+ Policía Vial: los obligan a agraviar a la gente, y los agreden a ellos
Aunque abominable, la denuncia hecha por dos elementos femeninos de la Policía Vial del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, sólo confirma lo que la sabiduría popular retrata con la frase de que “cuando el perro es bravo, hasta a los de la casa muerde”. Esto porque si hay en Oaxaca un ejemplo de una corporación policiaca creada expresamente para molestar a la ciudadanía, y no para cumplir con una función relacionada con la seguridad pública, ese bien puede ser el de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, a la que no le preocupa otra cosa, ni realiza otra función, que la de imponer sanciones a diestra y siniestra para generar un lucro económico a costa de sus propios habitantes.
En efecto, esta semana se dio a conocer que dos mujeres policías de tránsito acusaron que servidores públicos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, las obligaron a desnudarse y las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo luego de que retuvieron brevemente al regidor de Hacienda durante un operativo de alcoholimetría.
Según consta en expediente de queja DDHPO/943/(01)OAX/2016, abierto ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, una de las agentes narró que el pasado 16 de abril, en el marco de un operativo de alcoholimetría, le marcó el alto a un automóvil, y al acercarse a él percibió aliento alcohólico del conductor. Al pedirle sus documentos, el sujeto se identificó de manera agresiva como chofer del regidor de Hacienda del propio ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. El conductor incluso le ofreció dinero, dijo la agente, quien rechazó el ofrecimiento.
Las policías permitieron que el conductor y el pasajero pasaran el filtro sin mostrar sus documentos pues dijeron que sus jefes les han dado la instrucción de que cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, sólo les “hagan recomendaciones”.
Ambas agentes agregaron que después de esos hechos el regidor y su chofer fueron a la sede policiaca de Santa Lucía para quejarse de ellas, argumentando que les habían quitado dinero, por lo cual el director de Seguridad Pública instruyó que fueran detenidas y revisadas. Las mujeres “señalaron que policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban”, informó la DDHPO.
Agregó que las policías dijeron que luego las llevaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento, donde les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.
AYUNTAMIENTO ABUSIVO
Frente a esto, se informó que el organismo les otorgó medidas cautelares a las quejosas, en las que además solicitó al encargado de la presidencia municipal de esa localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca, Carlos Girón Navarrete, que pida a los servidores públicos involucrados (regidor de Hacienda, director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad) que emitan un informe detallado en un plazo de cinco días sobre los hechos en los que se presume violaciones a la seguridad jurídica y la legalidad.
En el fondo, este hecho no parece ser sino la confirmación de lo que a estas alturas es bien sabido de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino: que es una corporación ideada y conformada sobre la base del abuso y el provecho indebido de la figura de autoridad. Pues es claro que lo que hicieron con esas dos elementos, es lo mismo que hacen con la ciudadanía que irremediablemente cae en sus manos: agraviarla hasta por la menor provocación, con el único objeto de quitarle recursos y demostrarle autoridad, pero sin la menor posibilidad de demostrar legitimidad en las acciones que toma.
En ese sentido, es bien sabido que la Policía Vial de Santa Lucía nunca presta algún tipo de ayuda en el control del tráfico o los problemas viales de su municipio. Todo el tiempo, todo, se hace a la tarea de cazar automovilistas y motociclistas para tratar de sorprenderlos hasta en el más mínimo error de conducción, para imponerles fuertes sanciones económicas.
Ayer mismo el periodista Humberto Cruz abundaba en esta situación —reiteradamente denunciada en este espacio— al publicar en su cuenta de Twitter (@betillocruz) varias imágenes en las que se apreciaba cómo, mientras había un fuerte congestionamiento en la Carretera del Rosario, los dos agentes municipales de Santa Lucía ubicados en ese lugar preferían levantar una infracción a un automovilista por una intrascendente infracción al reglamento vial de esa localidad —que nadie conoce y sobre el cual incluso hay duda sobre su validez legal.
ELEMENTOS, OBLIGADOS
Son reiteradas, además, las denuncias de los propios elementos de esa corporación, de que son obligados a entregar cierto número diario de infracciones levantadas a automovilistas. El alcoholímetro, además, ha sido para ellos un enorme negocio, en el que el conductor y la seguridad son lo que menos importan, mientras tengan dinero para pagar sus elevadísimas multas. ¿Culpa de quién? De la voraz autoridad municipal, no de los elementos, que con una aberrante doble moral, al mismo tiempo promueve los giros negros y produce estas medidas para sangrar el bolsillo de sus habitantes.
