+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Es terrible que el Estado desconfíe en las instituciones de justicia

Date:

Murillo Karam

+ Gobierno debe reforzar indagatoria por normalistas, no transferirla


Es terrible para cualquier Estado que se jacta de democrático y garante de la ley, que tanto sus ciudadanos como su gobierno desconfíen de sus propias instituciones. Eso es exactamente lo que ocurre cuando está a punto de cumplirse un año de la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y pareciera que el gobierno federal, los padres de los desaparecidos, y las instancias internacionales involucradas, apuestan a que sea una comisión o fiscalía ex profeso la que indague los hechos. Al parecer, nadie —ni el mismo Estado— confía en las instituciones del Estado.

En efecto, hoy nadie cree la llamada “verdad histórica” que construyó la Procuraduría General de la República desde hace más de nueve meses, gracias a un grupo de investigación internacional, que más parece haber venido por una consigna política que por tratar de realizar una indagatoria seria; mientras, los padres de los normalistas —quién sabe si accidental o deliberadamente— siguen confundiendo la responsabilidad internacional del Estado con lo criminal. Y el resultado es que un año después de esa tragedia nadie en México puede siguiera sostener alguna versión creíble y comprobable de los hechos y por eso pareciera que todos quieren descansar transfiriendo el deber de la investigación a una instancia —nacional o internacional— creada ex profeso.

¿Por qué lo quieren así? En un primer momento, pareciera que el gobierno federal está decidido a sostener la responsabilidad de la investigación, más por una cuestión de deber y decoro, que por estar verdaderamente convencido de que puede llegar a configurar una hipótesis comprobable de cómo ocurrieron los hechos. La PGR ha dicho que sus investigaciones sobre el destino de los desaparecidos cuentan con el aval de expertos de la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, y sin embargo titubeó en el instante mismo en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó sus primeras conclusiones de una investigación paralela.

No se trataba de que ambas hipótesis, y sus mecanismos de verificación, entraran en una ruta de choque. Más bien de lo que se trataba es de que cada uno lograra sostener no sólo sus argumentos, sino la base científica a través de la cual llegaron a ellas. Unos y otros no pudieron hacerlo a cabalidad, y por eso entraron en una polémica en la que ganó no la contundencia de las pruebas del GIEI sino el antigobiernismo y el escepticismo de una gran porción de la sociedad mexicana, e incluso de la comunidad internacional.

Por eso, en el fondo pareciera que la PGR está tratando de construir un escenario en el que, en algún momento, pueda construir una ruta encaminada a generar una instancia ex profeso para la investigación, o más aún, constituir una Comisión de la Verdad o ceder la jurisdicción de la investigación a una instancia internacional. Así, pareciera entonces que el mismo Estado dejó ya de creer en sus propias capacidades de esclarecer un hecho de naturaleza compleja como la desaparición de los 43 normalistas, y por eso, en su desánimo, podría en algún momento llegar a tener la convicción de entregar la investigación incluso en aras de que otros la desahogaran, para que el pueblo mexicano —no todos: sólo sus detractores— y la comunidad internacional creyese las conclusiones a que llegara la misma.

LA OPOSICIÓN NO REPARA EN EL DAÑO AL ESTADO

En los últimos días, los padres de los normalistas, y hasta algunos partidos de oposición al gobierno federal, han deslizado la posibilidad de que se cree una fiscalía especializada dentro de la PGR para investigar esos hechos; y otros han considerado que es necesario que sea una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se haga formalmente a cargo de las investigaciones para que entonces se “garantice” la imparcialidad y la profesionalidad de las conclusiones a las que se llegue.

Esa duda, y la intención, tienen exactamente la misma naturaleza que la incredulidad de la PGR. Ellos —y eso es natural— tampoco creen en el Estado. Pero no creen, no porque verdaderamente tengan dudas fundadas de lo que puede revelar o esconder la investigación ministerial, sino que dudan por una cuestión de formación política y de posición sistemática. Es decir, dudan porque tienen que dudar; y una vez resuelta esa primera situación, sólo han ido buscando los argumentos —a veces coyunturales, a veces de fondo— para justificar su posición contraria.

La oposición, y sus grupos radicales, no reparan en que el Estado mexicano es mucho más que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que ellos estarían terminando de pavimentar una incredulidad que más temprano que tarde llegaría a afectarlos a ellos mismos, si en los siguientes comicios ganan la Presidencia de la República.

Esta tendencia le hace mucho daño al Estado. No tendría por qué haber una fiscalía especial, o una comisión de la verdad, y mucho menos la necesidad de una investigación conducida desde el extranjero, cuando se supone que tenemos instituciones fuertes de procuración de justicia. Si haber más serenidad, más sentido de Estado, y menos manipulación, y frente a la posibilidad de instituciones débiles o poco confiables, lo que debiera estar ocurriendo es una exigencia unánime de que esas instituciones nacionales superen sus deficiencias y realicen una investigación ejemplar que pueda ser sostenibles frente a cualquier tipo de argumento en contrario.

Pensar en esas posibilidades que hoy se barajan a punto de cumplirse un año de la desaparición de los normalistas, no hace sino alimentar la desconfianza que sirve de alimento diario a los grupos que sólo quieren oponerse sin tener convicción alguna por conocer la verdad. Y entre esas dos situaciones, hay un mar de distancia que es en donde hoy podría comenzar a ahogarse la verdad real sobre la desaparición de los normalistas.

SÍ, FUE EL ESTADO

En un primer momento, se deben deslindar responsabilidades y castigar a los criminales que, desde el Estado o con su aquiescencia, perpetraron ese horrendo crimen. Sin embargo, se juzgue por secuestro o por desaparición forzada, de todos modos el Estado tendrá después que enfrentar su responsabilidad internacional. Al margen de las sanciones internas, ese es un delito de lesa humanidad, que dentro de algún tiempo sentará a México en el banquillo de los acusados al menos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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