Adrián Ortiz Romero Cuevas
A mediados de noviembre pasado, el premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz criticó duramente al gobierno mexicano, por aplicar medidas fiscales recaudatorias mientras que en el mundo se estaba priorizando el dinamismo de la economía.
Esta crítica ocurría del principio de un enorme caos de las finanzas nacionales: México se enfrentaba tanto a los efectos de la desaceleración económica estadounidense, como a la caída sin precedentes del ingreso público interno. Todos los funcionarios federales descalificaron las opiniones de los expertos internacionales; y junto con las fracciones partidistas en el Congreso se enfilaron a consolidar un régimen fiscal que hoy tiene nuevamente a las finanzas nacionales en medio de un enorme cuestionamiento por su viabilidad en el corto plazo, pero sus debilidades en la competencia con los demás mercados internacionales.
¿QUÉ OCURRE CON
NUESTRA ECONOMÍA?
Que, en términos sencillos, por un lado las finanzas públicas hoy enfrentan los efectos negativos de la concentración del mercado exterior en Estados Unidos de Norteamérica; y por el otro, actualmente las finanzas nacionales están resintiendo los efectos de los excesos cometidos mientras la bonanza petrolera le dio al país recursos en abundancia que no fueron aprovechados de un modo responsable y dinámico. Esta conjunción, significa un enorme boquete en las finanzas públicas que, al menos para 2010, fue subsanado con nuevos embates al bolsillo de la menguante clase media.
En el primero de los casos, el de los efectos ajenos a nuestro entorno, Estados Unidos de Norteamérica se enfrentó, desde finales de 2008, al colapso financiero en que derivaron sus excesos en el otorgamiento, manejo y control del crédito. Esto derivó, en un punto específico, en el resquebrajamiento de su sistema financiero y la necesidad urgente del gobierno por entrar al rescate de la economía y buena parte del sistema bancario, que para entonces se encontraba descapitalizado y enfrentando una fuerte crisis.
Esto, en la Unión Americana, generó una fuerte caída en el consumo y el empleo. El estadounidense común, dejó de gastar en ciertos productos y servicios que hasta entonces le representaban ciertos lujos. Esto se tradujo en que, en lo relativo al comercio, muchos de los productos que allá se dejaron de comercializar tenían como punto de origen nuestro país. El problema, para México, es que por conveniencias y comodidades derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el comercio exterior de nuestro país se había concentrado en un altísimo porcentaje hacia nuestro vecino del norte.
Por eso, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, no pudo acertar cuando aseguró que, ante la crisis internacional, México se enfrentaría a un simple catarrito: era cierto que, a diferencia del pasado, las finanzas nacionales tenían fortalezas que antes fueron siempre debilidades. Pero no se contó con que la economía norteamericana cayera en el modo estrepitoso que lo hizo, y que esa caída arrastrara irremediablemente a nuestro comercio, a nuestra moneda, y a la buena parte de la estabilidad de la economía mexicana.
En el segundo de los aspectos, el relativo a los factores internos, a partir de 2007 México comenzó a enfrentarse a una fuerte caída en los precios y el nivel de producción petrolera. Prácticamente desde el inicio de la década, las finanzas mexicanas fueron beneficiarias de una altísima producción de hidrocarburos, y a los más altos costos internacionales del petróleo. Aunque en el pasado se creía que un costo de 120 dólares por barril del combustible fósil equivaldría al colapso mundial, durante varios años esos precios dominaron los mercados internacionales. México, que entonces producía más de 3 millones de barriles por día, recibió cientos de miles de millones de pesos que fueron utilizados para incrementar el aparato y la burocracia gubernamental, y para ser repartido sin ningún criterio claro de responsabilidad y ahorro, entre las entidades federativas.
El problema es que esa doble abundancia se terminó. La producción petrolera ha caído en casi 500 mil barriles de petróleo por día, y algunas calificadoras internacionales calculan que, a diferencia de lo proyectado por el gobierno federal, la producción de 2010 no será de 2.5, sino de 2.3 millones de barriles por día.
Esa caída significa una pérdida directa en los ingresos nacionales. Dinero que se deja de percibir, pero que es necesario para continuar financiando a una pesada estructura gubernamental que no ha cambiado en nada. Lo mismo ocurre con los faltantes internacionales: el contribuyente cautivo, el de siempre, es el que continúa financiando las consecuencias no sólo de la crisis, sino de la negativa de los partidos políticos y los factores de poder para entrar a procesos de replanteamiento a fondo del esquema tributario, para hacerlo más dinámico y más equitativo con todos los mexicanos.
CRÍTICA IGNORADA
James Heckman, ganador del premio Nobel de Economía en el año 2000, había señalado antes que su colega Stiglitz, que la economía mexicana era lenta y que estaba perdiendo su filo competitivo; casi al mismo tiempo, el también ganador de dicho reconocimiento internacional en 2006, Edmund Phelps, opinaba que aunque México estaría en posibilidad de incrementar su déficit para financiarse en el corto plazo, el riesgo sería un aumento en las tasas de interés y, en consecuencia, una reducción en inversiones y poca generación de empleos.
Cuando eso ocurrió, tanto el entonces secretario de Hacienda Carstens, como el actual, Ernesto Cordero Arroyo —que entonces fungía como secretario de Desarrollo Social—, aseguraron que los economistas antes mencionados desconocían el problema mexicano, y que más temprano que tarde diversos países comenzarían a plantear esquemas similares de recuperación fiscal, que el mexicano. Incluso dijeron que todo eso significaba actuar con responsabilidad y con apego a las necesidades de la nación.
Hoy, sin embargo, nuevos señalamientos se suman a lo antes señalado. Hace apenas unos días, el presidente del Comité de Asuntos Fiscales de la Cámara Americana de Comercio en México (Amcham), Luis Ortiz, aseguró que en el presente año, México perderá inversión extranjera debido al “parche” fiscal que aprobó el Congreso de la Unión. En este sentido, la crítica es puntual. Dijo que “en época recesiva no es conveniente incrementar tasas; recomendamos estímulos a la inversión y generación de empleos, donde gobiernos locales compartan esfuerzos por la recaudación”.
Por ello, aseguró, muchas de las inversiones que podrían haber llegado a México, hoy están prefiriendo mercados más atractivos como el brasileño, debido a que nuestra economía y el planteamiento fiscal actual hacen al país perder competitividad y desalientan a los empresarios extranjeros que podrían asentar aquí sus capitales, y generar con ello más riqueza y empleo.
MÉXICO, POCO ATRACTIVO
¿Por qué hoy es menos atractivo nuestro país para las inversiones extranjeras? Porque, a diferencia de otros países donde los impuestos bajaron para estimular el consumo y la llegada de nuevos capitales, en México éstos se incrementaron. A saber, el Impuesto al Valor Agregado pasó del 15 al 16 por ciento; el Impuesto Sobre la Renta para personas físicas del 28 al 30 por ciento; se gravaron las telecomunicaciones y también se incrementaron los impuestos a ciertos productos. La “joya de la corona”, en todo esto, fue el anuncio de que a partir del mes de enero de 2010, los combustibles de mayor consumo en el país se incrementarían en la misma medida que la inflación.
Mientras eso ocurría, nuevamente se dejó sin revisar todo lo relativo a los regímenes fiscales especiales, las exenciones y las lagunas legales que existen en la normatividad fiscal federal, a través de las cuales cada año grandes capitales dejan de pagar sumas millonarias de dinero que podrían servir como un nuevo aliciente a la economía mexicana, sin que ésta golpeara recurrentemente a los mismos contribuyentes.
El gobierno no ha dejado de ser el ente abultado que cada año le cuesta a las arcas públicas cientos de miles de millones de pesos que pagamos los contribuyentes; los partidos políticos se negaron a entrar a un replanteamiento fiscal, temerosos por los costos políticos y electorales que podrían pagar por ello; los grupos de poder económico gestionaron hasta donde les fue posible para no perder uno solo de sus privilegios; y todos juntos decidieron que nuevamente teníamos que ser los contribuyentes cautivos —los que cotidianamente pagamos IVA, ISR, IETU, IEPS, Tenencia y demás— los que debíamos seguir financiando ese estado de cosas en el que nadie quiso sacrificar algo verdaderamente importante de entre sus privilegios, para que todos contribuyéramos igual en medio de esta crisis.
REPLANTEAR CARGAS FISCALES
El presidente Vicente Fox organizó, a principios de su administración, una Convención Nacional Hacendaria, en la que participaron los tres poderes de la unión, y los tres niveles de gobierno. Ahí se establecieron algunos criterios para el cobro y cálculo de impuestos, que ahora se están rompiendo. Nuevamente, las inequidades volvieron a hacerse presentes, y todos urgen, para un futuro aún no definido, la urgencia de emprender una nueva convención en la que se planteen los temas de fondo, y sus soluciones.
El problema es que todos están calculando cuánto les costaría esa reforma en el mediano plazo. El Presidente de la República lo hace en función de la aceptación ciudadana, y porque se niega a adelgazar una burocracia delirante que no retribuye en eficiencia y eficacia, los altísimos costos que implica; los partidos por los problemas que ello le generaría en los procesos electorales; los factores económicos, porque perderían privilegios a los que no están decididos a renunciar. Mientras, como siempre, los mexicanos de a pie somos los que tenemos que financiar esta crisis que cada vez nos cuesta más, y nos retribuye menos.
