+ Crearon Policía Vial para recaudar, no para mejorar servicios públicos
A nadie sorprende que los gobiernos busquen regular algunas situaciones para elevar su recaudación, y que lo hagan a través de la justificación de ser impuestos verdes, a la salud o por la seguridad de las personas. Eso es generalmente aceptado. Sin embargo, esta justificación pierde su contenido cuando las intenciones recaudatorias se descaran. Tal es el caso del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que ha venido tomando una serie de medidas eminentemente recaudatorias bajo el engañoso argumento de la protección a las personas.
En efecto, en los últimos días ha causado mucha molestia entre los conductores de vehículos que circulan cotidianamente sobre Avenida Ferrocarril, que el gobierno municipal que encabeza Galdino Huerta Escudero, haya decidido instalar semáforos en varios de los cruces de esa avenida con calles pertenecientes a Santa Lucía del Camino. Si había algo que caracterizaba a Avenida Ferrocarril como una vía rápida, era que sólo tenía dos semáforos en todo su trayecto, y que es una de las pocas vialidades más o menos amplias de la capital oaxaqueña, que además sirve como un verdadero desahogo para una parte del tráfico pesado que intenta cruzar la ciudad para continuar su viaje al interior del Estado.
Todo eso se acabó. Hace más o menos un mes instalaron dos semáforos, y esta semana los pusieron a funcionar: uno en el cruce de Avenida Ferrocarril con la calle de Calicanto, y otro en el cruce con Avenida Hornos. El problema no radica en los semáforos (de hecho eso es un beneficio), sino en el hecho de que, en apariencia, lo hicieron sin el menor sentido de la practicidad y sin tomar en cuenta la cantidad de vehículos que circulan por esa arteria.
Pues no son semáforos que ordenen el tráfico y lo agilicen, sino que, al contrario, lo obstaculizan, lo retardan y lo mantienen detenido por largos periodos, con el caos y la contaminación que eso provoca. Ello es consecuencia de la mala sincronización de los semáforos, de la incorrecta medición proporcional de los tiempos entre “altos” y “sigas” en cada una de las bocacalles, y de la poca consideración a los automovilistas.
Si ello es muestra del extravío de la autoridad municipal de Santa Lucía, el semáforo instalado en Ferrocarril y Hornos es un monumento a la torpeza. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de tráfico se hace en ese cruce entre los vehículos que circulan sobre Ferrocarril y desean incorporarse a Hornos, y viceversa. Por eso, el pequeño problema es que a todos los que planearon la instalación de esos semáforos se les olvidó considerar que la mayoría de los automovilistas llegan a ese punto para cambiar de vialidad.
Entonces, como los semáforos sólo tienen las tres luces normales (verde, ambar y rojo), y no tienen las que expresamente indican las vueltas, su gran solución fue sincronizar los artefactos de tal forma que todos los vehículos deben detenerse, en todos los sentidos, para que dentro del tiempo de la luz verde de los vehículos que continúan su marcha en recto, también den vuelta quienes así lo necesiten. Sólo eso provoca un caos hasta en las horas no pico. Y ese semáforo, en los últimos días ha provocado filas de vehículos de hasta medio kilómetro, cosa que no ocurría cuando el tránsito era controlado por agentes viales (no de Santa Lucía, sino de la Policía Estatal) que sí tenían sentido de cómo organizar el cruce de vehículos.
ERRORES ¿CALCULADOS?
Uno podría suponer que esos son simples errores. Sin embargo, lo que se ha podido ver es que las sesudas autoridades de Santa Lucía del Camino han aprovechado esos errores para molestar a los automovilistas. Hay un ejemplo muy sencillo de eso.
Como es tan lento el tráfico entre Hornos y Ferrocarril por el nuevo semáforo, en esa esquina se encuentran casi de forma permanente, media docena de agentes viales de Santa Lucía del Camino, que se han dedicado a detener a todo tipo de unidades, únicamente para imponerles una multa. Contra toda lógica que pudiera justificar sus molestias, su intención es únicamente la de imponer sanciones económicas sin proteger a los automovilistas o motociclistas que circulan por la zona.
Así, por ejemplo, los agentes viales de Santa Lucía del Camino han hecho su agosto deteniendo a motociclistas por no portar el casco u otras medidas de seguridad que se encuentran establecidas en su reglamento. ¿Qué hacen? Los agentes detienen al incauto, le exigen sus documentos (tarjeta de circulación o licencia de conducir, o ambas), y una vez que le imponen una multa ¡lo dejan continuar su marcha!
¿Qué no se supone que la justificación de detener a un motociclista que no lleva casco, es la de proteger su integridad, impidiendo que continúe su marcha, e imponiéndole una sanción por la irresponsabilidad? Eso ocurre en todos los lugares con autoridades sensatas, menos en Santa Lucía del Camino que, para incrementar su recaudación de recursos no fiscalizables, ahora ha echado mano este tipo de medidas.
Otro ejemplo es el del llamado operativo alcoholímetro, que casi a diario instalan en ese mismo cruce, o sobre la Carretera Internacional a la altura de la Gasolinera Bautista, después de la media noche. ¿Qué hacen? Lo mismo que cualquier alcoholímetro, aunque sólo de inicio. ¿Por qué? Porque detienen los vehículos, dialogan con el conductor, y si acepta, o se nota que ingirió alguna bebida embriagante, es sometido a la llamada prueba de alcoholemia en aliento.
Lo curioso es que, de nuevo, si el conductor rebasa el índice de alcohol establecido, es remitido ante el juez calificador, que únicamente le impone una multa, y si el conductor ebrio puede ahí mismo la paga, o le es entregado a cualquier persona que lo vaya a sacar de los separos, previo pago de la sanción impuesta, además de que por la liberación del vehículo retenido se deben pagar otros derechos, que es lo que finalmente le interesa a la voraz autoridad de aquel municipio.
SÓLO VAN POR EL DINERO
El alcoholímetro funciona, únicamente cuando la sanción consiste en un arresto inconmutable. Es lo que, en el fondo, lo ha hecho eficaz en el Distrito Federal, en donde la gente sabe que no importa su condición social, económica o política, sino el solo hecho de conducir en estado de ebriedad. Aquí no es así. A Santa Lucía sólo le importa el bolsillo de los borrachos y los automovilistas irresponsables. Y según su lógica, si tienen para pagar no importa lo que pase…
