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+Los incrementos siempre han sido dar todo a cambio de nada
Los empresarios del transporte público deberían legitimar su demanda de incremento a la tarifa, a cambio del reordenamiento integral del sector que, desde hace lustros, le urge a la zona metropolitana de Oaxaca. El problema es que, en lugar de eso, los concesionarios y prefieren que la postura de víctimas inhiba la posibilidad de eficientar el transporte, y generar un mejor servicio y condiciones para todos los involucrados, comenzando por el usuario, que debería ser el centro de esta discusión, pero es abiertamente despreciado.
En efecto, en los últimos días organizaciones de concesionarios del transporte urbano como Tusug y Choferes del Sur han llamado a las autoridades a “entrarle al tema del incremento al pasaje”. Según informaba TIEMPO en su edición de ayer lunes, el presidente de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao (Tusug), Erasmo Medina Ángeles, dijo que este 2015 será necesario que Sevitra considere un aumento a las tarifas del transporte urbano, calculando que el cobro mínimo sea de ocho pesos.
Aunque la tarifa adecuada sería de diez pesos —dice Medina Ángeles— por los constantes aumentos al combustible y a todo lo relacionado con la operación de las unidades, ocho pesos serían suficientes para comenzar a revertir las necesidades que diariamente surgen por la operación de los camiones, tales como combustibles, insumos, impuestos y costos de operación de sus empresas. Es decir, que en la visión de Erasmo Medina, el incremento a la tarifa para el usuario del transporte público sería algo así como una simple retribución al costo de la vida y las operaciones de los autobuses, y no el signo de un nuevo pacto por el transporte. Esto es patético.
Lo anterior se entiende a partir de que en Oaxaca existe un caos total en el servicio del transporte concesionado, que en buena medida ha sido provocado por ellos mismos. La zona metropolitana de Oaxaca —porque no se puede decir que el del transporte sea un problema exclusivo de la capital, sino de todos los municipios que se encuentran alrededor de ella— es un espacio de total anarquía, en donde las rutas, la cantidad de autobuses, la periodicidad, las condiciones y las zonas de cobertura, han sido determinadas por los intereses del transporte, y por las presiones —y la debilidad— a la autoridad para conseguirlo.
Por esa razón, no es raro que en ciertas zonas de la ciudad exista una competencia feroz por el pasaje, mientras que en otras haya una bajísima afluencia de autobuses perjudicando con ello a los usuarios, que ven retrasados sus tiempos de recorrido, y que además deben viajar hacinados y en condiciones de riesgo para su integridad. La autoridad del transporte, en todos estos años, ha sido incapaz ya no de establecer e implementar un programa de reordenamiento integral del transporte público, sino hasta de regular el funcionamiento de las líneas camioneras.
Por eso vemos que en ciertas rutas hay un número excesivo de unidades de transporte; que en otras hay una carencia evidente de servicio; y todo eso revela que una de las principales razones por las que el transporte público ya no es negocio, es porque los mismos concesionarios han estimulado el caos que es hoy el sector; y ese desorden termina perjudicándolos a todos y provocando quebrantos que ahora quieren que cubra —nuevamente— el público usuario.
¿Y EL REORDENAMIENTO?
Seguramente la parte menos compleja del reordenamiento del transporte urbano y suburbano es la de la renovación de la flota vehicular. Esto es lo que realizó en los últimos años la Secretaría de Vialidad y Transporte, que se dedicó casi de lleno —en este rubro— a gestionar el otorgamiento de líneas de crédito para que los concesionarios “deschatarrizaran” el servicio.
Lo que nunca hicieron fue entrar a la revisión de las condiciones en que se presta el servicio, y a la revisión ya en los hechos del funcionamiento del transporte urbano. Por eso, el caos que antes eran diversas zonas de la ciudad por un excesivo y anárquico número de autobuses viejos y contaminantes, sólo se cambió por ese mismo caos y anarquía pero ahora con unidades de modelo reciente.
Y es que tal parece que son los mismos concesionarios quienes se resisten a abandonar la zona de confort en la que se encuentran. Pues no se trata de eliminar autobuses o de coartarles su derecho al trabajo, sino más bien de reorganizar todo el funcionamiento del transporte público, de tal manera que se preste un servicio adecuado y digno para los usuarios; que cada ruta tenga las unidades que necesita y no las que se le ocurren o le convienen a las empresas camioneras; que todos se sujeten a reglas comunes a favor del usuario y del público en general; que se revise la pervivencia misma de las rutas y zonas de transporte actuales, y que de ser necesario se establezcan nuevas que equilibren el funcionamiento de toda la actividad.
Con esas y algunas otras medidas, sin ningún problema los concesionarios podrían legitimar la solicitud de un incremento a la tarifa del transporte. Lo harían, ahora sí, a cambio de un servicio más eficiente, y como una forma de ser proactivos en el establecimiento de compromisos con los usuarios.
Lamentablemente, los concesionarios de nuevo están prefiriendo los lloriqueos y las lamentaciones frente a la oportunidad de predicar con el ejemplo. Hace tres años incrementaron las tarifas a cambio de promesas que no cumplieron. Lo mismo hicieron en 2010, y así ha sido siempre. Son los usuarios quienes han tenido que pagar sus caprichos, su necesidad de que “el negocio” siga siendo negocio; y su resistencia (enmascarada en sus lamentos) a que las cosas cambien para beneficio de todos.
SEGOB, SOBRE LOS PASOS DE OAXACA
Qué ingenuos son los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que queriendo tener un rostro democrático y tolerante creen poder ganar algo al negociar con la Sección 22. Ayer lo demostraron de nuevo al querer interceder ante el Gobierno de la Ciudad de México para que no desalojara a los maestros que bloqueaban Paseo de la Reforma, y amagaban con instalar ahí un plantón indefinido, o llevarlo al zócalo de la capital del país. A pesar de sus deferencias no ganarán nada. Es lo que hemos visto una y otra vez con la permisividad del gobierno estatal, que sólo ha fortalecido al movimiento magisterial, y no le ha traido un solo beneficio a Oaxaca.
