+ PRI legitimó integración electoral… en contra
Hoy el PRI oaxaqueño está pagando, peso sobre peso, el costo de haber sido una oposición invisible en estos tres primeros años de alternancia partidista en el gobierno de Oaxaca. En el pasado proceso electoral local, los tricolores fueron objeto de todo tipo de embates por parte del régimen de coalición, que por razones naturales de supervivencia política no desperdició ninguna de las oportunidades que tuvo para tratar de contener su poder y presencia política, pero también para tratar de disminuir al tricolor tanto en la presencia legislativa como en los municipios. Casi lo logran. Pero lo que queda en el fondo, es que el PRI ha tenido que defenderse de los errores y las traiciones cometidas por sus propios militantes, a quienes les quedó la responsabilidad de ser oposición, y fallaron.
En efecto, hoy el PRI ha tenido que defender en los tribunales, el triunfo de dos de sus candidatos a diputados, y de varios otros candidatos a presidentes municipales a quienes, abiertamente, el órgano y el tribunal electoral local no les reconoció el triunfo. Fue el caso de Arsenio Mejía García y de Emilia García Guzmán, que fueron candidatos del PRI por los distritos XXI y XVII, con cabecera en Juxtlahuaca-Silacayoapam y Teotitlán de Flores Magón, respectivamente, y a quienes el sistema electoral local les atajó el reconocimiento de su triunfo.
En ambos casos, fue por mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sus victorias electorales fueron confirmadas. Y al margen del tema jurídico –en el que quedaron legalmente constatadas las deficiencias, e incluso la mala fe, de los órganos y tribunales electorales locales al conducir e impartir justicia en este proceso-, en el ámbito político queda no sólo el cuestionamiento sobre la responsabilidad de quién obró en contra de ellos, sino también de quién lo permitió -y hasta avaló- las maniobras por las que, de origen, intentaron sostener su poder.
Para entender esto, debemos regresar a la forma en cómo se integraron los órganos encargados de conducir e impartir justicia en los procesos electorales locales. Si bien se recuerda, en abril de 2011 el Congreso local llevó a cabo la reintegración del Instituto Estatal Electoral, luego de la reforma constitucional que incorporó al ámbito de responsabilidades del órgano electoral los llamados “mecanismos de democracia directa”. En la negociación, había quedado establecido que los tres principales partidos representados en la Legislatura tendrían “cuotas” en el Consejo General del IEEPCO. Sólo que, en el camino, el PRI decidió de forma inexplicable, abandonar la negociación y permitir el avasallamiento del grupo gobernante. ¿Qué pasó entonces?
Que el coordinador de los diputados priistas, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que los otros coordinadores parlamentarios, y los operadores del grupo gobernante, enredaran la votación sobre la integración del Consejo General del IEEPCO. Una vez que eso sucedió, la supuesta inconformidad de la bancada tricolor provocó que sus integrantes abandonaran la sesión en protesta. Una vez solos, los partidos integrantes de la coalición legislativa (PAN, PRD, PT Y MC) compraron (literalmente) al diputado priista que les faltaba (Carlos Martínez Villavicencio) para completar la mayoría calificada, y entonces resolvieron integrar el órgano electoral sin la presencia de Consejeros propuestos por la bancada priista. Así, en el IEEPCO hoy de sus siete integrantes, dos responden a los intereses del PAN, dos a los del PRD, dos son “independientes”, pero aliados incondicionales del consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, que en este tiempo ni siquiera ha podido mantener a salvo, de forma decorosa, los intereses del grupo gobernante que tanto maniobró para ponerlo en la titularidad del IEEPCO.
OPOSICIÓN INVISIBLE
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la historia no es distinta. Ahí, en los inicios de la LXI Legislatura, el PRI (que era encabezado por el hoy senador Eviel Pérez Magaña, y coordinado en la bancada legislativa por el ahora diputado federal plurinominal Vásquez Villanueva) permitió que se hiciera una integración claramente lejana de cualquier tipo de equilibrio político.
Y es que a cambio de migajas, la bancada priista en la LXI Legislatura permitió que la presidencia del Tribunal recayera en Ana Mireya Santos, que si bien tiene experiencia jurisdiccional en el ámbito electoral, está lejos de ser una especialista de nivel reconocido en esa materia. Lo que le valió a la magistrada Santos para llegar a la titularidad de dicho órgano, fue haber sido amiga personal, e integrante de la ponencia del magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
En esa decisión el PRI avaló con sus votos no sólo que se instalara como Presidenta a una incondicional del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino también que, de facto, quedara sin efecto el examen al que sometieron a todos los aspirantes a una de las magistraturas del Tribunal Electoral, y decidieran todo a través del mero criterio político. Ahí, el PRI consiguió una migaja (el asiento del magistrado Patricio Camerino Dolores Sierra, y quizá otro, pero no más) a cambio de que el Tribunal Electoral quedara integrado en medio de grandes interrogantes relacionadas con la capacidad de sus integrantes, y la garantía de independencia real en la impartición de la justicia.
Con todo eso, queda claro que el PRI hoy paga el costo de su propio repliegue. Son sus candidatos quienes han resentido el costo directo de la ominosa actuación de sus sucesivos dirigentes estatales y coordinadores parlamentarios, quienes lejos de hacer un papel de oposición firme, decidieron plegarse al poder, entregar las posiciones y recoger las ganancias, para no volver después a dar la cara por nada.
SANTA LUCÍA DEL CAMINO
Por cierto, dentro de las pocas resoluciones que faltan está la de Santa Lucía del Camino. ¿Será capaz el Tribunal Electoral de dar por válidos los evidentes errores cometidos por el Consejo Municipal del IEEPCO en esa elección? A ver si no, de nuevo, tiene que ser la Sala Xalapa quien les termine enmendando la plana. Si sigue ese camino, lo jurídico será lo de menos. Lo de fondo seguirá siendo que, con esas decisiones, le dan alas a grupos que después son generadores constantes de conflictos políticos, haciendo imposible la gobernabilidad. ¿Si ven en el PRI el costo de sus decisiones?
