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Adrián Ortiz Romero Cuevas
En las últimas semanas el gobernador Salomón Jara se ha referido en dos ocasiones al modelo de planeación del combate a los rezagos sociales que, dice, están construyendo diversas áreas de su gobierno, con miras a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo. Éste debe ser entregado, por ley, antes del último día del mes de mayo al Congreso del Estado. El problema es que, hasta ahora, no queda claro cuáles serán los derroteros de la política social de la actual administración.
En efecto, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social vigente en la entidad, el Titular del Ejecutivo tiene tres meses a partir de su toma de posesión, para presentar y socializar las bases de su propuesta de Plan Estatal de Desarrollo, y recibir opiniones y recomendaciones de los sectores social y privado.
Luego de ello, según la Ley, Coplade (ahora denominado Instituto de Planeación para el Bienestar, identificado por sus siglas como Inplabi) tiene dos meses más para integrar las propuestas ciudadanas para luego remitir el documento terminado al Ejecutivo, para que éste lo apruebe a través de un acuerdo administrativo. Una vez hecho esto, tiene un mes más para remitirlo al Congreso, que dentro de los 60 días siguientes podrá aprobarlo —expresa o tácitamente—, realizarle observaciones o solicitar su sustitución.
Ahora bien, ¿por qué es importante este documento? Porque según la ley, este constituye la base sobre la cual se planean todas las acciones institucionales con miras a erradicar los males sociales como la pobreza o la marginación. Este conjunto de herramientas y mecanismos institucionales, ahora desdeñados por considerarlos neoliberales, en realidad constituyen, según la Constitución, la única hoja de ruta válida para comprender los rezagos sociales y emprender acciones para combatirlos.
Hasta hoy, sin embargo, no existen coordenadas claras de cuáles serán las rutas y estrategias para lograr los objetivos que ha planteado el propio Gobernador Jara Cruz. Por ejemplo, en toda su publicidad refiere como un objetivo la reparación histórica a los pueblos indígenas oaxaqueños, y más concretamente se ha referido tanto a la continuación del programa federal de pavimentación de caminos a las cabeceras municipales, y recientemente dijo que recorrerá los 100 municipios más pobres de la entidad para atender sus necesidades.
Luego, en un comunicado enviado ayer, la Titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión Laura Estrada Mauro, informó que desde el 1 de diciembre “se impulsó la creación de programas claves (sic) para generar beneficios a la población como Tequios Bienestar, Caravanas Bienestar, Ferias Bienestar y Tequios Literarios”. Según la secretaria Estrada Mauro los Tequios Bienestar han impactado en más de 119 mil personas; las Caravanas Bienestar dijo —sin particularizar sobre las acciones— que han atendido a 14 de los municipios con mayor rezago social.
Ante esto, habría que preguntarse si los funcionarios de la Sebienti sí tienen alguna idea precisa de cómo lograr los objetivos de la planeación para el desarrollo y para el combate a la pobreza. Porque hasta donde se ha podido ver, no lo parece.
COMBATIR LA POBREZA
De acuerdo con la Ley Federal de Desarrollo Social, existen nueve indicadores para medir la pobreza: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
¿Qué significa esto? Que el combate a los rezagos sociales no surge de ocurrencias o de conocimientos empíricos sobre cómo abordar el problema de la marginación y la pobreza, y mucho menos el privilegio al criterio político. ¿Cuánto de esto hay actualmente en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo y en la confección de la política social? No lo sabemos.
Lo que sí se dice, por ejemplo, es que existe la intención de que los procesos de planeación para el desarrollo pasen por el visto bueno de la Secretaría de Gobierno, lo cual sería no sólo un despropósito sino también una franca violación a la ley, porque atender esos temas no se encuentra dentro del marco de atribuciones de la citada dependencia. Inmiscuirse en tales asuntos —que implican presupuestos para infraestructura social, programas sociales, etcétera— daría una clara imagen de que el criterio político podría resultar predominante frente a las mediciones técnicas y las necesidades medibles del combate a la pobreza.
Lo que también se infiere es que, de lo delineado hasta ahora, sólo la construcción de caminos pavimentados a las cabeceras municipales podría impactar positivamente en las mediciones de la pobreza que realiza Coneval, y eso considerando que se hayan priorizado dentro de la lista de accesos carreteros a construirse en los meses próximos, a los municipios que verdaderamente tienen los mayores índices de pobreza y marginación en la entidad.
En ese sentido, es lamentable que la Sebienti asegure que con sus programas se combate la pobreza cuando, de acuerdo con la metodología de Coneval y los lineamientos constitucionales y de la Ley de Desarrollo Social, hasta ahora ninguna de sus acciones podría tener impacto alguno en cualquiera de los indicadores relacionados con los rezagos sociales, porque todas son acciones temporales, pero no medibles en el mediano y largo plazo.
Hacer tequios puede tener un impacto comunitario positivo. Pero éstos se han realizado siempre gracias a la auto organización de las comunidades indígenas oaxaqueñas, y la mayoría de las veces están encaminados a acciones que no están relacionadas con las emprendidas por la Sebienti llevando a trabajadores del gobierno estatal para barrer calles o pintar guarniciones. Pareciera pues que, de nuevo, tienen más noción y sentido social las determinaciones comunitarias que las ocurrencias de la dependencia que encabeza Laura Estrada Mauro.
En este marco, habrá que esperar a conocer el rol que juegue la Secretaría de Finanzas en el proceso de planeación e inversión social —pues, de hecho, nadie de Sefin está participando en la planeación del gasto o en la operación de programas como el FISE—; y cómo se planteará, en general, la interacción de los municipios —particularmente los de población indígena, porque en su mayoría son los que padecen mayores índices de rezago— con el gobierno estatal para estos fines.
El gobernador Jara enfrenta en Oaxaca el enorme reto de tener a cinco de los 10 municipios más pobres del país. Para remontar esa penosa posición debe atender a esas comunidades con mucho más que caminos artesanales, y dotarlas de satisfactores permanentes en los nueve indicadores que miden la pobreza. No necesitan ser 100 municipios. Con que revierta efectivamente las condiciones de pobreza de los 10 municipios más pobres de la entidad y los saque del llamado “top ten” nacional de la marginación, y atienda con verdadera justicia social y sin criterios clientelares o partidistas a todos los demás municipios de la entidad, el Gobernador Salomón Jara habrá marcado una diferencia de fondo en cuanto a la política social. Pero eso está apenas por verse.
EPITAFIO
Llama la atención uno de los coordinadores del Inplabi de nombre Juan Diego Velasco Merlín, que tiene a su hermano trabajando ahí mismo en su oficina, contraviniendo la ley. Aparte de que, a decir de los propios trabajadores del Instituto, ambos hermanos desconocen por completo los temas relacionados con la planeación, son los que sorprendentemente están diseñando el nuevo modelo e incluso ya lo andan presumiendo en las giras de trabajo. No tienen ni idea de cómo funcionan las cosas, y se quieren meter en las atribuciones de los ejecutores de gasto. Un pésimo precedente.
@ortizromeroc
@columnaalmargen
