】
+ Es indispensable conocer los alcances que tiene negociación Segob-magisterio
A lo largo de la semana, en este espacio hemos repasado algunos de los mecanismos legales que eventualmente podrían ser utilizados para contrarrestar los efectos de la posible emisión de una ley educativa en Oaxaca, hecha a modo o de la Sección 22, o según los parámetros del gobierno estatal, pero que no contara con la plena certeza de todos los sectores políticos, de que es una norma apegada a los nuevos principios en materia educativa que establece la Constitución federal. En este repaso, vale la pena voltear hacia un amparo que ya fue admitido, en este rubro, a una organización civil que está en desacuerdo con la persistencia de la negociación política por encima de las competencias en el ámbito educativo.
En efecto, Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en contra de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobernador Gabino Cué, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por avalar acuerdos contrarios a las leyes educativas vigentes, especialmente en contra del servicio profesional docente y la evaluación educativa.
De esta manera, según una nota difundida por el sitio web especializado en temas educativos educacionfutura.org (que puede ser consultada en http://bit.ly/1DKDvmh), Mexicanos Primero pidió al Poder Judicial de la Federación que “intervenga en salvaguarda del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca, y para que establezca el mandato de responder adecuadamente a la petición presentada respecto a los integrantes de la Sección XXII que participaron en las negociaciones y en las marchas de febrero pasado”.
Asimismo, Mexicanos Primero solicitó en febrero pasado información para conocer los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos al erario público de las negociaciones con la CNTE, así como el nombre del personal en funciones docentes que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero; de quienes participaron en la mesa de negociación con la Segob y la copia de las minutas, acuerdos firmados.
Posteriormente, Mexicanos Primero envío una carta al Secretario de Gobernación, en la que se solicitó “dejar sin efectos cualquier acuerdo celebrado entre esa dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección XXII, al considerar que dichos pactos son ilegales”. Semanas después la Segob respondió, a través de un oficio firmado por el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, en el cual afirma no tener conocimiento, ni registro de las personas que participaron en las negociaciones, ni en las marchas afirmó que no había costo, ni incumplimiento o violación de la ley vigente.
Mexicanos Primero explica que en el amparo que interpusieron señalan que “es absurdo que la autoridad no sepa con quién se reúne, y que es obligatorio que en sus respuestas a los ciudadanos deba fundar y motivar, refiriendo hechos reales y verídicos”. También se señala que en la minuta de la reunión sostenida el 10 de febrero pasado, firmada por el Subsecretario Miranda, el Gobernador de Oaxaca, el Director del IEEPO y el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP con integrantes de la CNTE “indebidamente se avalan y hacen vigentes acuerdos previos que son ilegales”.
Algunos de los acuerdos incluyen la promoción de docentes por buen desempeño, que el diseño de la evaluación sea realizada por los maestros, que no se despida a maestros que no sean evaluados o con malos resultados. Todos los acuerdos ratificados en 2015, implican un incumplimiento de las leyes en vigor. Tras las declaraciones en la prensa, la organización señala que hay un doble juegos por parte de los funcionarios locales y federales “o bien pretenden engañar a los miembros de la CNTE, con promesas que no se podrán cumplir, o bien pretenden engañar a los ciudadanos, ocultando o justificando incumplimientos de la ley”.
LA RUTA JURÍDICA
Evidentemente, este asunto no encaja específicamente en una posible defensa en contra de la emisión de una ley educativa, pero sí es un referente fundamental. ¿Por qué razón? Porque resulta que a Mexicanos Primero ya le admitieron un amparo por la posible negociación de canonjías políticas entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Oaxaca y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que el punto central en donde se fija la litis, radica justamente en el menoscabo al derecho a la educación pública de calidad.
Así, el argumento para plantear posibles amparos en contra de una posible ley educativa inconstitucional, o de posibles actos que menoscabaran los principios contenidos en la Constitución federal, sería más o menos el mismo: que tanto la ley, o los actos, serían violatorios del derecho a la educación de calidad, y del esquema de evaluación y competencias que ahora establece la Constitución como mecanismo para que los maestros accedan a plazas, permanezcan en ellas, y mejoren sus condiciones laborales.
En todo esto, es indispensable considerar que hoy el amparo ya no es una acción eminentemente personal. Justamente, Mexicanos Primero consiguió la admisión del amparo que referimos en párrafos anteriores, gracias a una nueva figura contenida en la Ley de Amparo, denominada “interés legítimo”. Éste interés ya no necesita suponer que ha ocurrido un agravio personal y directo, sino que basta con que los integrantes de una colectividad sostengan que un acto o ley perjudica el interés social o los lesiona como sociedad. Todo esto es suficiente para que el juez de amparo admita a trámite la demanda de un juicio de garantías, y esté en posibilidad de entrar al estudio del fondo del asunto para hacer un control constitucional.
En este escenario, las asociaciones de padres de familia, los comités de escuela, o casi cualquier tipo de unión de interesados en presentar un amparo en contra de la no aplicación de la ley educativa, o de la posible contradicción de ésta con la Constitución, podría hacerlo. Esta es otra veta que no puede dejar de considerarse, hoy que los legisladores locales dicen que ya existe un dictamen con posibilidades de ser sometido al Pleno de la LXII Legislatura para que finalmente emita una ley educativa.
IMPUNIDAD
Vehículos destruidos, personas agredidas, un elemento de la Policía Vial con lesiones graves. ¿Y todo va a quedar en la impunidad? Increíblemente, es lo que parece.
