+ Los aspirantes deben moderarse; el excederse es contraproducente.
El proceso electoral está en fase de preparación, y en todos los partidos las cosas están que arden. La falta de reglas electorales claras, el revés de la Suprema Corte a la legislación electoral de la entidad, y la incapacidad tanto del órgano electoral, como de partidos y candidatos por establecer una línea de moderación, están provocando un desbordamiento anticipado y total de los ánimos electorales. Si seguimos como hasta ahora, llegaremos a la mitad del proceso electoral en medio de una guerra política, y esto culminará con un resultado cuestionado por todos. Si esa es la expectativa, entonces vamos muy bien. Pero si no, es buen momento para detenerse.
En efecto, el proceso electoral se declaró abierto el 8 de octubre, y a muchos todavía les queda duda por qué, si apenas tres días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado prácticamente toda la reforma constitucional y legal en materia político electoral de nuestra entidad. Quienes tienen esa duda, se encuentran en un dilema válido: pareciera que al echar por tierra la legislación electoral, lo que quedaba vigente era el anterior sistema y calendario, en el que todo arrancaba en la primera semana de noviembre para que los comicios ocurrieran el primer domingo de julio.
Lo particular, en este caso, es que la jurisdicción de las normas electorales cambió, para pasar de un sistema federalizado de sistemas electorales, a uno centralizado. Es decir, que si antes había una “convivencia” entre normas y órganos electorales que se dedicaban a organizar los procesos electorales federales, y los correspondientes en las entidades federativas, ahora existe un solo espectro electoral que es nacional. Por eso el antiguo Instituto Federal Electoral pasó a ser nacional, y por eso las normas electorales emitidas por el Congreso de la Unión ahora son de observancia general en todo el país. Ese es un problema mayor, a la luz del vacío de autoridad y de la anarquía política que se vive en Oaxaca.
Pues resulta que aquí la legislación electoral se emitió al cuarto para las doce, y con un cúmulo desbordado de fallas que provocaron la invalidación de prácticamente toda la legislación estatal por parte de la Suprema Corte. Este hecho en específico generó una reacción en cadena que de inmediato desacreditó al órgano electoral (que ya no es de integración local, sino que es una extensión del INE) y que abrió un espacio en el que muchos suponen que sólo hay vacío. Ese vacío, creen —quizá válidamente—, es de normas, pero también de autoridad y de límites, sobre lo que pueden o no hacer quienes aspiran a un cargo público en los comicios estatales del año próximo.
¿Por qué el proceso electoral arrancó la semana pasada, si hubo invalidación de la legislación electoral estatal? Porque el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en los procesos para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en las entidades federativas, los comicios deben ocurrir el primer domingo de junio, y por ende los tiempos para la preparación del proceso electoral debían anticiparse a los establecidos en el régimen anterior, en virtud del esa y otras disposiciones de orden nacional.
Ello significa, claramente, que a pesar de que no hay ley electoral local, y que supletoria y complementariamente se aplicarán algunas de las normas del régimen anterior, sí existe una observancia de las reglas establecidas en la legislación nacional vigente de la materia, aunque evidentemente el problema radica en la forma en cómo los partidos y candidatos están entendiendo esta circunstancia.
NO HAY AUTORIDAD
El problema es que todos creyeron que con la caída de las normas electorales, Oaxaca se convertiría en tierra sin ley, para efectos políticos. Eso se alimentó con el enorme descrédito que, gratis, se ganó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al convertirse en cómplice del régimen en la legitimación del Centro Cultural y de Convenciones a través de una consulta que, salvo a sus impulsores y organizadores, no dejó convencido a nadie. Todo eso hizo crecer la estela de ingobernabilidad electoral que hoy es cosa de todos los días en Oaxaca.
Pues a simple vista se puede observar que nadie tiene el menor pudor por al menos guardar ciertas formas de cara al proceso electoral que ya arrancó. Vemos a aspirantes a la gubernatura, en su calidad de servidores públicos, realizando “giras de trabajo” constantes a la entidad, en las que abiertamente ocupan recursos del Estado para la organización de eventos masivos que no tienen otro fin más que el de un acto proselitista.
Vemos a legisladores, ex legisladores y “ciudadanos comunes” impulsando campañas costosísimas a la vista del público, en la que abiertamente promueven sus “logros” —como si no hubieran cobrado dietas y salarios por realizar esa función— o los supuestos beneficios que le llevaron a la ciudadanía. Hay quienes abiertamente ya promueven su nombre, iniciales y propaganda de cara a las encuestas que se realizarán próximamente para medir la popularidad de quienes aspiran a la gubernatura, las diputaciones y los cargos municipales que estarán en disputa el año próximo.
¿Por qué lo hacen sin ningún pudor? Porque no hay autoridad. Porque el IEEPCO parece ser el gran pasmado en todo este devenir de acontecimiento, y parece ser también el gran pagador de las facturas por la incertidumbre jurídica que priva en la entidad no sólo después del revés de la Corte, sino del desaseado trabajo que realizaron los legisladores al impulsar una legislación electoral confeccionada de prisa, y sobre las rodillas.
EL DESCRÉDITO
Al final, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Un proceso electoral salpicado por la ilegalidad, dominado por la incertidumbre y, en resumen, un proceso que terminará siendo cuestionado por todos. Lo que no ven es que con esta rienda suelta al desorden todos promueven la incredulidad por el resultado. Sea cual sea. Esto no lastima a nadie más que a los que hoy invierten tiempo, recursos y capitales en esta lucha. La gran ausente es la autoridad, que desde ahora se ve liquidada y desacreditada, y que no alcanza a generar las condiciones ya no para que alguien la respete, sino al menos para que los actores políticos distingan que a pesar de todo, sigue ahí para ser árbitro de la contienda.
