+ Defraudados, pronto será un asunto electoral contra el PRI
Irremediablemente, el problema de los defraudados por cajas de ahorro populares en Oaxaca, continuará creciendo sin control, para pronto dejar de ser un problema económico y de leyes, para convertirse en un asunto estrictamente político, y altamente susceptible de manipulación electoral, que necesariamente afectará los intereses del Partido Revolucionario Institucional. En ello, habrá de combinarse la incapacidad del Congreso del Estado para manejar la problemática, con la poca atención que hasta ahora se ha puesto al asunto para comenzar a darle una solución de fondo.
Necesariamente, cualquier solución a este problema tendrá que pasar por aspectos no sólo de concertación política o de procuración de justicia, sino fundamentalmente, también por la revisión integral de ciertas normas aplicables, y por la posibilidad de desincorporarle todas las connotaciones políticas y electorales que algunos grupos hoy pretenden darle a este lío que crece como bola de nieve. Si esto no avanza, al menos parcialmente en el corto plazo, pronto las consecuencias serán fatales para quienes hoy profesan desatención al tema.
¿Por qué el asunto no sólo tiene que ver con la capacidad de negociación política o con la procuración de justicia? Porque, sin duda, está plenamente corroborado que la sola desactivación de las manifestaciones de inconformidad, que recurrentemente vienen a realizar a la capital oaxaqueña las decenas de organizaciones de ahorradores defraudados que se han creado, a causa del similar número de cajas de ahorro que han cerrado sus puertas dejando en el desamparo a sus usuarios. Esta, a la luz de los hechos, ha sido sólo una medida cortoplacista que en nada ha remediado las inconformidades de fondo de los manifestantes.
En este sentido, es también evidente que el asunto tampoco se resuelve con la sola acción de la Procuraduría de Justicia. Si bien es cierto que dicha instancia ha tenido desatenciones gravísimas en cuanto a la integración y consignación de los expedientes de quienes cometieron los fraudes, y ha hecho nada para aprehender a los responsables cuando está en plena capacidad de hacerlo —y todo eso conlleva también fuertes implicaciones, intereses, complicidades y hasta protección que se profesa desde el poder a los defraudadores que libremente se sustraen de la acción de la justicia—, también es claro que es poco o nada lo que se logra cuando, en casos excepcionales, sí se logra detener y presentar ante la justicia a los presuntos vivales.
Tal y como lo señalaba a TIEMPO en la edición de ayer el jurista y presidente del Colegio de Abogados de Oaxaca, Luis Manuel Rueda Alcalá, la norma penal no prevé ni la sanción corporal ni la multa ni las garantías cautelares suficientes, como para lograr que éstos restituyan en sus capitales, daños y perjuicios, a todos aquellos a quienes quebrantaron con sus acciones fraudulentas.
En este sentido, tenemos que dejar de lado aquellas consideraciones decimonónicas que sostienen que con el solo encarcelamiento de los responsables, todo se resuelve. En realidad, una solución de esa naturaleza si bien permite que la acción de la justicia avance, también continúa dejando en el completo olvido a las víctimas, que son las verdaderamente importantes en este y cualquier otro asunto en el que ocurren perjuicios patrimoniales, personales o en los derechos fundamentales.
Así, ¿por qué ello no resuelve el tema de fondo? Porque como lo decía el mismo abogado Rueda Alcalá, y como ocurre todos los días, los dueños de las cajas de ahorro defraudadoras, pueden incluso a ser presentados ante la justicia y asegurar, sin ambages, que sirven más libres que en prisión, y que si ese es el costo para no devolver los montos, que entonces prefieren pasar un tiempo en prisión (12 años como máximo, según el Código Penal estatal). Evidentemente, la prisión hace justicia pero no restituye a nadie en lo perdido. Por eso, una solución integral necesariamente debe tener mucho más de fondo que este primer planteamiento.
REVISIÓN INTEGRAL
Si verdaderamente hubiera preocupación sobre este asunto, los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, ya habrían acelerado la revisión integral de las normas penales aplicables, la aprobación de la norma reguladora de las cajas de ahorro popular, y la atención real tanto a las cajas de ahorro que aún subsisten como, sobre todo, a los grupos de defraudados que hoy son blanco fácil de quienes buscan líos diversos para manipularlos y convertirlos en “conflictos sociales”.
En el aspecto estrictamente legal, es nada lo que efectivamente ha ocurrido. El año pasado se creó una comisión legislativa para atender el asunto de las cajas de ahorro. Hasta ahora, dicha instancia no ha entregado resultados concretos de su gestión, y la mayor parte de su tiempo y atención se ha ido en escuchar a las partes en conflicto, pero sin poder proveer soluciones concretas.
Mucho de ese desgano, tiene que ver con la falta de un liderazgo e interés real por parte de las instancias políticas de decisión en el Congreso y en el Gobierno del Estado. Pero también por el hecho de que los diputados locales sienten ya que cualquier cosa que hagan ahora será insuficiente ante los poco menos de cuatro meses que le restan a la actual Legislatura local. Así, en el ámbito de lo formal, ellos habrán de heredar este asunto a los próximos diputados.
¿Y esto por qué es grave? Porque es ingenuo quien considere que este asunto se mantendrá apaciguado en el tiempo que media entre hoy y el próximo 4 de julio. Así, mientras desde el oficialismo le dan largas, y evaden cualquier posible solución a este asunto, algunos grupos de la oposición preparan las inconformidades que en cualquier momento podrían comenzar a ocurrir por parte de los defraudados.
¿QUÉ ALEGARÁN?
Que el gobierno no ha pagado a los defraudados; y que tampoco ha hecho justicia ni tomado providencias para aprehender a los responsables. Estos dos últimos aspectos sí son responsabilidad del sector público; el relativo al pago, es en realidad consecuencia de la excesiva permisividad, habida en la idea de que es con dinero público como se debe remediar el asunto. Este, en su momento, explotará como un asunto de fines electorales. ¿Apuestan?
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