+ TSJE y FJE deben asumir socialización del sistema de justica
Oaxaca, y el país, enfrentan hoy el problema de la bajísima comprensión social de las implicaciones del nuevo sistema de justicia penal. En nuestra entidad, la responsabilidad de la implementación y socialización de los llamados juicios orales, recae básicamente en el Poder Judicial del Estado, y en la Fiscalía General. Pero sus efectos se extienden al Ejecutivo, que resulta ser el cuestionado por lo que ocurre con los delincuentes y la seguridad pública bajo este nuevo esquema. ¿Están preparados, todos, para los retos que impone esta nueva época de la justicia?
En efecto, en junio de este año entró en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal. Éste tiene como una de sus bases, la ponderación del conjunto de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, que engloban el llamado ‘debido proceso’; y, junto a ello, establece un nuevo esquema bajo el cual la mayoría de los delitos pueden ser susceptibles de reparación a través de métodos distintos al de la prisión, y que sólo los delitos considerados como graves —básicamente el homicidio, violación, delincuencia organizada, secuestro— ameritan prisión preventiva.
Este cambio de modelo constituye un verdadero reto no sólo para Oaxaca, sino para el país. En México prevaleció un modelo inquisitivo en el que la prisión preventiva era posible frente a la comisión de prácticamente cualquier ilícito, tuviere o no el carácter de delito grave. Con el tiempo, el catálogo de delitos graves se fue ensanchando hasta establecer una amplísima gama de delitos que por definición ameritaban pena corporal preventiva. Por eso la sociedad en general asume como un silogismo válido que frente a la comisión de un delito debe haber prisión, y que si no es así entonces hay impunidad porque no hay justicia.
¿Qué establece el nuevo modelo? Que sólo los delitos más graves deben llegar a juicio. Que en la mayoría de las conductas ilícitas se debe buscar la reparación por encima de la sanción. Y que ello debe ir depurando la masificación actual del sistema de justicia, que en muchos casos se pone en marcha por delitos o situaciones que podrían resolverse a través de mecanismos no judiciales. En el centro de todo, está la necesidad de establecer, en la conciencia de las personas, la idea de que no sólo hay justicia cuando hay prisión.
Ese es un imperativo que va más allá de las poses políticas. El nuevo sistema de justicia impone retos para los que en Oaxaca no sabemos si nuestros servidores públicos están preparados. En el caso del Poder Judicial, ha quedado claro que tiene importantes deficiencias en la implementación, que comenzó incluso antes de que el nuevo sistema de justicia penal se estableciera en la Constitución federal (2008), y terminó en una escandalosa premura que dejó en la apariencia —y en las interrogantes— el cumplimiento del mandato constitucional federal, en el sentido de que los juicios orales debían operar ya en todo el territorio a partir de junio del presente año.
¿Qué perspectiva hay de ese nuevo sistema de justicia para los años por venir?
INTERROGANTES
Frente a esto hay que entender algunas cuestiones: primero, que el gobernador Alejandro Murat inició su gestión bajo una perspectiva en la que no tiene bajo su tutela —legal o política— la designación de los titulares de los dos órganos encargados de la implementación del sistema de justicia: el Tribunal Superior de Justicia, y la Fiscalía General del Estado. El primero de ellos, Alfredo Lagunas, estará al frente del Tribunal hasta enero de 2019, y Héctor Joaquín Carrillo Ruiz fue electo por un periodo que fenece en agosto de ese mismo año.
Segundo, que ni la Fiscalía ni el Tribunal deben ser hoy vistos como parte de las designaciones políticas del gobernador en turno, y que eso mismo haría necesario revisar no sólo el desempeño de los dos funcionarios antes mencionados, sino su propia legitimidad como tales. De Carrillo se sabe que es un funcionario ministerial de carrera; pero Lagunas Rivera llegó por el evidente favor político de Gabino Cué al llamado Grupo Oaxaca, del que es integrante el tío de Lagunas, Ericel Gómez Nucamendi, y no por sus méritos como juzgador de alzada o por la capacidad demostrada en las tareas a su cargo.
Tercero, que hoy en día el Poder Judicial estatal ya no es instrumento político, pero sí es un elemento de gobernabilidad, justamente porque de éste depende en gran medida la percepción de justicia que tiene la ciudadanía. En este sentido, el Poder Judicial ha fallado gravemente al asumir su función en un sentido reduccionista y elitista, en el que se ha dedicado únicamente a difundir los alcances del nuevo sistema de justicia en círculos jurídicos y especializados, pero se ha olvidado por completo que el imperativo de la justicia alcanza a todos los estratos de la población.
INEFICIENTES
Frente a eso, habría que preguntarse qué perspectiva tienen tanto el nuevo gobierno, como los funcionarios designados, sobre esas tareas. Pues queda claro que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial tienen enfrente una enorme labor frente a la sociedad oaxaqueña, que no sólo no han realizado sino que incluso han desdeñado. En el fondo no se trata de los cargos como premio, castigo o favor político, sino con la eficiencia en el desempeño de los mismos. Y queda claro que tanto en el caso de Lagunas, como de Carrillo, su aporte a la gobernabilidad a través de la implementación del nuevo sistema de justicia, está lejos de ubicarse en los márgenes de lo deseable.
