+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Corrupción: es necesario dejar atrás el autoengaño y reconocer su dimensión

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+ ASF reconoce daño que provoca al Estado, corrupción en procesos electorales


Dentro de todas las formas existentes de manifestación de la corrupción en México, hay una que sigue siendo toral e inatendida: la que se produce como consecuencia, y alrededor de los procesos electorales. Este es un problema mayor de nuestra democracia, y es lo que en gran medida explica la multiplicación de las manifestaciones de la corrupción en nuestro país, desde los ámbitos más modestos hasta las altas esferas nacionales. Sin embargo, en la medida en que prevalezca la simulación y el autoengaño, continuará esta carrera disparatada rumbo a la autodestrucción, en general, de nuestras instituciones.

En efecto, por todo el país hay muestras de corrupción institucional. En el ámbito nacional, el mayor escollo que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es justamente el de los cuestionamientos por corrupción. Aunque fue un candidato carismático y bien recibido —le ganó a Andrés Manuel López Obrador por un amplio margen de votos, que desde el inicio hizo incuestionable su victoria electoral—, y que además logró en un periodo corto de tiempo el consenso político necesario para impulsar un ambicioso paquete de reformas, lo cierto es que nada le hizo más daño que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y, sobre todo, la incrustación de la duda en el colectivo social sobre la existencia de actos sistemáticos de corrupción, desde que era Gobernador del Estado de México.

Todas esas dudas se cristalizaron en un referente que hoy es funesto: el noviembre de 2013 se estableció la existencia de una mansión, propiedad de la familia del Presidente de la República, que habría sido adquirida como el pago de favores relacionados con la construcción de obra pública, por parte de una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. Quienes documentaron la información, establecieron cómo el constructor fue ganando terreno en las contrataciones de obra en el gobierno del Estado de México, y luego en el gobierno federal, al mismo tiempo en el que ocurrió la contratación de la obra para la construcción de la casa de la esposa del Presidente, la cual además fue pactada en condiciones por demás preferenciales respecto a cómo se establecían los precios y las cláusulas generales en el mercado de la construcción.

Esto, independientemente de cómo fue explicado por el Presidente y su familia, dejó sembrada la duda respecto a la posibilidad de que Peña Nieto estuviera incurriendo en actos sistemáticos de corrupción. Ello se alimentó con la cancelación de la obra que le había entregado precisamente a Juan Armando Hinojosa, y luego se fue constatando reiteradamente con las evidencias de la corrupción sistemática en la mitad de los gobiernos estatales del país, que fueron solapados por Peña Nieto hasta que le parecieron insostenibles políticamente.

Así, por ejemplo, casos como los de los Duarte en Veracruz y Chihuahua, y los de muchos otros mandatarios estatales a los que se les han descubierto galopantes signos de corrupción, pusieron en claro el tamaño del problema que enfrentaba el gobierno de Peña Nieto, no nada más por sus propios problemas sino por haber tolerado e incluso encubierto todo lo que estaba pasando frente a sus propios ojos sin que aparentemente ellos lo registraran.

Luego se supo que el gobierno federal sabía perfectamente lo que pasaba, pero que en gran medida todo había sido tolerado por la necesidad de su partido de seguir ganando elecciones. En el fondo, el problema de los procesos electorales ha sido más profundo y corrosivo de lo que imaginábamos, pero lo realmente grave es que pareciera que continúa existiendo ese pacto tácito entre todas las fuerzas políticas para no dejar de tolerar la corrupción mientras haya el espacio para que eso se involucre con los procesos electorales.

CORRUPCIÓN SISTÉMICA

Habría que preguntarse por qué ha sido prácticamente imposible eliminar la corrupción del sistema político y, en general, de las relaciones que establece el Estado con los particulares en todas sus vertientes. Acaso, en esa lógica hay pocas manifestaciones tan claras y contundentes como la que acaba de hacer el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien establece en qué dimensión se encuentra este problema, y hasta dónde ha corroído la estabilidad del propio gobierno.

En esa lógica, el auditor Juan Manuel Portal ha señalado que el origen de la corrupción se encuentra en gran medida en los propios procesos electorales. “Las desviaciones mayores que hemos observado (…) no encontramos mayor justificación el que, a parte de que se lo robaron, son tales cúmulos de dinero lo que se puede ir a campañas electorales”, ha señalado enfáticamente.

En ese sentido, el auditor superior insistió en que el gasto electoral sea menor y que exista un mayor control de los spots en radio y televisión. “Debemos cuidar que el gasto electoral sea menor, es impresionante lo que se gasta, y es legal”, comentó, “ojalá se pudiera reducir el tiempo de las campañas, ojalá hubiera controles como que el tiempo de radio y televisión lo pague el INE, nada de cada quien contrata”.

Una vez que los recursos federales son entregados a los partidos, no existen mecanismos de fiscalización que permitan a la auditoría revisar en qué se gastó ese dinero, señaló el funcionario. “No hay forma de demostrar los gastos en campaña, es como el soborno, ¿cómo comprueba un auditor un soborno?”, mencionó, “salido el dinero del banco y en efectivo es imposible seguir la huella, no hay forma”.

A todo esto habría que sumar muchas de las cosas que forman parte de esos procesos electorales, como la compra y venta indiscriminada de votos; los ríos de dinero en efectivo que circula en el país durante los procesos electorales, que incluso llegan a niveles preocupantes para el fisco por el nulo control que puede tener de la circulación de dinero en efectivo justamente cuando ocurren esos periodos, y la determinación de los partidos políticos por no entrar al establecimiento real de controles —ontológicos y deontológicos— relacionados con su propio comportamiento durante los periodos de campañas.

Por eso habría que entender que el primer paso para el cambio de la situación actual del país, y del enojo social que hoy pesa sobre la sociedad, pasa por el reconocimiento del tamaño de la corrupción, y la necesidad de dar pasos firmes sobre ello. No es suficiente seguir pensando en la lógica de los buenos y los malos, en los que los primeros se asumen como puros y acusan a los otros de conversos, como si con eso fuera suficiente para terminar con los problemas que enfrenta el país. No es sólo una entidad, ni un ayuntamiento, ni el gobierno federal: debería ser todo el aparato gubernamental, quien debería reconocer la dimensión de esto, y tomar las medidas antes de que el enojo social desborde la tensa situación en la que nos encontramos.

¿Y LAS MEDIDAS?

Por eso hay que ver esta situación como un problema que no se aísla ni se segmenta entre las esferas del gobierno. No será suficiente el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como tampoco ha sido suficiente el endurecimiento de las sucesivas leyes electorales que han regido al país. De todos modos, como la parte subjetiva del problema no ha cambiado —gobernantes, partidos, candidatos, políticos, y sus financiadores que están dispuestos a todo con tal de no cambiar—, entonces seguimos teniendo soluciones demagógicas que simulan voluntad pero que en el fondo contribuyen a perpetuar la ignominia.

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