+ SEP emite duro comunicado puntualizando quién ordenó los pagos
Desde que Moisés Robles Cruz llegó a la dirección del IEEPO, siempre pareció procurar un buen entendimiento, y hasta trabajo coordinado, entre el gobierno estatal y las dependencias federales encargadas de lidiar con la Sección 22 del SNTE. En varios momentos, pareció que ambos órdenes de gobierno actuaban coordinadamente… hasta esta semana, cuando la polémica por el pago íntegro de la quincena no laborada por los maestros oaxaqueños llevó a la confrontación a ambos gobiernos. Si esto es un augurio del fin de la buena relación, entonces sería necesario que pronto haya noticias sobre el proceso judicial respecto a la no armonización de las leyes educativas locales con la nueva legislación federal.
En efecto, el año 2015 ha sido muy intenso para los gobiernos estatal y federal en la negociación con la Sección 22 del SNTE. En diversos momentos se firmaron minutas de trabajo entre la SEP y Gobernación, como representantes del gobierno federal, y del IEEPO como representante del gobierno de Oaxaca, en las mesas de trabajo con el magisterio. Del solo contenido de esas minutas se desprende que siempre hubo coordinación entre ambos órdenes de gobierno incluso para establecer los términos y las palabras que contenían los documentos.
En esas minutas y documentos firmados en varios momentos con la Sección 22 y la CNTE, ambos gobiernos siempre coincidieron en establecer compromisos abstractos que nunca tenían intención —porque ello habría sido inconstitucional, y además constitutivo de responsabilidades administrativas para los funcionarios firmantes— de desglosar en posibles prestaciones u obligaciones concretas. Incluso, durante meses el IEEPO se prestó abiertamente a seguir la estrategia del gobierno federal de tener un negociador bueno y un malo; siendo Gobernación el bueno (porque concedía) y la SEP el malo (porque era quien acotaba o de plano rechazaba lo cedido por Segob, aduciendo las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa.
En esa mancuerna, todos sabían —el gobierno federal, y el de Oaxaca— que el estallamiento del paro indefinido de labores era inevitable. Ambos gobiernos sabían que tenían que emprender una acción coordinada (en la cual el gobierno federal tenía que enseñar el músculo, y el de Oaxaca esconderse, para no incendiar la pradera) para mantener a raya las acciones magisteriales de cara a los comicios. Eso fue lo que hicieron. Pero al parecer ninguno de ellos estuvo lo suficientemente preparado para afrontar el costo político que tendría la reacción de la opinión pública ante sus decisiones.
El gobierno federal probó el amargo sabor del cuestionamiento-público-nacional-unánime, cuando dos días antes de los comicios anunció, por vía de la SEP, la suspensión indefinida de las evaluaciones docentes. Políticamente, ese era un claro mensaje de buena voluntad a la CNTE para que evitara cumplir sus amenazas de boicot a los comicios del 7 de junio. Pero ni la misma Coordinadora reaccionó de forma tan virulenta como lo hizo la opinión pública —la prensa tradicional, unánime en el rechazo, además de las imparables redes sociales, que cumplieron con su cometido de reflejar la postura de la ciudadanía en general— que de inmediato cerró filas en torno al rechazo a la medida anunciada por el gobierno federal.
Luego de los comicios, vino el cuestionamiento —también emergido desde la Ciudad de México— sobre si se pagaría a los profesores luego de los 17 días de paro de labores. La respuesta federal fue que no, hasta que volvieran a clases. Y luego vino el segundo tiro: ¿por qué habrían de pagarles por los días no laborados?
El IEEPO dijo inicialmente que era responsabilidad de la SEP; ésta dijo que era, en realidad, responsabilidad del instituto educativo estatal; IEEPO aceptó su responsabilidad, pero dijo que el área de incidencias estaba en manos de la Sección 22; y finalmente, ante el miedo de volver a ser el señalado como alcahuete del magisterio oaxaqueño, la SEP decidió publicar con todo detalle quién y cómo se ordenó, desde Oaxaca, que se pagara la quincena íntegra que no laboraron los profesores adheridos a la Sección 22.
LA SEP SE DESLINDA
“La Secretaría de Educación Pública —dice el Comunicado 155, emitido ayer a las 16:44 horas—, a través del oficial mayor de la dependencia, Jorge Carlos Hurtado Valdez, aclaró respecto a las constantes declaraciones del director general del IEEPO, Moisés Robles Cruz, quien ha expresado no estar en posibilidades de retener el pago a los maestros que no asistieron a laborar durante la primer quincena del mes de junio, ya que esta responsabilidad recae supuestamente en las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública federal. El oficial mayor puntualizó al respecto lo siguiente:
“El artículo 26 fracción VI de la Ley de Coordinación Fiscal establece como obligación de la SEP de (sic) retener y enterar las cantidades que por ley deban pagarse por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social, así como las demás cantidades que deban retenerse con base en la instrucción correspondiente de la autoridad educativa de la entidad federativa”.
Luego de eso, hace una relatoría en la que detalla nombres, fechas e indicaciones dadas por un funcionario del IEEPO —José Armando Pineda Loredo, enlace operativo para temas de nómina del IEEPO ante la SEP— primero para retener el pago, y luego para que los recursos fueran dispersados.
Y aunque la SEP pretende deslindarse aduciendo que “en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal”, atendió las solicitudes del IEEPO de suspender y posteriormente, reanudar el trámite de pagos de la quincena 11 en el estado de Oaxaca, lo cierto es que en realidad está enviando más un mensaje de ruptura política que de deslinde, porque entonces pareciera que —por muy paradójico que parezca— legal e institucionalmente el gobierno federal está supeditado en sus facultades a lo que disponga —según dice Moisés Robles— un funcionario que responde no a los intereses del IEEPO, sino de la Sección 22 del SNTE.
AUTORIDAD, DE PAPEL
En Oaxaca, eso es Moisés Robles: una autoridad similar a una roca aparente. Pero si el gobierno federal de verdad quiere apretar a la 22, entonces tendría que darle impulso político y procesal a la controversia constitucional que presentó el año pasado. Ahí está la clave. ¿O sólo simula dureza para esquivar el escarnio ciudadano?
