+ Para llegar a la verdad debe haber investigaciones ordinarias y serias
La práctica de que el Estado se disculpe, a través de sus funcionarios, por la comisión de algún delito en contra de los derechos humanos, se ha venido reiterando a partir de la conciencia de que las violaciones a derechos humanos agreden a toda la especie humana, y que el reconocimiento de la responsabilidad, y las disculpas, son una parte determinante del resarcimiento al que tienen derecho todos aquellos que fueron víctimas de una transgresión de ese tipo. En ese marco, ¿debía disculparse el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, a nombre del Estado mexicano, ayer que se encontró con los afectados de Nochixtlán?
En efecto, esta resulta ser una pregunta muy actual a la luz de varios sucesos relacionados con el enfrentamiento de Nochixtlán, y las consecuencias arrojadas por un acontecimiento como ese. Pues resulta que subidos en la posición que les dio el resultado del conflicto, los deudos y los afectados por el enfrentamiento de Nochixtlán, anticiparon le pedirían al Subsecretario federal que, como punto de partida para cualquier tipo de diálogo, les ofreciera una disculpa pública a nombre del gobierno federal por los muertos y heridos ocasionados por la refriega del domingo 19 de junio en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan.
En ese mismo contexto, se anunció que la Procuraduría General de la República había ejercido su facultad de atracción de los legajos de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado en Oaxaca, para llevar a cabo los peritajes e indagatorias relacionadas con ese enfrentamiento.
El Ministerio Público de Oaxaca inició investigaciones sobre las causas y móviles de los decesos ocurridos en el enfrentamiento, y por las lesiones que sufrió más de un centenar de personas. Paralelamente a ello, la PGR inició sus propias averiguaciones previas por los delitos federales cometidos —entre ellos, por el de uso de armas de fuego y explosivos. De esta forma, la PGR concluyó que como eran investigaciones relacionadas, atraía la investigación para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué ocurrió el domingo 19 en Nochixtlán.
Este anuncio, particularmente, fue importante porque desde el mismo día del enfrentamiento, la Fiscalía estatal denunció que tanto pobladores de Nochixtlán, como profesores de la Sección 22, habían obstaculizado el inicio de las investigaciones, y el acceso a objetos, escenarios y datos probatorios que permitieran deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.
De hecho, varios días después del enfrentamiento, el Ministerio Público estatal anunció que tenía los primeros elementos relacionados con la investigación. Pero ésta irremediablemente tendrá que llegar al punto de deslindar exactamente quiénes dispararon, quiénes le provocaron las lesiones a todos los heridos —incluyendo a varios policías heridos de bala, independientemente de los afectados por piedras, golpes o explosiones de cohetes—; y quiénes deben responder ante la justicia por esos actos.
¿OFRECER DISCULPAS?
El Estado mexicano sólo ha hecho públicas sus disculpas frente a delitos de orden internacional relacionados con derechos humanos, cometidos por agentes del Estado, y con base en sentencias dictadas por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Radilla Pacheco es, en ese sentido, parte aguas en cómo el Estado mexicano se vio obligado a asumir esa conducta como parte de la concepción de la reparación del daño que han construido los tribunales internacionales, contemplando no sólo el resarcimiento económico, sino también el moral, como resulta ser una disculpa pública.
Incluso, fuera de esos casos contenciosos —contadísimos—, la única ocasión en la que un servidor público federal voluntariamente ha ofrecido una disculpa pública, a nombre del Estado, por una conducta de ese tipo, fue hace unos meses cuando el General Secretario de la Defensa Nacional, reconoció la responsabilidad de integrantes del Ejército mexicano en la tortura a una mujer en Guerrero, y ofreció disculpas a la sociedad mexicana por tal conducta, y ofreció investigaciones a fondo y castigos contundentes.
Considerando todo eso, ¿el subsecretario Campa debía ofrecer una disculpa por los hechos de Nochixtlán? Muy seguramente sí, pero no en este momento. No, porque no se han concluido las investigaciones. No, porque aún no hay certeza jurídica sobre qué ocurrió exactamente en Nochixtlán en aquel enfrentamiento. No, además, porque así como se debe saber quién disparó las armas que hirieron y mataron a varios manifestantes en aquel bloqueo carretero, también se debe saber quién disparó las armas que hirieron a una decena de elementos estatales y federales, y quién ocasionó las lesiones a todos los descalabrados.
En el fondo, es necesario entender que tanto los policías como los manifestantes son personas, con los mismos derechos e imperativos, y que el punto de partida para que el Estado se disculpe, es que se conozca toda la verdad sobre esos hechos, y que también quien deba enfrentar responsabilidad penales —policías o civiles— sean presentados en las mismas circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
PATRAÑAS
Se debe desterrar el propagandismo que habla de conformar una comisión de la verdad —oooootra— para conocer qué pasó en Nochixtlán. Deben ser las autoridades regulares las encargadas de la investigación, pero sí bajo una estricta y equilibrada supervisión ciudadana. En el fondo, las comisiones de la verdad a modo, son tan nocivas como los tribunales de esas características. Y en Oaxaca ya hemos tenido demasiado de eso como para seguir insistiendo en esas patrañas.