+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Al descubierto, acuerdo negado de Sevitra con concesionarios

Date:

Carlos  Moreno

+ Carlos Moreno y su doble traición: a ciudadanos y al “pulpo”

La semana pasada, cuando intempestivamente los concesionarios del transporte urbano de la capital oaxaqueña anunciaron el incremento de un peso a la tarifa del pasaje, llamó la atención que fuera desde la gubernatura, y no en la Secretaría de Vialidad y Transporte, de donde se desmintiera la versión y se llamara al orden al “pulpo camionero”. En el fondo parecía haber una complicidad entre funcionarios y concesionarios para dar un albazo con el incremento al transporte, que finalmente ayer quedó al descubierto.

En efecto, cuando el pasado 1 de abril se filtró la información de que al día siguiente un grupo de concesionarios de la línea camionera Choferes del Sur, incrementaría unilateralmente la tarifa del pasaje, en este espacio dimos cuenta de la duda que despertaba el silencio de la dependencia encargada de atender el transporte, frente a la determinación con la que el vocero del Ejecutivo salió al paso para rechazar el incremento.

“El gobierno estatal —apuntamos en nuestra entrega del 2 de abril pasado—, a través del vocero del Poder Ejecutivo, Miguel Muñoz, se deslindó oficialmente de cualquier autorización al alza de la tarifa. Lo que ahora el gobierno debe indagar, y castigar si es debido, es si hubo algún pacto interno entre el secretario Carlos Moreno Alcántara y los concesionarios, para darle a los usuarios, y al propio gobierno, un albazo con este incremento sorpresivo. Sevitra titubeó varias horas ante la exigencia de que confirmara o rechazara el incremento. Y eso abre la posibilidad de que ahí haya habido una complicidad que finalmente no tuvo el resultado deseado.”

Esa sospecha hoy está confirmada. Ayer los concesionarios llamaron a una conferencia de prensa en la que le dieron un plazo al gobierno estatal para entablar una mesa de negociación en la que se revisara la tarifa autorizada, o de lo contrario bloquearían las principales arterias viales de la capital oaxaqueña. Dicha negociación no ocurrió. Y por eso después de las 13 horas más de 900 unidades se plantaron en varios de los cruces y calles principales de la capital oaxaqueña como señal de protesta.

Junto con la conferencia de prensa, los concesionarios emitieron una especie de comunicado, del que vale la pena rescatar algunas líneas, porque en ellas los mismos concesionarios ponen de manifiesto el acuerdo para incrementar el precio del pasaje, que luego negó la Sevitra.

“Los concesionarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Oaxaca, manifestamos públicamente nuestra inconformidad y rechazo por la decisión subjetiva que tomó el titular de Sevitra de dar marcha atrás a la tarifa revisada con el personal a su cargo; acordada de manera sustentada por las partes involucradas, es decir, entre los concesionarios y la autoridad responsable de $7.00 pesos.

“No aceptamos los pretextos que se quiere argumentar por parte de Carlos Moreno Alcántara para justificarse. Ya que no es culpa de los transportistas que no se hayan hecho los anuncios y los trámites jurídicos correspondientes a tiempo. Desconocemos de la interlocución al C. Carlos Moreno Alcántara (…) Tenemos tomas y secuestros de unidades prácticamente todos los días por parte de las diferentes organizaciones sociales que se manifiestan constantemente en la ciudad y nadie nos apoya o repone las pérdidas que esto conlleva. Hemos aguantado dos años tres meses, de manera paciente y prudente este aumento. Los empresarios hemos estado dispuestos a dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad, cambio de parque vehicular, capacitación a los conductores, operativos de revista, etc (…) es por esto que la mayoría de los usuarios que utilizan el transporte están conscientes del aumento. La ciudadanía sabe que todo ha subido y no podemos seguir con al tarifa actual…”

COMPLICIDADES

Varias cuestiones deben subrayarse frente a este posicionamiento de los concesionarios. Pues lo primero que salta a la vista es que, como se preveía, sí existió un acuerdo previo entre la Secretaría de Vialidad y Transporte, y los concesionarios, para incrementar el costo del pasaje.

Lo segundo es que ese consenso no fue avalado directamente por el Titular del Poder Ejecutivo sino únicamente por el titular de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, quien además de que ahora debe renunciar por esta traición a la ciudadanía, también perdió ya la capacidad de interlocución con los concesionarios, que ahora también se dicen traicionados y que se encuentran en franca rebelión frente al Estado, que es quien finalmente les otorgó la concesión para el servicio que prestan (y que en realidad debía decirse que es “el negocio que explotan”).

Otra cuestión que llama la atención es que en todo este embrollo los concesionarios hayan perdido todo pudor al querer presentarse como los únicos que resienten pérdidas por la inestabilidad política que priva en la capital, y que es a quienes el gobierno o los usuarios deben resarcir por sus pérdidas. Incluso parece hasta un mal chiste que los dueños del “pulpo camionero” digan que el público usuario está consciente y que apoya el incremento a la tarifa porque reconoce que “todo ha subido” y que por ende el transporte urbano no puede seguir “con la tarifa actual”.

Finalmente, lo que continúa siendo parte del tema de fondo ignorando es que tanto los transportistas como la autoridad mantengan una discusión llena de medias verdades y acuerdos no revelados, y que en nada de esto hayan considerado a la ciudadanía, que es quien finalmente terminará pagando el costo de sus decisiones. El gobierno, evidentemente, no quiere cargar con un costo político más en el contexto del inicio de las campañas electorales. Y los concesionarios insisten en presentarse como los quebrantados, cuando lo cierto es que ni tienen tantas pérdidas como dicen (porque en la lógica común, ningún empresario continúa en un negocio que ya no es negocio) ni han cumplido con los requerimientos de capacitación y renovación de la flota vehicular, como tanto insisten.

CARLOS MORENO DEBE IRSE

Hasta la tarde de ayer, Carlos Moreno no había dado la cara, ni ofrecido a la ciudadanía una explicación por lo que estaba ocurriendo, a pesar de que por sus errores le jodió el día a miles de personas. Lo primero que tendría que explicar es la veracidad de las afirmaciones de los concesionarios, sobre el acuerdo que tomaron con él y que luego fue negado por él mismo. No lo hará. Si tuviera vergüenza, ya habría presentado su renuncia.

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