+ El combate, a nivel local, debe iniciar por las leyes municipales
El “anticorruptómetro” es una iniciativa de varias organizaciones civiles, encabezadas por México Cómo Vamos, que está haciendo un esfuerzo importante por clarificar qué entidades de la República han mostrado interés por avalar la recién aprobada reforma a la Constitución de la República que contiene el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Hasta ayer, 12 entidades ya habían dado su aval a la modificación constitucional. Oaxaca no estaba, ni estará, entre los estados que hagan posible la mayoría necesaria para consolidar el Sistema. Aquí están tan despreocupados que por eso no han hecho nada para perseguir la corrupción, comenzando por las autoridades municipales.
En efecto, en su nota principal de ayer miércoles, TIEMPO daba cuenta de cómo en Oaxaca existe un problema estructural a través del cual las autoridades municipales pueden ejercer su cargo no sólo sin rendir cuentas, sino sin padecer consecuencias jurídicas por ello. La presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura estatal, Leslie Jiménez Valencia dijo que a la fecha alrededor de 500 presidentes municipales no han presentado su Cuenta Pública 2014, y acusó que las autoridades municipales aprovechan las lagunas jurídicas que tiene la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, para no cumplir con esta obligación.
Y es que, como bien lo afirmaba la diputada Jiménez Valencia, la Cuenta Pública es el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Por eso, si la Cuenta Pública es un documento fundamental para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados. La única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.
¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.
Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.
BOQUETES LEGALES
De los cientos de munícipes que no rinden cuentas en los términos que señalan las leyes, no han sido ni diez quienes en los últimos años han pisado la cárcel por eso. Ello, a pesar de que en Oaxaca existen casos tan evidentes como los de varios ex ediles que en sólo tres años se hicieron millonarios, y que además no han tenido empacho en presumir públicamente su riqueza y su corrupción, e incluso retar abiertamente a las autoridades estatales para que los persigan. ¿Por qué no han podido hacerlo de manera efectiva?
Porque resulta que las normas estatales vigentes les brindan a los ediles amplísimas posibilidades de corregir sus cuentas; porque, además, la Auditoría Superior del Estado no tiene capacidad humana, técnica y financiera para revisar exhaustivamente ni siquiera a un tercio de los entes auditables en un año en Oaxaca (que son más de 600); y porque además en los demás órganos de justicia no existe el grado de especialización requerido para poder afianzar los procedimientos que se inician en contra de las autoridades municipales corruptas.
Pues como la Auditoría Superior no tiene facultad de ejercer la acción penal de manera directa, tiene que acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que sea ésta quien integre las averiguaciones previas correspondientes y, en base a los datos que le entregue la auditoría, pueda someter a la consideración de un juez los expedientes para intentar que éste obsequie una orden de aprehensión. Además, ninguno de los delitos que se pueden configurar por esta vía, es grave.
Así que a lo que se ha dedicado la ASE en los últimos años (y hasta eso, sólo para que le tengan algo de miedo… y quién sabe si lo haya logrado) es a integrar averiguaciones, aprehender a las autoridades estatales corruptas, llevarlas a los separos a que les tomen la foto correspondiente y finalmente esperar el momento en que paguen una fianza o consigan un amparo ante la deficiente integración del expediente con el que se le acusa. Esa es la triste historia del combate a la corrupción municipal en Oaxaca.
En mucho, están involucrados los diputados. Por eso no sorprende, nada, que frente a la posibilidad de contribuir a la elevación del Sistema Nacional Anticorrupción (siendo parte de los primeros 17 estados que deben darle su aval a la reforma) como norma constitucional, ellos simplemente prefieran que otras entidades lo hagan.
CORRUPCIÓN ESTATAL
En eso seguramente estamos muy bien. Según Perla Woolrich no hay ni un solo corrupto. Aunque nos parezca sorprendente, eso es lo que indican sus resultados como —según— “zar anticorrupción”.
