+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Que la certeza jurídica del Congreso incluya al Periódico Oficial

Date:

Periódico Oficial

+ Nadie se alarma del nivel de incertidumbre que genera la publicación


Es práctica conocida, que en el Congreso local puedan modificar un dictamen ya pasado por el pleno, sin que esto genere consecuencias para quien lo perpetra. Sin embargo, también es conocido que el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se ha prestado, y podría seguirlo haciendo, a manipulaciones que multiplican esa incertidumbre. Es por eso que la búsqueda de certeza jurídica en el procedimiento legislativo, debe venir acompañada por la certeza de lo que se da a conocer en el Periódico Oficial.

En efecto, aunque puede ser un asunto intrascendente jurídicamente hablando, la falta de consistencia en la administración del Periódico Oficial del Gobierno del Estado genera incertidumbre donde no debiera haberla. Todos conocemos la atropellada historia de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada la noche del pasado jueves en medio de empellones en el Congreso del Estado.

Por la premura que implicaban los plazos constitucionales fatales (si no entraba en vigor ese día, no sería de observancia general sino hasta el siguiente proceso electoral, luego del de 2016), la norma fue aprobada por el Congreso y, según, sancionada y promulgada el mismo día por el Ejecutivo, para ser publicada en un Extra del viernes 10 de julio del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El problema es que dicho Extra sólo se mantuvo publicado dos días en la página web del órgano de difusión, y este lunes desapareció sospechosamente.

Cualquier funcionario podría decir, frente a este señalamiento, que las publicaciones digitales del Periódico Oficial son simplemente informativas y que carecen de todo valor jurídico. Podría argumentar, además, que quizá el sitio web www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx estuvo “en mantenimiento” este día, y que de ahí viene la intrascendencia jurídica que señalábamos dos párrafos atrás. Incluso podría decirse que en Oaxaca sólo las publicaciones impresas del Periódico Oficial tienen validez, y que por ende no hay razón para hacer un señalamiento relacionado con las fallas del sitio web de dicha publicación.

El problema —para ellos— es que si la naturaleza de un órgano oficial de difusión, es propiamente la de dar a conocer a los gobernados las normas y determinaciones que emite la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, entonces en los tiempos actuales debiera ser un sentido básico de responsabilidad y congruencia mantener en las mejores condiciones posibles, el medio a través del cual hoy la mayoría de las personas interesadas pueden acceder a una publicación como esa. Dicho medio es el electrónico.

Además, un ciudadano común —cualquiera de nosotros, que no ostentamos carácter alguno de autoridad, ni necesitamos un ejemplar del Periódico Oficial para fines legales— lo que busca es el contenido de lo que se publica; la certeza de que lo publicado es lo mismo que se aprobó en el Congreso, y sobre todo el momento en que dichas disposiciones entran en vigor, así como los límites de actuación establecidos.

Eso no es poca cosa. Y el hecho de que no haya certeza —no jurídica, sino certeza común— de lo publicado, genera incertidumbre, la cual bien puede ir desde el hecho de que no se pueda conocer el contenido de una ley ya vigente, hasta la suspicacia de que esa abrupta desaparición de un documento ya publicado en medios electrónicos pudiera ser el preámbulo de una negociación política para cambiar su contenido.

INCERTIDUMBRE

En otros tiempos, fue harto conocida la práctica de mandar a imprimir documentos idénticos a los elaborados por el Periódico Oficial para falsificar decretos, trámites, publicaciones y demás. La última gran noticia que hubo a este respecto, fue cuando en la administración del gobernador Ulises Ruiz, un grupo de funcionarios se dedicó a comerciar con el otorgamiento de patentes notariales, a través de lo cual se generó un ominoso mercado negro de la fe pública.

Uno de los pasos por los que pasaba ese otorgamiento ficticio era la publicación en el órgano oficial del resultado de exámenes, convocatorias y otros requisitos, para lo cual mandaban a imprimir documentos similares a los emitidos por el Periódico Oficial, que como no eran cotejados ni validados, entonces eran dados por buenos.

Nadie querría regresar a esos tiempos, en los que la certidumbre jurídica de lo publicado en el Periódico Oficial era nula. Por esa razón, la propia Dirección del Periódico Oficial, que depende de la Consejería Jurídica debiera procurar la generación de confianza y no de incertidumbre entre la ciudadanía, manteniendo lo más alcance posible, y con el mayor grado humanamente posible de certeza, el contenido de lo que publica. El asunto es de mayor trascendencia porque el contenido del Periódico Oficial es informativo en una vertiente distinta a la de cualquier otra publicación, porque no sólo se trata de que la ciudadanía sepa de la existencia de una nueva disposición o ley, sino también de su entrada en vigor.

A la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación (DOF), por ejemplo, el gobierno federal le dio hace tiempo el carácter de documento oficial, una vez que dispuso que el archivo en PDF (Portable Document File) de cualquier disposición publicada en él, tiene el carácter con valor oficial ya que contiene una firma electrónica avanzada, proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, al DOF le dieron ese carácter no sólo por una cuestión práctica o de preservación del medio ambiente, sino también para que cualquier persona pudiera acceder libremente a un medio de difusión de decisiones públicas sin necesidad de gastar dinero, y para romper la barrera de la limitación de los mecanismos para acceder a un ejemplar impreso, que siempre existió alrededor del Diario Oficial mientras mantuvo su tradicional valor probatorio y oficial sólo en su edición impresa. Esa es la ruta evolutiva que debiera seguir el Periódico Oficial. Aunque en realidad no sabemos cuándo ni cómo, e incluso si algún día ocurrirá.

EL HUEVO Y LA GALLINA

¿Puede entrar en vigor una norma que aún no ha sido publicada? Parece un contrasentido, pero eso es lo que sorprendentemente ocurrió —y nadie parece haber visto— respecto a la polémica Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que por las prisas de los irresponsables diputados según entró en vigor antes de ser publicada.

@ortizromeroc

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