+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Núñez Ginez: luego de la catástrofe, sale por la puerta de atrás

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Núñez-y-Villalobos

+ Sección 22, sin vocación autocrítica y sin control frente a crisis


La desautorización que hizo la Asamblea Estatal de la Sección 22, a los integrantes de la Comisión Política —entre ellos Rubén Núñez y Francisco Villalobos, principales integrantes del Comité Ejecutivo Seccional del sindicato magisterial— para seguir siendo interlocutores frente a los gobiernos estatal y federal, en los hechos constituye una defenestración del tamaño de la que le hizo el gobierno federal a Monte Alejandro Rubido García, luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque de entrada parezca exagerada, hay innumerables similitudes frente a sus respectivas circunstancias.

En efecto, si a Rubido lo responsabilizaron por la fuga del Chapo, luego lo obligaron a encabezar la humillación pública nacional e internacional a nombre del gobierno federal, y finalmente lo cesaron sin el menor decoro posible, algo muy parecido ocurrió con la dirigencia seccional que el fin de semana fue relevada de la responsabilidad de la negociación, pero a la cual no le aceptaron ni su dimisión, y tampoco consideraron su relevo ante la histórica derrota a manos del gobierno federal.

Pues resulta que, en el caso de Rubido García, el gobierno federal rápidamente decidió que él era la pieza sacrificable del ajedrez federal frente a la catástrofe de credibilidad y confianza institucional, que significaba la fuga del capo más peligroso y buscado del mundo, del centro de reclusión que se suponía que era la joya de la corona del gobierno federal en materia de seguridad penitenciaria en el país y, según, en buena parte de nuestro continente.

Por eso, enviaron a Rubido y no a su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que contestara preguntas de los reporteros, a que los paseara por el penal, a que hiciera con ellos el llamado “chapotour”, para finalmente cesarlo sin siquiera darle las gracias por los buenos servicios prestados al gobierno federal durante décadas, y únicamente cargándole la responsabilidad por la “imprevisible” —así calificó él mismo la forma en que se fugó el Chapo— evasión que ocurrió en junio pasado del penal del Altiplano.

¿Qué intentó el gobierno federal? Hacer un control de daños político, frente al débil elemento técnico que no tenía cómo defenderse. En realidad, el verdadero responsable institucional por la fuga del Chapo Guzmán era Osorio Chong como cabeza de sector de la Comisión Nacional de Seguridad, de la cual a su vez depende todo el aparato civil de seguridad en el país. Aunque el responsable material —por acción u omisión— hubiera sido Rubido García, de todos modos Osorio Chong tendría que haber pagado el costo político por la evasión de Guzmán Loera.

No fue así porque al gobierno federal le interesa mucho proteger a sus figuras fuertes, por encima de cualquier circunstancia; pero sobre todo, porque cargándole toda la responsabilidad a una sola figura, el gobierno del presidente Peña Nieto intenta encubrir la otra parte de responsabilidad que pesa sobre quienes aparentemente no tuvieron nada que ver en el hecho, y fueron respaldados por quien comanda el gobierno de la República. ¿Quiénes son? El propio Peña Nieto, su secretario Osorio Chong y toda la cadena de mando superior a la que nadie tocó ni cuestionó, a pesar de compartir responsabilidades con Rubido, que fue el único sacrificado.

Aunque en sus proporciones, algo muy parecido ocurre al interior del magisterio oaxaqueño con Núñez Ginez y compañía.

CATÁSTROFE MAGISTERIAL

Ayer TIEMPO daba cuenta de un documento del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 (CEDES-22), en el que se establece que la decisión que tomaron las bases del magisterio disidente (de removerlos de la comisión política negociadora) se debió “al enriquecimiento de los representantes, además de que no se consiguieron plazas para los normalistas, no se les permitió participar en el Concurso de Oposición y no pudieron pagar a los más de 81 mil integrantes”.

La nota establece que dicho documento señala la existencia de “corrientes políticas divididas” dentro del sindicato, entre los que se encuentran el exgobernador Ulises Ruiz y Andrés Manuel López Obrador. “En conclusión: el reclamo, la molestia y los disgustos crecieron cuando todo lo que se ganaba en las calles los integrantes de la Comisión Política de la Sección lo perdían en las mesas de negociación con las autoridades estatales y federales. Por lo que se considera que durante los 35 años de lucha, así como 23 años del Instituto (IEEPO), este comité se califica como el peor”.

Esto, básicamente, significa que a Núñez Ginez y los integrantes del Comité Seccional a los que defenestraron de esa responsabilidad política, les cargaron una responsabilidad que en realidad es de todos los poderes formales y fácticos dentro de la Asamblea Estatal, que permitieron que las cosas llegaran hasta estos niveles. Sólo quien no conoce ni entiende la forma en que se desenvuelven los poderes y equilibrios políticos dentro de la Asamblea magisterial, podría dar por válido que en realidad la comisión política negociadora tenía el poder que ahora pretenden atribuirle, o la capacidad de llevar al movimiento a su situación crítica actual. En realidad, pues, esto es responsabilidad de todos pero le están cargando el costo político, y la humillación, a su debilitado comité seccional.

Pues evidentemente en la Asamblea los acuerdos son multilaterales, y las decisiones nunca las toma el Comité Ejecutivo sino que se deciden en las plenarias de delegados. ¿Sólo Núñez tiene responsabilidad? ¿En dónde queda el papel que juegan los titiriteros detrás del movimiento? ¿Ellos estuvieron dormidos mientras un puñado de maestros, herederos de la insurgencia magisterial, terminaban con ésta gracias a sus frivolidades y tentaciones? Tales son argumentos inatendibles en un análisis realista.

Pero lo que ocurre es que los poderes fuertes al interior de la Sección 22 están humillando a Núñez, como carne de cañón para esconder las responsabilidades que ellos también tienen en este desastre político ocurrido en Oaxaca.

FELICIDADES

Darío Castillejos es un caricaturista de talla mundial. Es oaxaqueño, es talentoso, es exitoso y además sabe ser un gran amigo. Desde este espacio le enviamos un afectuoso abrazo, y nuestro reconocimiento, por haber ganado por segunda ocasión el Premio Nacional de Periodismo. ¡Enhorabuena!

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