+ Un error, suponer que la reforma educativa era pétrea; siempre hubo fisuras
Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que es necesario reformar la legislación en materia educativa, pero no abrogarla. Esta postura es fundamental en el cauce que lleva el conflicto magisterial encabezado por la CNTE, porque representa nada menos que la moderación de una de las voces más beligerantes que, según parecía hasta hace unos días, estaba dispuesta a llevar de nuevo el conflicto a una situación de crisis. Si para resolver cualquier conflicto es necesario que las partes en pugna se escuchen y transijan, ahora todos deben apostar a que la evaluación docente pase por esa profunda revisión que le vendría muy bien a los maestros, al SNTE, a la CNTE, y al país.
En efecto, ayer varios medios informativos de la capital del país dieron cuenta de las afirmaciones de López Obrador, hechas a un noticiario radiofónico, en las que concretamente aclaraba que lo que busca al apoyar a la CNTE en la oposición a la Reforma Educativa, es la revisión de la ley y no su abrogación. López Obrador puntualizó que es necesario que se atienda a una revisión exhaustiva de la reforma lo antes posible, pero que no se puede derogar reforma educativa porque “sería claudicación del Gobierno y no le conviene a nadie. Tiene que haber autoridad”, puntualizó.
De hecho, AMLO dijo que para ‘corregir’ algunos planteamientos, es necesario que se cuente con la intervención de maestros y especialistas, que determinen qué es lo mejor para la definición del proyecto educativo. No se puede derogar la reforma educativa, hay que revisarla en un periodo extraordinario antes del primero de septiembre”, expuso.
Estas declaraciones tienen un significado enorme. Pues contrario a todo lo que se pudiera suponer, es la primera vez en mucho tiempo que López Obrador ofrece destellos de una postura equilibrada, de Estado, y capaz de encarar los problemas sociales por encima de las proclamas o las conveniencias políticas. Esta postura del líder de Morena, por increíble que parezca, lo que está haciendo es afianzar no la conveniencia oficial, sino el necesario —y muy echado de menos— diálogo público, en el que la capacidad de escucharse y de transigir entre las partes en pugna, fuera el camino para resolver los conflictos sociales.
Esto es muy significativo. Hace apenas dos semanas parecía que la crisis magisterial en el sureste del país no tendría otro remedio más que —en uno de los extremos— la utilización de la fuerza pública; y que —en el otro extremo— todos los actores y grupos estaban anunciando —y denunciando, anticipadamente— un acto de represión, ante la utilización de la fuerza pública, independientemente del contexto y los resultados tanto de la negociación, como de otra posible intervención policiaca para terminar con las acciones de protesta de la Coordinadora.
LA EVALUACIÓN
Hay un punto en el que el gobierno federal ya logró generar un consenso, aún en detrimento de sus propias posturas: que cualquier forma de entendimiento con el magisterio nacional —el SNTE y la CNTE— pasa por la revisión del modelo de evaluación. Eso lo tuvo que hacer el gobierno federal a partir de la urgencia de hallar un arreglo con la Coordinadora, sin que esto significara, por un lado, premiar la beligerancia de las corrientes magisteriales disidentes; y que, por el otro, tampoco fuera un arreglo con la CNTE que dejara a los profesores identificados con el SNTE —que sí aceptaron los términos de la reforma— como unos peleles.
En esa lógica, la evaluación debe revisarse en un contexto integral, y ese no es un argumento nuevo. De hecho, en diciembre pasado apuntábamos lo trágico que resultaba que en los asuntos públicos el diálogo sin matices nos llevara a la intolerancia y la demagogia.
Es necesario asumir —dijimos en nuestra entrega del 31 de diciembre pasado— que existen muchos temas en los que hay todavía un largo trecho por recorrer antes de que pueda hablarse de mejora o de verdadera eficacia. Eso ocurre claramente en todo lo relacionado con la aplicación de la evaluación docente, que debe ser vista en su dimensión más justa no como la panacea, sino como el inicio de un camino que tiene mucho por rectificar.
Esa “rectificación” es justamente de la que hablaba ayer López Obrador, y es la que se verá obligada a buscar la Coordinadora si es que de verdad quiere llevar la negociación a un puerto viable para sus agremiados, antes que continuar en la lógica de “patria o muerte” que ha intentado sin éxito hasta ahora. Muchos de esos problemas de la evaluación están perfectamente detectados y lo que hace falta es reconocerlos, analizarlos y corregirlos desde la base misma de una reforma a la legislación ya existente.
Entre los muchos temas que deben corregirse, se encuentran por ejemplo un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares, entre muchísimos otros más que cualquier maestro —al margen de las posturas políticas CNTE/SNTE— ha podido ya detectar y que, todos coinciden, hay que corregir.
REVISIÓN, INELUDIBLE
Ahí está la base del problema, y por eso la solución al conflicto social de Oaxaca sí debe pasar por la revisión de los “cómos” que están alrededor de la evaluación docente.
