+ Dar certidumbre a ciudadanía y proveedores, su fortaleza a mediano plazo
Es revelador que un centro de estudios financieros como el CEEY (Centro de Estudios Espinosa Yglesias) esté lanzando voces de alerta sobre la dimensión desconocida de la deuda pública de las entidades federativas, entre las que se encuentra Oaxaca. Eso se inscribe en el problema que en la actualidad enfrenta el gobierno estatal no sólo frente a la interrogante de a cuánto asciende la deuda real de la entidad, sino de cómo le hará frente a esos compromisos financieros. Se trata, por un lado, de la necesidad de conocer el problema real que enfrenta la entidad; pero también de que el gobierno inicie generando credibilidad y certidumbre frente a la ciudadanía, para utilizar después eso como una herramienta y no como un lastre.
En efecto, en una nota publicada por TIEMPO el pasado 16 de diciembre, se daba cuenta de cómo el CEEY sostenía que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la deuda pública de la entidad fue disfrazada a través de diversos mecanismos de planeación administrativa y financiera. “Se indicó [en el estudio del CEEY] que Oaxaca forma parte de cuando menos 10 estados que utilizaron a la firma transnacional Evercore para contratar un esquema financiero y jurídico para tener acceso a recursos sin contar con la autorización del Poder Legislativo. De acuerdo con la ASF, Oaxaca (…) se encuentra entre las tres entidades que tienen mayor diferencia entre la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda, y la que dieron a conocer en la Cuenta Pública de 2015”, dice la nota.
¿Por qué puede ocurrir esto? Porque en México las leyes que regulan no sólo lo relacionado con la responsabilidad y disciplina de las finanzas públicas, sino también lo referente a la utilización de esquemas de planeación financiera, administrativa y jurídica, tienen amplios vacíos que permiten prácticas como la de disfrazar, esconder o hasta “renombrar” los pasivos para no parezcan deuda. Esto es un espejismo, pero es algo que ha sido permanentemente utilizado, en lo que constituye un evidente fraude a la ley.
¿De qué hablamos? De que, técnicamente, el fraude a la ley ocurre cuando se realiza un acto que es ilegal, pero se realiza amparándose en lo que establece otra norma que pudiera no ser aplicable al caso concreto. Esta, que es un figura del derecho internacional privado, sí podría servirnos de parámetro para ello: en este caso, los gobiernos estatales han utilizado esquemas que disfrazan la deuda a partir de vacíos legales, o de la utilización ventajosa de otras figuras jurídicas (como la de los fideicomisos privados, alimentados de fondos públicos), que por su naturaleza les permiten escapar a la vigilancia de las entidades de fiscalización.
NADA NUEVO
En otros momentos, aquí señalamos la forma en cómo se disfrazó —con el aval de la ley, que fue manipulada para permitir ese engaño— el endeudamiento para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, bajo la estratagema de que dichas inversiones no constituían deuda pública.
Por una disposición legal —señalamos en esta columna el 8 de noviembre—, los PPS contratados para Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no recibieron la denominación de deuda pública, pero sí son un compromiso de pago para las arcas estatales. Específicamente, el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Oaxaca, señala sobre los PPS que “los pagos que realicen las dependencias y entidades, como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato para prestación de servicios a largo plazo, se registrarán como gasto de capital y no constituye deuda. Lo mismo ocurre —apuntamos también entonces— con la bursatilización de ingresos futuros, o la contratación de instrumentos derivados. En éste último caso, la Ley de Deuda Pública señala (artículo 14) que la contratación de instrumentos derivados no impactará en el cálculo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
Y finalmente dijimos: “en ese universo de instrumentos financieros —hasta ahora no revelado en su totalidad por el gobierno estatal— se encuentra la respuesta sobre el endeudamiento real del Estado, independientemente de si los compromisos de pago tienen o no la calidad específica de deuda pública. Esa idea maniquea, palidece frente al hecho de que todo se paga de la misma bolsa —el atribulado erario estatal—, y de que hasta el momento no hay certeza de a cuánto ascienden en realidad esos compromisos de pago en Oaxaca, que podrían ser por 21 mil millones de pesos. O más”.
Esa incertidumbre sobre el monto real de la deuda, es la que debe atajar cuanto antes el gobierno si su objetivo es ganar credibilidad entre la ciudadanía, y entre sus propios proveedores en Oaxaca. Es decir, debe informar cuánto se debe realmente, y quién es el responsable, para que se le persiga y castigue.
APALANCAR EL FUTURO
Pero además, el gobierno ahora debe establecer parámetros concretos de cómo afrontará el problema de deudas que recibió de Gabino Cué. Considerar la posibilidad del “borrón y cuenta nueva” sobre los pasivos, no sólo demostrará la pequeñez de los funcionarios entrantes sino que además les cerrará las puertas en el mediano plazo. ¿Cómo afianzarán el cumplimiento de sus metas si de entrada quiebran a más de la mitad de sus proveedores, cuya supervivencia depende del reconocimiento —y pago— de los compromisos asumidos por el sector público? ¿Cómo generarán certidumbre en el mediano plazo frente al sector privado, si no comienzan demostrando que el Estado, no ellos, tiene capacidad de cumplir su palabra y sus compromisos? Esta es una cuestión no sólo de dinero, sino de construir certidumbre. Ahí está la parte fina de este enorme problema. Ojalá la estén viendo.
