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+ Gobierno debe garantizar cobertura presupuestal de nuevo andamiaje legal
Mientras el gobierno y la Legislatura del Estado continúan perdidos en discusiones bizantinas sobre la corrupción y el combate a la impunidad, los actos indebidos continúan ocurriendo sin que la sociedad constate una respuesta clara hacia ellos. En Oaxaca, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción existe sólo documentalmente. Y de hecho es una doble derrota para la sociedad, tanto que ni el gobierno ni los diputados sepan exactamente para cuándo el Sistema pasará de las normas a los hechos; y que tampoco haya certidumbre respecto a posibilidad de que se cubran las necesidades económicas que implica ese nuevo esquema, como una promesa de combate efectivo a la corrupción.
En efecto, el panorama del combate a la corrupción en Oaxaca es desolador. En mayo pasado los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aunque hasta la fecha sigue pendiente la aprobación de diversas leyes que necesitan ser armonizadas para darle operatividad técnica y jurídica a dicho sistema. En el Congreso del Estado trabajan en la adecuación de dichas normas, aunque lo cierto es que no se tiene ninguna certidumbre ni fecha probable para la aprobación de todo el andamiaje legal complementario del Sistema.
Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado ha estado más preocupado por los temas cosméticos que por los de fondo, en lo que toca al combate a la corrupción. Muestra de ello, fue la decisión de enviar como iniciativa preferente la propuesta de reforma constitucional para eliminar la necesidad de llevar a cabo la declaratoria de procedencia, como el paso previo y necesario para que los servidores públicos estatales puedan ser procesados penalmente. ¿Acaso no era preferible enviar una iniciativa preferente que tuviera como fondo toda una miscelánea de reformas para reforzar los trabajos que se realizan en la adecuación del marco legal para el sistema anticorrupción?
Esa situación, en realidad, refleja al menos dos cuestiones concomitantes: una, que las instancias gubernamentales encargadas de llevar a cabo el trabajo complementario de adecuación normativa de cara a la puesta en marcha del sistema anticorrupción, en realidad no tienen ninguna prisa ni interés por intervenir institucionalmente en el diseño normativo; o que si lo tienen, éste no se ha demostrado tan denodadamente como para impulsar propuestas al mayor nivel posible para conseguir que éstas se conviertan en leyes.
La segunda cuestión que esto revela, es que en realidad no parece existir la correcta integración de los trabajos de diseño normativo en todo el gobierno. ¿Responsabilidad de quién es esto? Es, evidentemente, responsabilidad de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que hasta ahora ni ha demostrado eficacia en los planteamientos que ha hecho al Poder Legislativo, ni tampoco ha dado pautas concretas de una verdadera labor de integración de todos los esfuerzos institucionales en materia jurídica, para hacer propuestas consistentes al Poder Legislativo, en un tema tan sensible como el del combate a la corrupción y el control a la gestión pública.
De hecho, a casi dos meses de su nombramiento como consejero Jurídico del Gobierno del Estado, queda claro que Octavio Tinajero Zenil no ha logrado ningún resultado consistente en los temas que debieran ser de la mayor prioridad para quien se supone que tiene la responsabilidad de los temas jurídicos del gobierno. ¿De qué hablamos?
De que, por un lado, no ha sido capaz de plantear una agenda integral respecto a un tema tan trascendente como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en el que el gobierno estatal realmente pudiera ser un coadyuvante del Poder Legislativo en la confección del entramado jurídico necesario para la implementación del sistema; y por el otro, tampoco ha demostrado capacidad de gestión para llevar a buen puerto temas tan delicados como el procesamiento del Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el Congreso del Estado, o la posibilidad de sacar adelante sin problemas la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo para la eliminación del llamado “fuero constitucional”.
La falla ha sido evidente, porque el Consejero Jurídico parece no asumir que temas como el del PED o el del sistema anticorrupción, no sólo son problemas de los funcionarios y las dependencias encargadas de intervenir directamente en los temas, sino de todo el gobierno; y que particular debieran ser temas de su interés por ser de naturaleza jurídica.
En el fondo, el problema innecesario que el gobierno y los diputados crearon alrededor de la aprobación del PED, en gran parte tuvo su origen en la indolencia de ciertos funcionarios —con Tinajero Zenil a la cabeza— para darle un seguimiento puntual a sus temas de interés institucional, dentro del Congreso; por despreciar la posibilidad del cabildeo y del diálogo respetuoso con el Poder Legislativo; y por suponer que siguen viviendo en los viejos tiempos en los que la orden del Ejecutivo es suficiente para que todos los poderes y voluntades se alinearan alrededor de un tema, y que ellos pueden seguir instalados en la frivolidad, como si el cargo fuera un premio y no una responsabilidad.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, EN RIESGO
Ahora bien, junto a todo lo anterior hay otro problema que en el futuro cercano el gobierno y el Congreso tendrán que reconocer y abordar: nadie sabe hasta ahora de dónde van a salir los recursos para poner en funcionamiento el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. En el Congreso no tienen aún clara la ruta, y las instancias del Ejecutivo no han dado directrices mínimas de cuál será el nivel de inversión pública para la instalación y la puesta en marcha del sistema.
El asunto no es menor: el gobierno estatal atraviesa por una crisis profunda que cada vez parece menos explicable, a la luz de que ha transcurrido más de la mitad del año y frente a todos los problemas la respuesta ha sido la misma, relativa a la insuficiencia presupuestal del gobierno. Al final del año, tendrán que enfrentarse o a explicar cómo se ejerció el presupuesto gubernamental del presente año, o a reconocer que hubo subejercicios o derivados de diversas situaciones, o gastos hasta ahora no explicados a la ciudadanía oaxaqueña. Por eso, hasta ahora en diversos rubros sólo existen interrogantes. Pero eso no podrá ser sostenible en el largo plazo.
Por todo eso, sería muy riesgoso que en los meses siguientes todos determinaran echar a andar nuevas dependencias y órganos de combate a la corrupción, pero que sólo tengan existencia testimonial. El primer destello de eso, lo puso el también recién nombrado Fiscal Anticorrupción, que sin ningún pudor ha justificado su ausencia prácticamente total de la escena pública —y su total inmovilidad institucional—, bajo el argumento de que no cuenta ni con los recursos mínimos indispensables para realizar las funciones para las que fue electo.
Nadie puede apostar a tener instituciones sólo de papel, y menos a tener funcionarios fantasmales disculpándose de manera permanente en las precariedades. Todo el Sistema debe ser implementado, de tal forma que el propio Estado demuestre su voluntad por el tema, y no que todo resulte en una nueva tomadura de pelo para la ciudadanía que genuinamente espera mucho del sistema anticorrupción. Pronto lo veremos.
METEN REVERSA
A través de terceros, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza anunció que presentarán un nuevo dictamen al pleno para la eliminación sólo de la figura de la declaratoria de procedencia, pero sin tocar el juicio político. Qué bueno que lo hizo; pero qué mal que esto sólo ocurrió después de que quedaran al descubierto todas las implicaciones de lo que ella y los demás integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales —Donovan Rito García, Adriana Atristain Orozco, León Leonardo Lucas y Horacio Antonio Mendoza— iban a hacer, si nadie les señalaba el “error” —deliberado— que estaban en vías de cometer.
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