+ Muchos ex gobernadores en problemas; abundante corrupción; cero autocrítica
La de los gobernadores y su relación con la federación, bien podría ser la clásica historia del niño tirano. Actualmente, en muchas familias hay niños o jóvenes a los que los padres los relevan de toda responsabilidad, pero al mismo tiempo los premian con inmerecida abundancia, hasta conseguir que éstos asuman actitudes agresivas, desafiantes y provocadoras con quienes están a su alrededor, así como todo tipo de violaciones a las normas y límites familiares derivados de una acelerada intolerancia a la frustración. Si vemos ese catálogo de conductas, éste bien podría ser el de los gobernadores-niños-tiranos que parecen ser el signo de los tiempos actuales en México, y sobre lo cual sorprendentemente, no existe ningún tipo de autocrítica institucional de fondo.
En efecto, a propósito de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se han hecho nuevos y actualizados recuentos sobre los mandatarios estatales que hoy se encuentran en problemas con la justicia, y que ya alcanzan una cifra alarmante de 16. Según dichos recuentos, hay siete ex gobernadores en prisión, a saber: los priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, Flavino Ríos y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas; y el panista Guillermo Padrés, de Sonora.
Sujetos a proceso bajo amparo, dos: Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León. Investigados, cuatro: César Duarte, de Chihuahua (a quien ya se le libró una orden de aprehensión, por lo que hoy podría considerársele como prófugo de la justicia); Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz, y Gabino Cué, de Oaxaca. Hay otro ex gobernador prófugo, además de César Duarte: Jorge Torres, de Coahuila; y otros dos que fueron dejados en libertad luego de ser investigados en México y Estados Unidos, respectivamente: Humberto Moreira, y Eugenio Hernández.
Esta larga lista de ex gobernadores en problemas puede presentarse de manera deliberada, como un conjunto de hechos aislados de corrupción, y no vistos como un fenómeno más o menos generalizado. Sin embargo, el problema deja de ser la aparente suma de casualidades con la que pretende ser presentada —para evadir las discusiones de fondo— cuando se cae en la cuenta que entre los ex gobernadores emproblemados con la justicia se encuentran los de casi la mitad de las entidades federativas que conforman la federación en México; y que entre ellos se encuentran los ex mandatarios de algunas de las entidades económica, poblacional y políticamente más importantes del país como Nuevo León, Veracruz o las del norte de la República.
Por esa razón, el problema institucional de los límites, controles y responsabilidades que la Constitución federal le establece a la figura de los Ejecutivos estatales, no puede ser visto como una discusión que puede seguir postergada o que es de fondo innecesaria. Pues aunque en un primer momento se debe perseguir y actuar enérgicamente en contra de esos y todos los gobernadores que han cometido excesos en el ejercicio de sus funciones, es evidente que en el mediano plazo la discusión que debe prevalecer es la relativa a la modificación sustancial de la figura de los Ejecutivos estatales —y, en general, de las responsabilidades, obligaciones y límites de los poderes estatales— para eliminar la inercia de los gobernadores-niños-problema.
PREMIOS Y CASTIGOS
Más allá de la lista de nombres de los gobernadores en problemas —que es llamativa, pero que no deja de ser anecdótica—, lo que también vale la pena ver es todo en lo que se les ha premiado y castigado desde hace dos décadas que inició el proceso democrático que a la larga, en el año 2000 dio origen a la primera alternancia de partidos en el poder federal. En ese trance, a los gobernadores se les estimuló sobremanera para convertirse en los hijos tiranos de la federación. Veamos si no, a partir de la elaboración de una lista —enunciativa— de premios/“castigos” que han recibido de mediados de la década de los noventas a la fecha, tanto en la Constitución como en sus responsabilidades.
Entre los premios, a los gobernadores se les llenó de recursos. De acuerdo con Héctor Aguilar Camín, entre el año 2000 y 2014, los estados y municipios recibieron transferencias por unos 355 mil millones de dólares de recursos federales —casi tres veces el monto del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
La gran mayoría de esos recursos tenían como destino rubros sociales y de infraestructura que hoy están colapsados, tales como la salud, la educación, la obra pública, y otros, que hoy tienen como único común denominador la inoperancia, la quiebra financiera, los gastos desorbitados e irregulares, y la incapacidad de cumplimiento gracias a la irresponsabilidad de quienes tuvieron bajo su facultad la operación de dichos rubros durante dos o tres sexenios en los que se acumularon enormes problemas que ahora requieren de una especie de rescate por parte de la federación.
Junto con esos premios, los gobernadores recibieron más. No sólo fue el dinero a manos llenas, sino también dinero federal muy poco fiscalizable, que además se supone que debía estar vigilado por un sistema de fiscalización que hoy sabemos que ha sido profundamente ineficiente. A la par de eso, a los mandatarios estatales se les permitió un enorme margen de opacidad en todo lo relativo a sus gestiones; y también la federación cerró los ojos al crecimiento desmedido de la impunidad sobre sus actos y los de sus subordinados.
Si los anteriores fueron sus premios, la federación también los “castigó”, aunque a la larga tales castigos no fueron sino premios disfrazados de reprimendas, justo como las que se les aplica a los niños tiranos para continuar alimentando sus actitudes voraces. ¿De qué hablamos? De que la federación, en sus reformas más importantes, le ha quitado responsabilidades y facultades a los gobiernos estatales, en un trato que bien habría podido ser el que se le aplica a un menor de edad.
¿Ejemplos? Todas las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto fueron recentralizadoras: tomó para la federación innumerables facultades en materias como la educativa, electoral, fiscal, energética, recaudatoria, de seguridad pública, de justicia, de construcción de infraestructura, de rendición de cuentas, de fiscalización y de combate a la corrupción.
Esto parecía castigo por el trato de menor de edad que hoy la federación le da a los gobernadores. Pero es premio en realidad porque lo está relevando, en lugar de obligar a los gobernadores a crecer y asumir las responsabilidades que, como en un camino fácil, optó por recogerles luego de los tiraderos que hicieron en esos rubros en los años previos.
REFORMA DE FONDO
Aseguramos que hablar de los ex gobernadores presos y procesados judicialmente, es anecdótico. Lo es porque mientras no se reformen los alcances y límites de los Ejecutivos de los Estados, y en general de los ámbitos de gobierno estatales y municipales —que son todo un problema distinto, aunque concomitante al de los gobernadores institucionalmente irresponsables—, estas historias las seguiremos repitiendo. El Sistema Nacional Anticorrupción no será la panacea, y de hecho no servirá, mientras prevalezca ese oprobioso acuerdo nacional de partidos, facciones y políticos para mantener el estado generalizado de corrupción e impunidad, y llevar con eso a la quiebra a la Constitución y al Estado de Derecho en México.
