+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

AL MARGEN || Tras los restos de Nueva Alianza Oaxaca

Date:

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Pudiera parecer increíble que hasta entre los grupos políticos más testimoniales existen disputas. Es lo que ocurre con el partido Nueva Alianza en Oaxaca, en donde a pesar de no contar con representación legislativa, ni con una identidad propia, ni un derrotero claro, sus militantes se encuentran metidos en una lucha intestina que no parece tener otra razón que la disputa por los restos mortales de ese partido. 

En efecto, el dirigente estatal Bersahín López López ha corrido con suerte. El partido que representa en Oaxaca hace mucho dejó de tener una base social real en la entidad, y sin embargo ha logrado mantener sus prerrogativas. Nueva Alianza nació como un apéndice político del SNTE, y pretendió ser articulado como un ariete magisterial en los procesos electorales. La realidad indica que tal objetivo nunca se cumplió en Oaxaca, porque el magisterio local ha sido disidente de su dirigencia nacional, y las fuerzas magisteriales oaxaqueñas se han ido aglutinando en otras expresiones políticas, que no necesariamente corresponden a las que se identifican con Nueva Alianza.

Aún así, Nueva Alianza en Oaxaca mantuvo su registro como fuerza política, administrada por López López, que siempre intentó —sin éxito— ser quien figurara en alguna de las posiciones de representación para ese partido. No lo logró en las legislaturas previas sino hasta la LXV Legislatura, a través de Adriana Altamirano. En un pésimo cálculo político —que más bien pareció ser una rabieta—, Bersahín López anunció que no construirían ningún tipo de alianza con otros partidos para los comicios de 2022; y se autoproclamó, a través de una asamblea que él mismo conformó, como candidato a Gobernador. 

Su campaña fue francamente intrascendente. En algunos momentos intentó friccionarse con el entonces candidato de Morena Salomón Jara que, aunque acusó recibo de sus señalamientos, decidió nunca responder a alguno de ellos. En el cálculo del morenista, contestarle significaría darle visibilidad a Nueva Alianza y reconocerle a su candidato una estatura que no tenía. Obviamente en la jornada electoral arrasó Jara, y una vez convertido en gobernador se reunió con todo tipo de actores políticos de oposición; pero nunca tuvo, y parece que ni tendrá, la disposición de recibir a su antiguo oponente del Partido Nueva Alianza.

Esa es la raíz de muchas de las fricciones intestinas en Nueva Alianza. Bersahín se dedicó a presionar a la entonces diputada Altamirano de diversas formas, para mantener provechos de la posición legislativa que habían conseguido gracias a los márgenes de votación logrados por sus candidatos a diputados en los comicios de 2021. Le vendió la falsa idea de que ella había llegado a ser diputada gracias a él, y que debía obedecer ciegamente a sus intereses. De esa actitud es de donde surgieron los señalamientos —probados ante el Tribunal Electoral de Oaxaca—, de violencia política, e incluso personal, ejercida por López en contra de Adriana Altamirano. 

Y es que, de hecho, Bersahín no logró lo que Adriana Altamirano sí: interlocución con el grupo en el poder, construcción de acuerdos y la posibilidad de espacios. La presión permanente del dirigente a la diputada radicaba en lograr que el Gobernador lo recibiera y negociara con él. Al ver que esto no ocurriría (porque es posible que ningún gobernador en los últimos tiempos haya tenido tan amplio margen de maniobra como Jara, lo cual le hace innecesario negociar), decidió imprimir fuerza a sus presiones. Lo probado ante el Tribunal Electoral no se invalida por los señalamientos de que la Magistrada Presidenta es cercana —comadre, de hecho— de la ahora exdiputada Altamirano. Como dice la conseja: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa… 

Así, la frustración se convirtió en un conflicto personal; en un cruce de acusaciones y en diversas agresiones. En eso mismo se inscribe el supuesto atentado —lleno de contradicciones e interrogantes— que sufrió López López hace algunas semanas, del que inmediatamente acusó a su ex correligionaria. Todo ello ocurrió en los días previos a la emisión de la resolución del Tribunal Electoral local, por el que se probaron en su contra los actos de violencia. La respuesta fue la acusación del supuesto conflicto de interés, y la expulsión del partido de la exlegisladora; ambas, cuestiones que aún no pasan por el tamiz de la legitimidad ante los tribunales. 

¿Qué se disputan hoy? Por un lado, los espacios políticos que no tienen ni uno ni la otra; y las prerrogativas del partido, sobre las cuales tiene el control el dirigente y de las que ha hecho una forma de vida. No hay que buscarle demasiado. Al final, el pleito es por lo poco que queda de Nueva Alianza que, en los hechos, nuevamente se quedó sin ninguna representación relevante en la escena política oaxaqueña. 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Nos leemos en: http://columnaalmargen.mx

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