+ Ley educativa es legal, pero ilegítima; CNTE padece mismo cuestionamiento
Es increíble cómo la discusión pública alrededor del conflicto magisterial de Oaxaca, y del sureste del país, difícilmente logra pasar de la controversia sobre si la reforma educativa es en realidad una transformación administrativa o laboral, o sobre la representación que puede tener la Sección 22, o la CNTE, del pueblo de Oaxaca, o del sentir de la mayoría de la población en la región donde ocurre el conflicto social. No alcanzamos a ver que en realidad lo que existe es un enorme problema de legitimidad, porque ni los mexicanos nos sentimos legítimamente representados por quienes aprobaron la reforma educativa, como tampoco por quienes dicen luchar por nosotros desde la Coordinadora.
En efecto, hasta ahora uno de los puntos del análisis versa sobre si la reforma educativa es en realidad educativa, o si es en realidad una reforma laboral o de tipo administrativa de los trabajadores de la educación. Otra vertiente del análisis gira alrededor de si el Estado comete o no represión cuando intenta actuar en situaciones como las que se viven en Oaxaca y Chiapas. Y una más, incluso, pretende dilucidar qué tan legítima es la lucha emprendida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por qué ésta sí representa al grueso de la población.
Vale decir, en el primero de los casos, que indudablemente esta reforma emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es de administrativa y laboral para los trabajadores de la educación en el país. Lamentablemente, en este rubro México vive hoy la misma tragedia que al haber hecho otras reformas imprescindibles para la estabilidad nacional, hasta que la situación era insostenible.
Por ejemplo, en las décadas previas reformó la legislación relacionada con la seguridad social. Primero hizo una reforma a la ley del Seguro Social, y hace pocos años hizo una modificación similar al régimen de quienes cotizan al ISSSTE. ¿Qué les faltó? Reformar la situación de los propios trabajadores de esas instituciones, cuestión que hicieron hasta que las situaciones financieras del IMSS y el ISSSTE estaban colapsadas. ¿Por qué? Por la intención de los gobiernos de evitar lo más posible el pago del costo político que esas reformas traerían aparejado.
Con la reforma educativa parece haber ocurrido al revés. Aquí el gobierno se centró en reformar la situación laboral de los trabajadores de la educación como aparente punto de partida de la reforma educativa. Ésta primera reforma se llevó a cabo bajo la estratagema de ser una reforma educativa.
No lo era, porque en realidad no se ha planteado la refundación del sistema educativo, o al menos de las bases teóricas a partir de las cuales se imparte la educación pública en el país. De hecho, al parecer el gobierno federal tuvo la idea de que reformando el régimen laboral y administrativo de los maestros, el sistema educativo cambiaría. Por eso ofreció esta reforma como educativa cuando en realidad tiene otras intenciones.
¿Por qué nunca reconoció abiertamente que era una reforma laboral —tampoco es algo tan grave, frente al hecho de que en los últimos 20 años el Estado reformó el régimen de casi todos los sectores productivos del país, públicos y privados— para así evitar que la oposición se centrara en si ésta era una reforma educativa, o laboral de los trabajadores de la educación? Parece que tampoco lo tuvieron lo suficientemente claro, y al esconderlo o confundirlo, le regalaron a los opositores uno de sus argumentos centrales en contra de esta reforma.
EL PROBLEMA ES DE LEGITIMIDAD
¿Qué tendría de distinto si esta reforma se hubiera presentado como laboral, y no como educativa? Que, básicamente, todos estaríamos claros de qué se está discutiendo. Pues en realidad, mientras el gobierno federal defiende la reforma educativa, los inconformes repudian una reforma laboral. Lo cierto es que ninguna de las dos debiera ser vista como algo negativo, o ilegítimo, si quienes argumentan sobre ella tuvieran el respaldo social suficiente para ser la voz de sectores sociales amplios.
Ahí hay una base hasta ahora inexplorada: en realidad, en las condiciones actuales habría la misma oposición, independientemente de cómo se hubiese presentado la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales. Esto sólo fuera distinto si en realidad los poderes federales (Legislativo y Ejecutivo) tuvieran el grado de legitimidad del que hoy carecen frente a la sociedad; o si, por el contrario, de verdad la Coordinadora representara el sentir y los intereses de los 4 millones de habitantes que tiene el Estado de Oaxaca, o los casi cinco millones que tiene el estado de Chiapas.
El problema es que tanto el Legislativo —ente soberano que emitió la reforma educativa— como la CNTE —cabeza de playa del grupo que se opone a ella—, tienen graves problemas de legitimidad. Los diputados y senadores, por ejemplo, son de los servidores públicos más rechazados por la sociedad, y son de los que más se desconfía por considerarlos indiferentes a los problemas sociales, o corruptos.
Por su parte, la CNTE se ha encargado de minar la amplia base social que tuvo en otros tiempos, y si bien a sus manifestaciones acuden los sectores que le siguen profesando respaldo, lo cierto es que, juntos la Coordinadora y sus grupos de apoyo, son minoritarios frente a la población que quién sabe si comulga con sus fines, pero sí discrepa profundamente de sus métodos de lucha por ser demasiado abrasivos para la situación y las actividades productivas de miles de personas.
NO NOS CONFUNDAMOS
Por eso, este es un problema de legitimidad, no de si la reforma es educativa o laboral para los trabajadores de la educación.
