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+ Magisterio: moderados y radicales, necesitan sus vías de escape
En apariencia, hoy sólo existe un canal de diálogo entre el Estado y el magisterio disidente aglutinado en la CNTE. Ese diálogo parece versar únicamente en la lógica de la exigencia magisterial de condiciones para negociar las condiciones de implementación de la reforma educativa, y la negativa gubernamental a abrir esos canales, mientras ello constituya la apariencia de un chantaje. Esa idea de la inexistencia de canales de entendimiento debe quedar sólo en la corteza. Pues debiera ser un asunto de consideración seria, el cómo va a hacer el Estado para ofrecer las vías de despresurización necesarias al interior de la CNTE, y cómo a su vez ésta parece estar intentando equilibrar sus posiciones entre radicales y moderados.
En efecto, a lo largo del presente mes hemos visto cómo la Coordinadora emprendió dos intentos abiertos de paros regionales de labores docentes para exigir mesas de diálogo con la federación, y cómo el gobierno federal respondió con un solo argumento: que cada maestro que abandonara las aulas sería sancionado con su correspondiente día de salario descontado, y que quien acumulara tres faltas injustificadas durante octubre, sería despedido.
En medio de esos argumentos —que corren en paralelo sin tocarse— surgieron las posiciones de los gobiernos estatales de Oaxaca y Guerrero. Mientras el gobierno oaxaqueño anunció, a través del IEEPO, que descontaría salarios a los maestros faltistas, el Gobernador de Guerrero pidió comprensión y tolerancia con los profesores de aquella entidad. Ante ésta última consideración, el gobierno federal volvió a responder argumentando que no compartía la postura del gobierno guerrerense, y que si la administración del gobernador Rogelio Ortega no hacía lo necesario para efectuar los descuentos, los funcionarios involucrados también serían sancionados.
¿Qué queda en medio de todo esto? Evidentemente, en medio queda, por un lado, el mosaico de posiciones que convive al interior de los órganos de dirección de la CNTE; y por el otro, la preocupación —y la responsabilidad— que deben tener el gobierno federal y los de las entidades federativas involucradas (Oaxaca y Guerrero, básicamente) sobre el control de las bases radicales del magisterio, que tienen incluso identidad con sectores de la guerrilla, y otras organizaciones que sí están en posibilidad de optar por la violencia como forma de resolver sus demandas. ¿De qué hablamos?
De que desde siempre se ha sabido que el magisterio de la CNTE no es homogéneo, y que dentro de él confluyen grupos moderados y radicales, que permanentemente luchan por imponer sus determinaciones al interior de sus órganos de dirección, sobre los mecanismos y los fines que deben perseguir en su lucha política. Por eso hemos visto cómo esa confluencia de moderados y radicales, y sus crecidas y caídas, impactan en las formas de lucha que plantean, y en los fines que establecen para su lucha.
Y ese, de hecho, era uno de los temas que causaban más preocupación en los estratos gubernamentales, primero cuando se emitió la nueva legislación educativa, y después cuando en entidades como Oaxaca se requisó el IEEPO a la estructura de la Coordinadora para que el gobierno de Gabino Cué —e indirectamente el gobierno federal— tomara el control de la educación pública en la entidad.
En el escenario de crisis, finalmente lo que se demostró es que la CNTE pudo procesar moderadamente la situación, y que se plantearon un escenario de mediano plazo, antes que buscar el choque directo e inmediato, como sí lo sugirieron las alas más radicales cuando el gobierno de Oaxaca anunció la expropiación del IEEPO a la Coordinadora. Lo particular, ahora, es que la Coordinadora entró nuevamente en la ruta de conflicto entre sus grupos moderados y radicales. Y eso es lo que parece explicar las acciones de las últimas semanas, el endurecimiento retórico de las posiciones federales respaldando a Oaxaca, y la “moderación” que pide el gobierno de Guerrero. ¿A algo hay que temerle?
MODERACIÓN, ¿PARA QUÉ?
Hay que leer con atención lo que afirmó el Gobernador de Guerrero cuando se pronunció por no descontarle a los maestros que realizaron un paro de labores el pasado 12 de octubre. Según declaraciones publicadas en medios informativos, Rogelio Ortega insistió en que no se debe descontar el día a los maestros de la CNTE. Ortega dijo que pidió al titular de la SEP, Aurelio Nuño, no hacer efectivos los descuentos, ya que es parte del trabajo que ha hecho para reconstruir la gobernabilidad en el estado.
¿Es este entonces un asunto de gobernabilidad o de administración educativa?, debiéramos preguntarnos. Y la respuesta es que, en un primer momento, sí es un tema administrativo, pero que en el fondo es también —y sobre todo— un asunto de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la mayor presión la ha ejercido el gobierno federal en Oaxaca, donde sí hay una comunión federal-estatal para aplicar la reforma educativa y para no ceder frente a la CNTE; pero parece que en Guerrero están buscando la forma de abrir una válvula de escape. Esa presión es la que insiste en una respuesta “combativa” a las acciones gubernamentales para implementar la reforma educativa.
Sobre esto, los grupos más radicales de la Coordinadora siguen dando luces. Por ejemplo, en El Insurgente, órgano de difusión del EPR (núm. 165, 09/2015, pág. 20), intentan responder a la pregunta de qué hacer frente al intento del Estado de implementar la reforma educativa: “(responder) de manera organizada y decidida, sin titubeos, con determinación y con la táctica de la resistencia popular activa y combativa. La lucha contra las reformas burguesas neoliberales debe trascender los marcos del espontaneísmo, localismo y dispersión orgánica, política e ideológica; organizarse y desarrollarse desde una perspectiva de clase, es decir, desde la concepción marxista de la lucha de clases, en donde no hay espacio a la ingenuidad política, posiciones conciliadoras y derrotistas, por tanto no hay espacio a las formas burguesas de hacer política en tanto que éstas están diseñadas para que la burguesía salga fortalecida”.
SITUACIÓN DELICADA
¿Debe haber moderación? En algún punto, sí. Pues los radicales no quieren negociar, conciliar o aceptar derrotas. Ellos quieren todo o nada. Lo cual significaría, en algún punto, violencia. Por eso, a pesar del discurso federal duro, la posición del gobierno de Guerrero es no justificable, pero sí entendible.
