+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El gobierno de Oaxaca debe cuidar al máximo su relación con la S22

Date:

 

Sección 22

+ ¿Dónde está la gestión para que se aprueben los recientes acuerdos?


Todos en el gobierno de Oaxaca, pero particularmente en las áreas involucradas con temas de gobernabilidad, deben tener claro —y trabajar consecuencia— que la relación política más importante del gobierno en la entidad es con la Sección 22 del SNTE. Todos deben trabajar en mantener una relación sana y provechosa. Por eso, la forma en cómo arranca el diálogo con la nueva dirigencia magisterial debe ser un ejemplo de lo que no les puede volver a ocurrir a las áreas y dependencias estatales, que se supone que trabajan a favor de Oaxaca.

En efecto, el pasado miércoles se realizaría un primer encuentro de trabajo entre el gobernador Alejandro Murat y la nueva dirigencia de la Sección 22, que encabeza el profesor Eloy López Hernández. Ante la complicada coyuntura que vive el país, para la misma fecha se estableció una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República. La complejidad del tema —la nueva relación bilateral México-Estados Unidos— hacía necesaria la presencia de los 32 gobernadores como un mensaje de respaldo institucional al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno de la república y al pacto federal.

Ante ello, ¿no había alguien dispuesto y atento en el gobierno estatal para adecuar y empatar a tiempo la agenda estatal del Gobernador, con los asuntos de relevancia nacional que apremiaban su presencia? El asunto no es menor, porque lo grave no radica en que el Mandatario no haya llegado a una cita de trabajo, sino al hecho de que su equipo de trabajo falló gravemente en la previsión de las necesidades y los asuntos de la entidad, y en el tratamiento no a uno de los temas de relativa importancia, sino al tema de mayor relevancia para la agenda política y de gobernabilidad estatal.

En ese sentido, resulta que no se trabajó con la dedicación necesaria para establecer el espacio de diálogo que era necesario para evitar no sólo la cancelación del encuentro, sino la apariencia de que en los asuntos de la agenda pública, uno de los temas más importantes es relegado. En ello, nadie cuestiona la importancia y la necesidad de la presencia del Gobernador del Estado en la reunión con el Presidente, sino el hecho de que no hubo la previsión necesaria en los funcionarios en quienes recayó la atención a ciertas tareas básicas del gobierno, tales como la agenda de gobernabilidad y el apoyo logístico al propio Mandatario.

Lamentablemente, esa ha sido una característica de muchos servidores públicos de la presente administración: no han entendido que su lealtad y compromiso está con Oaxaca y con el Gobernador, y que deben trabajar sin soberbia ni petulancia en las tareas que les fueron encomendadas.

Es común que ni siquiera entre funcionarios de primer nivel se tomen las llamadas para tratar asuntos oficiales; que sean comunes las dificultades para entablar diálogo institucional porque hasta los titulares de las áreas de apoyo se asumen como inalcanzables; y que muchos de ellos —incluso en el staff del Mandatario— no asuman que su función debiera estar lejos de los desplantes y esencialmente enfocada en facilitar la labor del Gobernador, y evitarle problemas.

¿Y LA RELACIÓN CON LA 22?

Junto a esto debieran plantearse otras preguntas, y responderlas con seriedad: ¿Cuál es el estado real del avance y cumplimiento de los acuerdos firmados el 2 de diciembre entre el Gobernador y la dirigencia seccional de la Sección 22? ¿Qué han hecho las áreas del gobierno estatal con injerencia en la relación con el magisterio, para facilitar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Y qué han hecho quienes debieran haberse encargado de tiempo completo a generar los cabildeos necesarios con los factores de poder al interior de la Sección 22, para que ocurriera la aceptación formal de ese importante acuerdo signado en el marco del relevo de poderes en la entidad?

Esas cuestiones no son menores. El 2 de diciembre, el acuerdo entre el gobernador Murat y la Sección 22 implicaba el reconocimiento de más de 3 mil trabajadores de la educación sobre los que se comprobó que efectivamente laboraban en una situación irregular, y a los cuales el gobierno federal se comprometió a regularizarles sus plazas y salarios.

El arreglo, en términos económicos, implicó el compromiso federal de expandir en más de mil 200 millones de pesos el presupuesto educativo anual de la entidad; y eso mismo hacía muy importante el acuerdo para la dirigencia magisterial saliente, porque éste representaba la conquista más importante de la Sección 22 a la administración federal que, con todo y su resistencia, les impuso y comenzó a aplicar la reforma educativa.

Hoy, frente a los dislates de la Secretaría General de Gobierno, y de la Oficina de la Gubernatura, que con su labor no ayudan al Gobernador, debería haber claridad en la importancia del acuerdo signado en diciembre, y sobre todo en la relevancia de mantener una relación institucional clara y saludable con el factor de gobernabilidad más importante de la entidad.

EXTRAVIADOS

¿Acaso querrán esperar a que, por fallas y distracciones de funcionarios de segundo nivel, esa relación tan importante se descomponga? ¿De verdad no comprenden la complejidad que representa Oaxaca? Cada uno de esos funcionarios, en sus respectivos ámbitos, debieran entender que la gobernabilidad del Estado es mucho más que las grillitas con los partidos políticos; y que la responsabilidad que tienen en Oaxaca no tiene nada que ver con el esnobismo y los escenarios controlados de la capital del país, en los que estaban acostumbrados a moverse.

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