+ La familia real es socia de negocios, será un coto más de poder del grupo que se va
Es hasta ahora incomprensible cómo desde antes de la elección de Gobernador, nadie del equipo priista consideró la posibilidad —y la necesidad— de incidir en los procesos políticos más importantes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Quizá por no considerarlo importante, o por creerse a pie juntillas aquella estratagema de la “autonomía universitaria”, nadie quiso intervenir. Lo que no consideraron es que del lado opuesto —es decir, del gobierno saliente— sí había una intervención clara que le permitió a la llamada “familia real” mantener el control total de la Universidad. ¿Qué puede esperarse de la UABJO, estando controlada por una extensión del grupo que dejará el poder el 30 de noviembre?
En efecto, a estas alturas es bien conocido el poder que tiene la familia Martínez Helmes en la universidad oaxaqueña, a grado tal que el patriarca familiar, Abraham Martínez Alavés, ha sido el artífice del triunfo de los últimos cuatro rectores universitarios, desde la época de Francisco Martínez Neri, y hasta el actual, Eduardo Bautista Martínez. La diferencia entre aquel primer rector que logró imponer la ahora conocida como “familia real”, y la actualidad, es la relación que también entablaron con los grupos de poder en el gobierno estatal para compartir los privilegios del manejo presupuestal, que pareciera que ha sido el gran negocio del sexenio para algunos grupos.
¿Qué pasó? Que mientras Martínez Neri y Rafael Torres Valdez fueron rectores, el poder y la influencia de la familia Martínez Helmes era eminentemente política y administrativa. Es decir, ellos tenían la capacidad de controlar las escuelas y facultades más importantes de la Universidad, y de incidir en todo tipo de procesos administrativos para mantener el control de su grupo.
Su influencia se circunscribía a los hijos de Abraham, Eduardo y Abraham, tanto en la Secretaría Particular de la Rectoría, como en la Dirección de Redes: el primero (Eduardo) tenía el control y la información de todo lo que conocía y decidía el Rector, y el segundo (Abraham) tenía capacidad de decisión sobre prácticamente cualquier trámite administrativo relacionado con el control escolar por estar ubicado en la Dirección de Redes y Telecomunicaciones, que controla todos los sistemas de cómputo y bases de datos de maestros, alumnos y personal administrativo de la UABJO. No obstante, Martínez Neri y Torres Valdez fueron autónomos en su gestión y en el manejo de su presupuesto, básicamente porque no tenían la injerencia de la familia real en el control financiero.
Pero las cosas cambiaron radicalmente en 2012, cuando Abraham Martínez Alavés decidió que era tiempo de dejar de controlar políticamente la Universidad a través de terceros, y entonces emprendió la aventura de convertir en Rector a su hijo Eduardo. Éste, sin ningún mérito académico y sin gozar de un historial destacado como universitario —acaso era un conocido y disciplinado burócrata universitario de tiempo completo— se lanzó a la Rectoría gracias al apoyo político de su padre, y de la amplia red de apoyos y controles políticos que había generado y aceitado en los ocho años previos. Ganó holgadamente y ahí les cambió el panorama del control que comenzaron a ejercer en la UABJO.
CÓMPLICES
Ya siendo rector Eduardo Martínez Helmes, tuvo acceso al presupuesto universitario, rubro al que no habían logrado acceder plenamente en los años previos. Ahí, además —y a decir de universitarios que conocen bien lo que ocurrió en el último cuatrienio— se trabó una alianza con el grupo gobernante oaxaqueño que, comandado por Jorge Castillo Díaz, tenía la posibilidad de redirigir presupuestos hacia fines privados. Gracias al dinero, la familia real pudo hacerse de espacios de influencia no vistos en la Universidad, y de provechos personales y familiares que superaron por mucho las historias previas de enriquecimiento y provecho a costa del presupuesto universitario.
Fue por eso que apenas en mayo pasado, cuando vino el relevo de Eduardo Martínez Helmes, la familia Martínez hizo todo para mantener el control político de la Máxima Casa de Estudios. Impulsó a Eduardo Bautista Martínez, que además de ser pariente de los Martínez, les garantizaba la continuidad en el control político y financiero de la universidad. Generaron una campaña gris, que alimentaron con millonarios recursos para la ingeniería electoral. Ganaron en medio de un escandaloso fraude, por prácticas como la de la Facultad de Derecho, en la que hubo más votos que electores universitarios registrados en el padrón electoral.
Para afianzar su triunfo, recibieron el respaldo político del gobierno estatal, que por primera vez en décadas no impulsó un entendimiento razonado entre ganadores y perdedores para repartir y equilibrar la presencia de los grupos universitarios. Lejos de eso, obligó al grupo de Silviano Cabrera a reconocer el triunfo de Bautista, y a retirarse sin recibir un solo espacio dentro de la estructura universitaria. Con eso, les terminó de entregar la Universidad, que ahora enfrenta el dilema de ser un ariete contra el nuevo régimen.
FUTURO INCIERTO
La elección de Director de Derecho, el viernes pasado, fue una repetición del cochinero electoral respaldado desde el gobierno estatal: todos ellos continuaron en el acuerdo a favor del control de la familia real —que es aliada incondicional del régimen saliente—, mientras que en la estructura política del nuevo gobierno nadie parece interesado en el tema. No ven que ese es un problema que sólo será cuestión de tiempo para generar su primera crisis.
