+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Los defensores del Fortín de todos modos deben impulsar el plebiscito

Date:

Defensa del Fortín

+ Consulta carece de base legal, por ende no inhibe vías constitucionales


A raíz de la urgencia por legitimar la ubicación del nuevo Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal desplegó la más amplia campaña publicitaria para un proyecto específico de todo el sexenio. Movilizó a miles de personas, gastó cantidades millonarias en publicidad y no tuvo rubor en transgredir las condiciones de equidad que se supone que debieron existir para la realización de la consulta. Y como esto fue un simple ejercicio potestativo, carente de fuerza vinculante, y ajeno a cualquier mandato legal, entonces lo que los opositores al proyecto debieran hacer es de todos modos impulsar un plebiscito sobre el asunto.

En efecto, de entrada es necesario revisar y entender la naturaleza jurídica de la consulta realizada ayer por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Pues es necesario comprender, primero, que no es no son lo mismo, ni pueden ser equiparables, la figura del plebiscito con la de una simple consulta ciudadana; y segundo, que el “ejercicio democrático” que fue la consulta realizada ayer no cancela ni agota la posibilidad de emprender otra consulta, pero ésta sí legitimada por los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución del Estado.

¿De qué hablamos? De que, quizá, con la realización de la consulta ciudadana ayer, el gobierno estatal intentó adelantarse a la ciudadanía organizada en al menos dos supuestos: el primero, ganarle a los ciudadanos el paso de la exigencia de consulta, al ser el propio gobierno quien lo propuso directamente al IEEPCO, aunque mañosamente no a través de la figura del plebiscito que contempla la Constitución, sino por medio de una consulta sin bases legales y, por ende, sin obligatoriedad en sus resultados. Lo segundo que el gobierno intentó ganar a los ciudadanos es el hecho de que una vez realizada la consulta no hay más que hacer, y el resultado —seguramente muy amañado a su favor, por la enorme campaña que desplegó— tendría que ser acatado por las partes.

Es posible que en el campo político esto sí pudiera ocurrir, pero no en el campo de lo jurídico. Pues con el solo hecho de que la consulta realizada ayer no tiene fundamento legal —y más bien parte de una interpretación torcida de la Ley de Participación Ciudadana— se puede y debe entender que su realización y su resultado, tampoco inciden frente a los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran contemplados en el apartado C del artículo 25 de la Constitución local. Como jurídicamente la consulta no existe, entonces siguen perfectamente vigentes, y en posibilidad de ser ejercidos, los mecanismos de participación ciudadana relacionados con el Cerro del Fortín, y la construcción del CCCO en aquella zona.

Esta es la principal ventana de oportunidad que ahora tienen los opositores a que el CCCO se construya en el Cerro del Fortín, porque fuera de esos mecanismos parece que ya no existen otros que puedan llegar a ser igual de eficaces no sólo para obligar al gobierno a que cumpla con un resultado, sino también a establecer una verdadera línea de legitimación entre la ciudadanía.

A nadie le va a sorprender, por ejemplo, que la consulta de ayer haya tenido una bajísima participación ciudadana espontánea, y que se haya nutrido de las formas tradicionales de influir en algún proceso electoral. Esto ocurre porque una parte importante de la ciudadanía no logró ser convencida de algunas de las posturas que han establecido los impulsores y detractores del CCCO en el Fortín, y por ende la participación real es escasa, y ese será uno de los defectos principales de la legitimidad que quieran sacar de la consulta para la edificación de la obra.

QUE NO SE DETENGAN

La mañana de ayer, el artista plástico Francisco Toledo afirmaba que no participaría en la Consulta Ciudadana que se realizaría este domingo en la capital del estado para determinar si se construirá o no el Centro Cultural y de Convenciones pues, dijo, es una farsa; dudó que el proceso a cargo del IEEPCO, sea transparente y autónomo. “Mi postura se mantendrá firme, no puede cambiar, pues hay muchos elementos para afirmar que el Cerro del Fortín no es el mejor lugar para su construcción. Es un mal proyecto, está mal planeado”, agregó.

De lo que ya no dijo nada el Artista Plástico, y debiera ser fundamental en estos momentos, es de las supuestas 70 mil firmas que había ya recabado antes de que arrancara todo este proceso de la consulta. ¿Por qué son fundamentales? Porque esa cantidad de firmas bien podrían ser la punta de lanza para el impulso de un plebiscito ante el órgano electoral. Como debemos recordar, ese mecanismo de participación ciudadana sí puede ser impulsado directamente por la ciudadanía o por el Congreso local, para obligar al Ejecutivo a someter a consideración de la ciudadanía una disposición de naturaleza administrativa, como lo es la construcción de un edificio público en un espacio determinado.

Nada inhibe la posibilidad de esa participación. A Oaxaca no le sirve el derrotismo de quienes anticipadamente han acusado que la consulta de ayer domingo era una farsa o un fraude, como tampoco le sirve la simulación del gobierno de un supuesto ejercicio democrático, cuando lo que abiertamente ha hecho es manipular a distintos sectores de la ciudadanía, y trabar alianzas con grupos de presión como el transporte público, los locatarios de los mercados, o los sindicatos de la construcción, que finalmente dentro de muy poco tiempo irán a cobrar su apoyo a través de prebendas.

Al final, lo que Oaxaca necesita es una ciudadanía proactiva que ataje, con la ley en la mano, los intentos del sector público de simular acciones en las que en verdad no cree. La consulta de ayer es irrelevante en su resultado. Como no es vinculante, de todos modos el gobierno continuará construyendo el Centro de Convenciones, y esto quedará como un simple ejercicio indicativo que no tiene ninguna trascendencia. Y como todos los mecanismos de participación ciudadana están a salvo, entonces la ciudadanía necesita empoderarse para asumir su importancia en estos procesos.

ÚLTIMA ESCALA

Esta semana será determinante en la política oaxaqueña. La consulta de ayer fue el último dique antes del desbordamiento que será la sucesión del año próximo. A partir de ya, todo en Oaxaca puede esperar: son tiempos electorales, y el hambre, la injusticia, la pobreza y demás, quedarán en segundo plano.

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

EL LABERINTO DE LA JUSTICIA || Hugo Aguilar: La voz indígena que llegó a la SCJN con méritos propios

Antonio Gutiérrez Los pueblos y comunidades indígenas de México han...

La moda mezcal: racismo, clasismo y otros complejos

Primera parte Renato Galicia Miguel  Por ahí veo en face...

DICEN QUE… || Nada cambia, ¡pero no es cierto!

Juan Carlos Salamanca  Dicen que nada cambia. Que las cosas son...