AL MARGEN || CoIDH, el arraigo y la prisi贸n preventiva oficiosa: sus implicaciones con la justicia en Oaxaca

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Adri谩n Ortiz Romero Cuevas

Hace exactamente una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti贸 una sentencia en contra del Estado mexicano, en el que declara inconvencionales las figuras del arraigo y la prisi贸n preventiva oficiosa, y condena a nuestro pa铆s a dejar de aplicar y eliminar esas figuras jur铆dicas del marco constitucional vigente. Esto tendr谩 implicaciones jur铆dicas y jurisdiccionales de mediano y largo plazo. Pero vale la pena ver esta sentencia internacional, a la luz de algunos casos relevantes que ahora mismo est谩n ocurriendo en Oaxaca.

En efecto, es importante revisar algunos aspectos de lo resuelto hace ocho d铆as por la Corte Interamericana en el caso 鈥淭zompaxtle Tecpile y otros vs. M茅xico鈥. De acuerdo con el documento informativo emitido por la propia Corte, las violaciones a la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos 鈥攖ambi茅n conocida como Pacto de San Jos茅鈥 fueron cometidas en perjuicio de los se帽ores Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles L贸pez, y se produjeron en el marco de su detenci贸n y privaci贸n a la libertad, del proceso penal del cual fueron objeto, de una medida de arraigo que les fue impuesta, y del per铆odo durante el cual estuvieron en prisi贸n preventiva. Los hechos tuvieron lugar, dice el Tribunal, entre los a帽os 2006 y 2008.

Siguiendo el documento, el caso aborda el an谩lisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisi贸n preventiva. Por una parte, la figura del arraigo estaba contemplada en el C贸digo Federal Procesal Penal de 1999 y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996 para la 茅poca en que ocurrieron los hechos del presente caso. Esa figura fue modificada normativamente, y a partir del a帽o 2008, fue incorporada a la Constituci贸n Pol铆tica de M茅xico, la cual tambi茅n fue reformada con posterioridad 鈥攁ctualmente se encuentra en el octavo p谩rrafo del art铆culo 16 de la Constituci贸n federal. 

Por otro lado, la figura de la prisi贸n preventiva, que fue aplicada a las v铆ctimas del caso, se encontraba regulada en el C贸digo Federal Procesal Penal de 1999, y a partir del a帽o 2011 fue incorporada a la Constituci贸n Pol铆tica de M茅xico la figura de la prisi贸n preventiva oficiosa, figura que hoy mismo se encuentra vigente y contenida en el segundo p谩rrafo del art铆culo 19 de la Constituci贸n de la Rep煤blica.

驴Por qu茅 resulta relevante que la Corte Interamericana haya declarado inconvencionales dichas figuras constitucionales mexicanas? Lo es porque expresamente declara que, si bien son preceptos de la Constituci贸n, 茅stas son contrarias al Pacto de San Jos茅, el cual establece la prohibici贸n expresa de que una persona pueda ser arraigada o de que persista la figura de la prisi贸n preventiva en la que no medie una justificaci贸n y ponderaci贸n por parte de un juez.

Ante ello podr铆a argumentarse que la Constituci贸n es la ley m谩xima del pa铆s, y que por ende un tribunal internacional no puede declarar inv谩lido uno de sus preceptos. Dos cuestiones que habr铆a que considerar: primera, que desde 2011 el Estado mexicano reconoci贸 que tanto la Constituci贸n como los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, tienen la misma jerarqu铆a para su interpretaci贸n. Y segunda, que a la par de ese reconocimiento 鈥攖odo ello en el art铆culo 1 constitucional鈥 se estableci贸 el Principio Pro-Persona, el cual obliga a que en toda aplicaci贸n de normas jur铆dicas prevalezca siempre la interpretaci贸n que m谩s favorezca a las personas, haciendo extensivas las normas que conceden o reconocen derechos, y restrictivas las normas que los restringen.

Por eso es perfectamente v谩lida la determinaci贸n de la Corte Interamericana respecto a las figuras mexicanas del arraigo y la prisi贸n preventiva: aunque son constitucionales, son contrarias a un tratado internacional en materia de derechos humanos 鈥攅l Pacto de San Jos茅鈥 que es de observancia obligatoria en M茅xico. Por eso raz贸n se declaran inconvencionales, o contrarias a convenciones internacionales, y por ende se expresa la prohibici贸n de aplicar en contra de las personas esas dos figuras que est谩n en la Constituci贸n del pa铆s, y muy probablemente en todas o la mayor铆a de las Constituciones locales. 

En el caso espec铆fico, nada de esto significa impunidad: se prohibi贸 la utilizaci贸n del arraigo 鈥攑rivar de la libertad a una persona鈥 como medio de investigaci贸n sobre la presunta comisi贸n de un delito; y para el caso de aplicar la prisi贸n preventiva, 茅sta deber谩 ser siempre justificada y decretada por un juez, y no impuesta por simple ministerio de ley.

CASOS EN OAXACA 

A reserva de hacer un an谩lisis jur铆dico m谩s pormenorizado, recientemente se levant贸 mucha pol茅mica por la decisi贸n de un juez de control de conceder prisi贸n domiciliaria al presunto autor intelectual del ataque en contra de la saxofonista Mar铆a Elena. Aunque el caso tiene diversas implicaciones pol铆ticas 鈥攑or la naturaleza propia del imputado鈥 lo cierto es que el Ministerio P煤blico debi贸 aportar m谩s elementos para evitar esta modificaci贸n a la medida cautelar, antes que caer en la tentaci贸n 鈥攅n el caso del Ejecutivo estatal鈥 de violar la ley y un mandato judicial, al forzar a que el imputado permanezca en prisi贸n por una cuesti贸n no debatida en la audiencia, y sin las justificaciones debidas en el momento y frente a la autoridad jurisdiccional ante la que todo eso debi贸 ocurrir.

Ahora bien, en el caso de Kleiver Nazario, expareja de Abigail Hay, quien fuera privada de la vida el 19 de agosto de 2022 presuntamente en los separos de la c谩rcel municipal de Salina Cruz, un juez federal le concedi贸 suspensi贸n definitiva dentro de un juicio de amparo para no imponer como medida cautelar la prisi贸n preventiva, por lo cual desde que inici贸 el proceso, el imputado lo ha enfrentado en libertad. Esto, por ende, no significa impunidad porque el proceso judicial contin煤a y de todos modos esta persona se encuentra vinculada a proceso y su libertad no significa que no se le pueda hallar finalmente como culpable. 

Aunado a ello, es importante se帽alar que ni el Ministerio P煤blico ni la asesor铆a jur铆dica justific贸 con datos de prueba la necesidad de imponer la prisi贸n preventiva. Por ello, de acuerdo con personas que conocen del caso, el juez de control no tuvo 鈥攃on base en los par谩metros exigidos en el C贸digo Nacional de Procedimientos Penales鈥 argumentos para imponerla. 

Sin embargo, durante la audiencia de ampliaci贸n de t茅rmino constitucional realizada recientemente, dict贸 auto de vinculaci贸n a proceso en contra de Kleiver Nazario por el delito de violencia familiar y fij贸 el plazo de 2 meses para el cierre de investigaci贸n. Cabe decir, que ante la improcedencia de la prisi贸n, el Ministerio P煤blico tampoco solicit贸 la imposici贸n de alguna otra medida cautelar. A煤n as铆, en un comunicado la Fiscal铆a General se ufana de haber 鈥渙btenido鈥 la vinculaci贸n a proceso, cuando quien la decret贸 fue el Juez de Control.

EPITAFIO 

Ante todo eso, como sociedad tenemos un reto enorme que radica en modificar la idea de que si una persona no est谩 en prisi贸n, en autom谩tico se asocia con impunidad. La Corte Interamericana en este tipo de situaciones est谩 obligando a la autoridad mexicana a no prejuzgar en ning煤n caso. Y esto tambi茅n obligar谩 tanto a los defensores privados y principalmente al Ministerio P煤blico, a hacer mejor su trabajo y a justificar en cada caso por qu茅 una persona debe quedarse en prisi贸n. Tarea tit谩nica que le espera, en el caso de nuestra entidad, a la nueva autoridad ministerial que desde hace algunos d铆as encabeza el Fiscal General Bernardo Rodr铆guez Alamilla.

@columnaalmargen

@ortizromeroc

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