+ Gobierno federal: a eperristas, los ignoran pero les temen
Hoy se cumplen tres años de la desaparición de los militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Este es un asunto trascendental que, independientemente de que lo acepten o no, cada año cobra vigencia no sólo por el hecho mismo, sino porque también deja ver no sólo la importancia nacional que tiene el pasado reciente de Oaxaca, sino también la afrenta que aún significa el conflicto magisterial de 2006 para los grupos que participaron en él; y la obtusa petulancia de un gobierno que sólo voltea a ver su negro historial, cuando no comprende desde qué frente es atacado.
Aún hoy existen varias circunstancias que pareciera que no quedan claras. Fue desde junio de 2007, apenas unos días después de la denuncia sobre la desaparición de los dos eperristas, cuando la Comandancia General de ese grupo armado dejó en claro varios puntos: Reyes Amaya y Cruz Sánchez desaparecieron desde la noche del 24 de mayo de 2007; no estaban hospedados y tampoco fueron aprehendidos en el operativo militar ocurrido en el Hotel del Árbol al día siguiente, pero sí desaparecieron por ese rumbo. El EPR, además, aceptó expresamente que esos dos, y muchos más de sus integrantes, participaron en el movimiento magisterial y popular del año previo, en su calidad de luchadores sociales. Incluso, desde entonces, dejaron clara la corresponsabilidad tanto del gobierno de Oaxaca, como el federal, por ese hecho que, tres años después, sigue sin ser aclarado y los desaparecidos sin ser presentados.
Así, es claro que el hecho se bifurca en por lo menos tres vertientes: la primera, es la que tiene que ver con el brutal cuestionamiento sobre la subsistencia de la práctica de las desapariciones forzadas; la segunda, tiene que ver esencialmente con la preponderancia que todavía hoy tiene el conflicto magisterial y popular de 2006 en Oaxaca —aún cuando los gobiernos estatal y federal pretenden hacerlo pasar como un capítulo cerrado—; y una tercera apunta a la enorme irresponsabilidad —o la aceptación de su culpabilidad— por parte del gobierno federal al resistirse a atender y resolver este asunto, y más bien utilizar a la guerrilla como un fantasma. Pero vayamos por partes.
En el primero de los puntos, aunque el gobierno federal desestima los señalamientos del eperrismo, es evidente que, en el mundo, ninguna nación que se jacta de ser democrática y garantista de los derechos y libertades fundamentales, tiene asuntos pendientes o cuestionamientos por la desaparición forzada de personas.
Lo acepte o no, el caso de los eperristas resulta ser el más emblemático de los casos recientes de persecución y desaparición, aunque no el único. Por esa razón, el propio EPR ha buscado algunos mecanismos de denuncia y solidaridad —como los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, y la conformación de una Comisión de Mediación, a la que aceptó pero no ha atendido el gobierno federal—, con el objeto no sólo de elevar la protesta, sino también de esparcirla y darla a conocer en el mayor número posible de foros y organismos relacionados con derechos humanos, en el ámbito internacional.
En este marco se inscribe el cese unilateral de cualquier acción de sabotaje, que hace más de un año decretaron mientras la Comisión de Mediación realizaba las gestiones correspondientes ante el gobierno federal para localizar a los desaparecidos. A pesar de la aparente “tibieza” que algunos perciben en esa tregua que aún se mantiene, es evidente que con acciones y decisiones políticas como esas, el EPR logró catapultar la denuncia respecto a las desapariciones, pero también sobre su capacidad de fuego y organización (que ya demostró en la voladura de ductos de Pemex en 2007) y su voluntad por la paz.
OAXACA EN EL 2010
No obstante, junto a la importante acción política que hoy realiza el EPR respecto a sus desaparecidos y la suerte de ofensiva no violenta que libra contra el gobierno federal, no debe desestimarse todo lo relativo al conflicto magisterial de 2006. Aquella afrenta continúa hoy cobrando vigencia no sólo por el proceso electoral que ahora mismo ocurre en Oaxaca —en el que los distintos partidos en competencia pretenden ubicarse como los “buenos” y “malos” de aquel episodio, desatendiendo la responsabilidad conjunta que todos tienen en él—, sino porque Oaxaca sigue siendo hoy un paradigma de la lucha social por los cambios democráticos que aún no ocurren.
El 12 junio de 2007, 19 días después de la desaparición de los dos eperristas, en un comunicado emitido por la Comandancia Militar en Hidalgo, estableció lo siguiente: “La detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo y Raymundo se da en el contexto de la militarización y opresión política que ejerce el Estado mexicano en contra del pueblo de Oaxaca y sus organizaciones sociales y populares. Ellos como otros de nuestros militantes participaron desde la base en el movimiento magisterial-popular de Oaxaca motivados por su conciencia de clase y alta sensibilidad humana. Ese sería el único ‘delito’ por el cual se efectuó su ilegal detención y se les impone un castigo de lesa humanidad.”
Ante ello, ¿cómo no dimensionar la trascendencia del conflicto de Oaxaca, cuando en él participaron desde los ciudadanos desorganizados, hasta la más impenetrable de las organizaciones beligerantes que existen en el país? Esto, sin duda, sólo pudo ocurrir en medio de un episodio extraordinario de la vida nacional, que no será comprendido mientras todo se siga viendo desde la óptica obtusa de la lucha entre buenos y malos.
¿Y qué decir de las reacciones del gobierno federal ante hechos como la desaparición del abogado panista Diego Fernández de Cevallos? De inmediato, voltearon a ver al EPR como un fantasma. Especularon sobre su probable responsabilidad. Y esa sospecha, en realidad, emergió no de datos corroborables, sino de la incertidumbre que el mismo gobierno federal abreva sobre los dos desaparecidos que cargan en la conciencia. El gobierno de Oaxaca, mientras, se hace cada vez más amigo del silencio.
AGRESIÓN
La noche del domingo, dos gorilas protegidos por el edil de Xoxocotlán, Argeo Aquino Santiago, golpearon y despojaron de sus equipos de trabajo, a los compañeros fotógrafos Luis Cruz y Mario Martínez. ¿Qué la autoridad actuará sólo cuando hechos como esos culminen en desgracia? ¿O vale más seguir protegiendo los excesos de un abominable priista como Aquino? Los hechos hablarán.
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