10 mil 681 trabajadores de base; la siguiente tabla publicada hace un corte al 31 de diciembre de 2018, estableciendo que para entonces había 10 mil 962 trabajadores basificados; al 31 de diciembre de 2019 este número creció a 11 mil 291; y que al 31 de diciembre de 2020 había ya 11 mil 641. Al 31 de diciembre de 2021 había 11 mil 937 trabajadores basificados. Y que al 30 de septiembre de 2022 esta cifra alcanzaba los 12 mil 265 empleados de base.
De todo esto, resulta interesante subrayar que la información pública gubernamental hace su último corte sesenta días antes del final de la administración del gobernador Murat. En una nota del diario El Imparcial se refiere que “de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración, al cierre del cuarto trimestre del 2020 reportó un total de 13 mil 586 trabajadores de base, adheridos al STPEIDCEO, quienes son los únicos que cada sexenio aseguran sus puestos en las diferentes dependencias gubernamentales”, dice la nota.
¿Qué significa esto? Que, si contrastamos los dos últimos datos referidos, resulta que en los dos últimos meses de la administración del gobernador Murat se otorgaron 1 mil 321 nuevas plazas de trabajo. Fuentes de la propia Secretaría de Administración, refieren que al final del gobierno muratista se cambió la modalidad de confianza a base a 846 trabajadores. E independientemente de revisar si esos cambios de modalidad fueron legal y válidamente realizados, aun así, habría 475 plazas que habrían sido de nueva creación únicamente en esa ventana de los sesenta últimos días de la gestión de Murat Hinojosa.
¿EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD?
Por un lado, y por una sola cuestión de línea del tiempo, en la última titular formal que fue Mariana Nassar Piñeyro; y por el otro, por la persona que durante ese último tramo fungió como encargado a raíz de una cuestión de salud que padeció la ahora ex titular de la Secretaría de Administración, y que responde al nombre de Raúl Arzate Libien.
Todo esto tendrá que ser revisado y contrastado a partir del posible quebranto a la Ley Federal de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios que entró en vigor en 2016, y que para el rubro de servicios personales (es decir, el personal contratado por el gobierno con cargo al gasto corriente) establece que los gobiernos estatales tienen el deber de observar que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, “tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: a) El 3 por ciento de crecimiento real, y b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando…”.
¿Qué significa esto? Que al existir esta disposición las entidades federativas no pueden legalmente autorizar el crecimiento desmedido de su personal contratado, aun cuando contaran con la suficiencia presupuestal para ello, ya que de existir excedentes la propia ley prohíbe la discrecionalidad en su disposición, y más bien señala cuál debe ser la prelación en el destino de esos recursos.
Y por eso no sólo se estaría cometiendo una serie de delitos si esas plazas fueron traficadas —vendidas— por funcionarios de la administración anterior, sino que incluso de no haber mediado un pago, de todos modos, se habría generado un quebranto a normas vigentes con las consecuencias —administrativas y penales— que todo ello habría de conllevar para las personas que las autorizaron.
Al final esta parece una oportunidad importante para ordenar y transparentar ese rubro del gasto público estatal, que hasta ahora sigue constituyendo una enorme interrogante para toda la ciudadanía. Igual que en lo relativo al otorgamiento de fiats y de concesiones del transporte público deberán poner la mayor atención para que esta oportunidad no termine en un fracaso más —porque hay muchos en los haberes locales— que impida que quien infringió la ley pague las consecuencias de sus actos. Veremos.
EPITAFIO
¿Y las demás bases? Nos lo preguntamos porque la Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración deben revisar con detalle no sólo la explosión demográfica de basificados en la administración centralizada, sino también en varias dependencias descentralizadas que tienen sus propios sindicatos y sus propias basificaciones. Si revisan bien, ahí se van a encontrar muchas, pero muchas sorpresas.
@ortizromeroc
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