México: certidumbre y Estado de Derecho, frente a autoritarismo

Medina Mora

+ Medina Mora: un signo claro de que ciudadanía está despertando

 

La elección de Eduardo Medina Mora Icaza como Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por varias razones, no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia reciente del país que un Presidente enfrenta tanta oposición y descrédito por la formulación de la propuesta para la integración de un ente institucional; y es también la primera vez que la ciudadanía se involucra a tal nivel en ese proceso que, técnicamente, no está sujeto a aceptaciones o popularidades. Es por ello un proceso inédito, en el que ciertamente la ciudadanía fue derrotada, pero que debe servir de precedente para futuras victorias.

En efecto, hoy en el ámbito internacional uno de los imperativos más importantes para generar confianza, es la certidumbre basada en el Estado de Derecho. Ese término, en general, se entiende no sólo como la capacidad de cada uno de los poderes del Estado de cumplir cabalmente con sus funciones (es decir, que el Congreso dé buenas leyes; que el Ejecutivo administre correctamente los recursos públicos; y que el Poder Judicial pueda dar justicia en todos los casos) sino también como que cada uno de esos poderes estén integrado de forma tal que la sola presencia de sus integrantes pueda ser el primer signo de certidumbre.

Eso no pasa en México. En nuestro país, los peor evaluados de todos por la ciudadanía son los diputados y senadores; al mismo tiempo, el Presidente de la República hoy enfrenta un fuerte descrédito internacional por la falta de claridad respecto al origen de los bienes inmuebles que posee, y por la evidente intromisión en los asuntos de los otros poderes; en general, existe un sentimiento relacionado con que el entrometimiento del Ejecutivo en funciones de los demás poderes es un intento por instaurar el viejo régimen, pero ya no como un régimen de partido hegemónico, sino como un “régimen de Presidente hegemónico”.

La realidad así lo apunta: hoy en día, aunque lo quisiera, es imposible que el PRI gane todas las elecciones, como en los mejores tiempos anteriores a 1997; es improbable que, aunque lo quiera, el PRI pueda volver a sus tiempos de clientelas y corporativismos; e incluso es imposible que pueda sostener un voto duro de millones de sufragios asegurados e incondicionales, como en el pasado.

¿Signo de qué es esto? De que hoy no podría volver a haber un régimen de partido hegemónico, porque la democracia representativa ya permite —con todas sus deficiencias— un esquema de competencia electoral, en el que sería imposible que un partido pudiera colonizar todas las posiciones que están en juego en los procesos electorales. Como quiera que sea, la ciudadanía participa; los otros partidos existen; y las mayorías abrumadoras hoy son cosa del pasado. ¿Entonces?

Entonces el problema es que el viejo régimen intenta restaurarse por las rendijas que aún tiene a su alcance. Por ejemplo, el Presidente priista (Enrique Peña Nieto) ya no pudo obtener mayoría en el Congreso por la vía directa de los votos, pero para eso se construyó una mayoría artificial a través del Pacto por México. Aunque su partido no fue respaldado por los ciudadanos —y éstos tampoco le dieron el aval al PAN y PRD para que se aliaran con el gobierno, sino que de hecho los mandó a ser oposición—, de todos modos el Presidente se construyó su mayoría invadiendo y avasallando al Congreso a través de acuerdos cupulares. Esto inhibió un ejercicio democrático auténtico, y entonces gracias a la construcción de esa alianza nacional artificial, se procesaron decisiones y cambios constitucionales que de otro modo no habrían transitado en la democracia.

Parecía que esto mismo pasó con la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte —que ocurrió por el “trabajo coordinado” entre el Presidente y el Senado de la República—; pero lo cierto es que los signos dejados por la ciudadanía frente a esta decisión deben servir como lección para empujar la disolución de ese Régimen de Presidente Hegemónico que intenta consolidarse.

 

EL MINISTRO Y LA CIUDADANÍA

A diferencia de la elección de quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, la elección de los integrantes del Poder Judicial no está sujeta a la popularidad ni a la aceptación ciudadana. La razón esencial de esto, se centra en que el Poder Judicial es el que realiza las funciones más complejas del poder público (juzgar) y que por esa razón sus funciones no deben estar sujetas a más cuestiones que las de la especialización, la certeza, y la autonomía de sus funciones.

¿Por qué entonces tanto interés en la elección de Medina Mora como ministro? La cuestión, en esencia, no radica en que el ex Procurador y ex Embajador no le caiga bien a la ciudadanía; más bien, la inconformidad se centra en que aún cuando su designación no es un tema de popularidad, sí debe ser una cuestión de idoneidad y confianza, que en este caso no se cumplieron. Medina Mora no es una persona moral o técnicamente confiable, porque en sus haberes no se encuentran registros que lo destaquen como jurista, y porque no ofrece el más mínimo indicio de que es un jurista con capacidad de afianzar su independencia frente a los otros poderes.

Aún con eso, Medina Mora fue impuesto en la Suprema Corte y, en términos llanos, eso constituye una derrota para la ciudadanía que se opuso a su designación. Empero, lo defendible de esta primera expresión de oposición, es que hacia el futuro se incrementó en automático la necesidad de que el Ejecutivo proponga a personas moral y técnicamente legitimadas para el ejercicio de la función judicial, y que el Senado procese con más claridad, certeza y consideración a la ciudadanía, las elecciones que realiza de entre los individuos que les propone el Ejecutivo para la integración de los poderes públicos.

Esta es, por tanto, una derrota, sí, pero parcial, porque aún con la oposición ciudadana Medina Mora es ministro. No obstante, ello debe ser un imperativo no dejar de ver que este necesita ser un despertar ciudadano y no una razón para el desaliento.

 

REFORMAS OBSOLETAS

Hace apenas cuatro años, en Oaxaca se realizó una reforma constitucional que, según, puso a la entidad a la vanguardia en cuanto a la garantía de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. En concreto, lo que se hizo fue adecuar la Constitución local a lo que dice la federal. El problema es que ahora todos dicen que los artículos 95 y 96 de la Constitución federal son obsoletos. Entonces, ¿cuál vanguardia? Abundaremos.

Metrobús: una lucha contra nuestros masoquismos y atavismos

Transporte Público

+ Rechazo, ¿para seguir utilizando autobuses caros y peligrosos?

 

En varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma. Uber es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado. Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?

En efecto, esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

En paralelo, en el escenario local, los transportistas adheridos a la Alianza de Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca rechazan la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, “porque va a afectar al sector y  provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general”; y porque “sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector”. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad.

Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios y los demás automovilistas que transitan por las calles.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

 

UBER Y EL METROBÚS

Como lo apuntaba hace algunos días Ana Paula Ordorica en Excélsior hace algunos días, el modelo de negocios y relación cliente-proveedor que tiene el servicio de transporte Uber tiene mucho de lo que tanta falta nos hace en México. Uber, según la descripción de la propia empresa, se encarga de proporcionar a sus clientes una red de transporte, a través de su aplicación en teléfonos móviles, conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte.

La aplicación permite al usuario registrar sus datos, incluyendo los de cobro mediante una tarjeta de crédito y los datos del chofer como nombre, número de placas y modelo de auto. Estos datos generan un compromiso entre usuario y proveedor que, además se complementa porque ambos están ubicados siempre durante el trayecto mediante GPS, lo que abona en el tema de la seguridad.

Ahora pensemos qué distancia hay entre este modelo y el de los taxis tradicionales, que se han resistido a la modernización, que siguen teniendo un servicio lleno de riesgos e incertidumbres, y que en esencia se resisten a entrar en una dinámica distinta de competencia. ¿Los usuarios debemos seguir utilizando necesaria y exclusivamente este servicio para no generar competencia desleal, a pesar de que esto implique un quebranto a nuestros propios intereses e integridad? Es decir, ¿tenemos que conformarnos con el masoquismo de un mal servicio con tal de no perturbar los modelos de negocio tradicionales del transporte, que abusan del usuario?

Esa misma pregunta le acomoda a la perfección al sistema de transporte urbano de una ciudad como la nuestra. Pues como lo hemos apuntado en otros momentos, hoy en día en Oaxaca es bien conocido que dos de las más grandes cooperativas de transportistas urbanos y suburbanos de la capital, enfrentan graves problemas financieros por los créditos que tienen pendientes de cubrir con el fisco federal, y por sus pasivos laborales y con proveedores. Eso tiene, literalmente, con un pie en la cárcel a varios concesionarios que, sin embargo, continúan exigiendo que sean los usuarios quienes paguen por sus deudas malos manejos financieros.

 

UN LASTRE

En esas condiciones, esas empresas no pueden ser soporte, sino son un lastre, para el transporte público que no puede entrar a un proceso de modernización o competitividad, porque nadie tiene recursos para invertir; porque no permiten el ingreso de otros inversionistas interesados en la actividad; y porque ellos mismos se niegan a un reordenamiento que les permita tener condiciones equitativas de servicio y evite que unos se beneficien desproporcionadamente frente a otros que están a punto de la quiebra. Esa es la realidad. ¿Tenemos que conformarnos con ella, para no perturbar a los anticuados concesionarios del “pulpo camionero”?

 

¿Si Sección 22 quiere su ley educativa, para qué bloquea Congreso?

SNTE Sección22 PTEO

+ Contradicción: quieren “su” ley, pero el mejor escenario es el vacío

 

A pesar de que la Sección 22 del SNTE ejerce una presión permanente en contra de los Poderes del Estado en Oaxaca para que su iniciativa de Ley Estatal de Educación sea la aprobada por el Congreso local, ayer y hoy decidió cercar las instalaciones legislativas para impedir el desarrollo de los trabajos respectivos. A pesar de lo contradictorio que resulta la exigencia acompañada de la obstrucción, no está de más preguntarse: ¿Por qué lo hacen?

En efecto, desde las primeras horas de ayer la Sección 22 convocó a sus agremiados a realizar un cerco a las instalaciones del Congreso local. Su argumento ha sido el mismo de otros momentos: impedir, según ellos, un albazo legislativo que eleve a rango de ley una iniciativa distinta a la que ellos presentaron ante la Legislatura local en agosto del año pasado, y que ésta se había comprometido a aprobar. Según ellos, el cerco impide el albazo, y con ello también cierran la posibilidad de que se consume la traición que, también según ellos, prepara el Estado en su contra.

Y es que resulta que a estas alturas los oaxaqueños ya tomamos como algo normal la intransigencia de la Sección 22, así como sus acciones radicales, y ni siquiera nos preguntamos cuál es la razón y la posible congruencia de ellas. No obstante, vale la pena considerar algunas de las principales aristas que rigen este asunto, para corroborar que en realidad, hoy en día son los propios maestros quienes no quieren que continúe avanzando el proceso de creación de la ley estatal de educación, y que por eso obstaculizan por todos los medios posibles el trabajo relacionado con su dictaminación y aprobación en el Congreso local.

En ese sentido, vale la pena recuperar lo que dijo hace apenas unos días la diputada local del PRI, María Luisa Matus Fuentes, respecto al proceso de dictaminación de la ley educativa. Matus Fuentes, adelantó el seis de marzo pasado (http://bit.ly/1BsOTU3) que el dictamen de la iniciativa de la Ley Estatal de Educación, podría estar concluida en tres semanas más para ser turnada al pleno legislativo para su análisis, discusión, adecuación y posible aprobación.

La legisladora de la fracción priista, aseguró que la Ley Educativa Estatal estará aprobada en tiempo y forma, a pesar de que el análisis de las siete iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, “es minucioso y lento”. Confió que en la próxima reunión de la Comisión Permanente de Educación, asista el pleno de la Comisión para avanzar en el estudio de las siete iniciativas, incluyendo el anteproyecto presentado por la Sección 22 de la CNTE impulsado por el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, (PTEO).

¿Qué significa todo esto? Que, comedidamente, la misma fracción parlamentaria del PRI está aceptando tácitamente que el Congreso de Oaxaca —ellos, los del PRI, eran los que se oponían a la elevación del PTEO a rango de ley— se prepara para aprobarles su norma. El problema es que pareciera que ahora quien no quiere que eso ocurra, es la propia Sección 22 del SNTE.

 

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Evidentemente, la Sección 22 nunca va a aceptar que son ellos quienes ahora están boicoteando el proceso de creación de la ley estatal de educación. Sin embargo, su oposición manifiesta es claramente explicable: ahora mismo el gobierno federal les está haciendo un “traje a la medida” con el régimen de excepción que se les está confeccionando en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación; y en ese escenario lo más práctico es que ellos continúen en el limbo jurídico, para que de ese estado de incertidumbre se mantengan sus privilegios.

Pues resulta que, en esta circunstancia específica, el PTEO es lo de menos. Pues abiertamente, el propio Director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, ha aceptado la aplicación fáctica del PTEO. “En la realidad el PTEO presentado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya se aplica en la mayoría de escuelas de la entidad aún cuando todavía no tiene el carácter de Ley Estatal Educativa”, dijo Robles hace algunas semanas.

Si el PTEO, como programa educativo ya se aplica, y como elemento normativo ya tiene la fuerza de ley a pesar de ser un documento interno de la Sección 22, entonces no importa que sea o no ley; y, junto a todo eso, si de todos modos la 22 continúa teniendo el control administrativo y político total del Instituto educativo, y el gobierno federal le ha venido garantizando todas y cada una de sus exigencias, entonces lo que queda claro es que el hecho de que se apruebe o no la ley educativa ya es un asunto intrascendente, e incluso hasta perjudicial para la Sección 22. ¿Por qué?

Porque en su proyecto de ley educativa (ese que entregaron con cara de PTEO pero que en realidad es producto de un conjunto de negociaciones entre el gobierno y la 22 de cara a la reforma educativa) el propio magisterio aceptaba ceder parte del poder que tiene en el control de la educación, a cambio de que se le respetara su visión alternativa de la educación plasmada en su plan y en su iniciativa de ley.

Sólo que con, con el cambio de circunstancias y con la rendición del gobierno federal, lo que más le conviene a la Sección 22 es que las cosas sigan como están, y no que se normen de modo distinto como se planeaba en la ley educativa. Es por eso que la lógica que está siguiendo el propio magisterio es el de exigir la aprobación de su ley como una justificación política de su lucha, pero contrapunteado por una estrategia de detener cualquier posibilidad de que su norma avance en el proceso legislativo.

Finalmente lo que parece es que hay una contradicción enorme entre lo que quiere, y lo que dice que quiere. Pues lo primero es lo que le conviene (continuar en el vacío legal), pero lo segundo es lo que le convenía (que se apruebe su PTEO). Así que por eso continuará emprendiendo acciones indefinidas para boicotear el trabajo legislativo que casi a diario le exige al Congreso del Estado.

 

FUNCIONARIOS SOMETIDOS

La sabiduría popular ha forjado dichos que encierran enormes verdades. Uno de ellos dice que “el que por gusto es buey, hasta la coyunta lame”. Eso, tristemente, le acomoda a la perfección a la nueva ralea de funcionarios del IEEPO que, comenzando por Moisés Robles Cruz, sólo llegaron a esa posición a extinguir su prestigio al defender la forma en que la Sección 22 los tiene sometidos en estos tiempos “democráticos”.

¿Qué ruta legal usará EPN para liberar a “presos políticos” de S22?

Pena Nieto+ Elección de Medina Mora, y pactos políticos, vs el Estado de Derecho

 

Aunque parece que son dos historias distintas, el pacto político firmado por el subsecretario de Gobernación con la Sección 22 del SNTE para liberar a los que ellos denominan como sus “presos políticos”, y la inminente elección de Eduardo Medina Mora Icaza como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un común denominador: socavar al Estado de Derecho y las instituciones del país en aras del pragmatismo político; y demostrar —contra toda lógica democrática— la voluntad del gobierno por reinstaurar el régimen autoritario del pasado.

En efecto, hasta las primeras horas de la tarde de ayer, la elección de Eduardo Medina Mora como nuevo integrante de la Suprema Corte, era inminente. A pesar de que distintos grupos de la sociedad se manifestaron en contra de la decisión presidencial —que nunca fue argumentada ni explicada—, y de que dos partidos políticos (PRD y PT) se manifestaron en contra de una elección fast track, ya existía un consenso a su favor y era cuestión de trámite que se formalizara su elección como Ministro. Esto ocurría a pesar de no satisfacer el requisito moral de ser un jurista de indudable ascendencia en el país, y de no tener antecedentes defendibles en cuanto a su actuación como servidor público frente a los derechos humanos.

En paralelo, ayer el periodista Raymundo Riva Palacio apuntaba, en su columna Estrictamente Personal del periódico El Financiero, que “en una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la Reforma Educativa, [el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda] aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la liberación de “presos políticos” asociados al magisterio. Son 112 en la lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en libertad. Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo”.

Frente a estas dos complejas decisiones del gobierno federal, la pregunta que ronda es: ¿De verdad tiene vocación por la Constitución y el Estado de Derecho? Y, en caso de que sostenidamente argumentara en sentido afirmativo, entonces cabría otra: ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para corroborarlo?

Pues desde dos flancos paralelos, e igualmente potentes, lo que parece estar queriendo hacer el gobierno federal es socavar primero al Poder Judicial, para someterlo a una integración que no lo fortalece; y al mismo tiempo, obligarlo a procesar decisiones que evidentemente no son concordantes con los tiempos y las aspiraciones de la ciudadanía, y mucho menos con la constitucionalidad y el Estado de Derecho, que se supone que son valores que todos queremos que se fortalezcan.

La situación es ominosa por donde se le vea. Pues a pesar de que existe una clara tendencia de rechazo a esas dos decisiones, el gobierno no sólo no está haciendo nada por considerar el sentir ciudadano, sino que está reiterando sus decisiones inexplicables. Y lo más grave, es que pareciera que hoy el gobierno de Peña Nieto está considerando que vive en tiempos de hace tres o cuatro décadas, en las que sin ningún problema el Presidente y su conveniencia podían doblegar a las instituciones del Estado para obligarlas a tomar decisiones, sin pasar por el tamiz de la constitucionalidad y sin respetar la división de poderes.

 

¿CÓMO LIBERARÁN A LOS PRESOS POLÍTICOS?

Hace 40 años un gobierno en México habría considerado como una tarea sencilla liberar a un preso, independientemente de su responsabilidad o el estado del proceso judicial por el que se le juzga, y sólo por una decisión política. ¿Esto podría ocurrir actualmente? En realidad no parece sencillo.

Pues si bien el sistema penitenciario, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, la misma Constitución de la República dice, en el tercer párrafo del artículo 21, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”; y antes, en la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional, establece que es derecho de la víctima o del ofendido dentro de un proceso penal “impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a esos 112 presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR.

¿Para esto estaría entonces el Poder Ejecutivo intentando socavar al Judicial por distintas vías? Más bien, lo que parece es que el gobierno del presidente Peña Nieto no entiende los tiempos que vive, y por su propia subsistencia está intentando doblegar a los demás poderes para salir avante. No repara en que, con estas decisiones, es más fácil que ocasione una crisis constitucional a que verdaderamente logre desactivar conflictos sociales que de todos modos seguirán vivos, como el de los maestros de la Coordinadora en el sureste del país.

 

CONTRADICCIÓN

¿Cómo le dirá el gobierno federal a los padres de los 43 desaparecidos que sí habrá justicia, cuando lo que está promoviendo es justamente la impunidad? Esto es por demás trascendente. La constitucionalidad parece vivir tiempos aciagos en nuestro país.

Declaración política gobierno-S22-Congreso: a un año, el fracaso

Reciben iniciativa de ley

+ Discusión entrampada, por haber firmado lo que no podían cumplir

 

Hoy se cumple el primer año de que Oaxaca se encuentra en rebeldía frente a su deber de homologación de la legislación estatal en materia educativa con las normas federales, y también se conmemora el primer año del pacto ominoso celebrado entre el gobierno, el Congreso y la Sección 22, para construir una ley estatal de educación a modo y capricho del magisterio. Sólo que a un año de distancia el saldo es estéril, y los perjuicios a la educación van en aumento.

En efecto, el 10 de marzo del año pasado, el gobernador Gabino Cué, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, y el dirigente de la sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginéz, firmaron una declaración política a la que titularon “Hacia una nueva Ley Estatal de Educación”, por medio de la cual se habían comprometido a participar de forma conjunta en la generación de una legislación local “más adecuada para la realidad de la entidad oaxaqueña”.

En aquel momento, todos trataron de matizar de democrática e inclusiva una decisión que no era aceptable. “Se trata de una muestra clara de nuestra vocación democrática, que nos permita generar una ley basada en el diálogo constructivo, responsable y experto, que represente una alternativa real y pertinente para hacer de la educación la base para la equidad y prosperidad de nuestro pueblo”, aseguraba el Mandatario.

Por su parte, el diputado López Rodríguez en aquel momento dijo que “la educación no es patrimonio, ni capricho de unos cuantos, razón por la que es fundamental unir esfuerzos y escuchar todas la voces posibles, que permitan la construcción de leyes que beneficien a toda la ciudadanía”.  Asimismo, el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez dijo que la declaración política se daba en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Estatal, y de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, en rechazo a la reforma educativa.

Hoy, a un año de distancia, queda claro que cada uno cumplió su palabra, aunque no necesariamente en beneficio de Oaxaca: el gobierno se limitó a fungir como convocante y coadyuvante para la celebración de los foros educativos, aunque la conducción la dejó en manos del magisterio democrático; el Congreso, como lo había dicho López Rodríguez, aparentó escuchar todas las voces aunque finalmente —y teniendo como base sus nulos resultados— ese fue un ejercicio como el de la Torre de Babel, en el que todos hablaron sin que nadie entendiera a nadie, y por eso al final el resultado sigue siendo el vacío.

Incluso la Sección 22 es quien sí tomó en serio el papel de actor hegemónico en la educación, que no quisieron o no pudieron asumir el gobierno y el Congreso frente a este imperativo de la armonización en materia educativa. Pues en el último año, el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha dedicado a hacer valer los resolutivos de su Asamblea, y para ello ha ido doblando a todas las autoridades con las que ha tratado.

El 10 de marzo de 2014 lo hizo formalmente con el gobierno estatal y el Congreso; y en fechas recientes lo hizo con el gobierno federal, que a través del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, claudicó en la posibilidad de aplicar la reforma educativa, y confirmó todas las conquistas y beneficios —políticos y económicos— que ha tenido el magisterio democrático en las últimas décadas, creándole a la CNTE un régimen de excepción en sus relaciones laborales.

 

TODO, A CAMBIO DE NADA

Así, queda claro que hoy todos pagamos las consecuencias, primero de que el gobierno y el Congreso hayan firmado una declaración que anclaba el proceso legislativo en materia educativa a los caprichos e intereses de la Sección 22; y segundo, de que el mismo gobierno federal haya claudicado en la posibilidad de sostenerse en su promesa de ir por el cumplimiento del nuevo contenido constitucional en la materia.

Hoy, por eso, si debiera haber alguna conmemoración, ésta debiera ser doble: por un lado, conmemorar el limbo jurídico en el que se encuentra el régimen educativo de la entidad; y por el otro, el triunfo total del magisterio democrático —con la consecuente derrota incondicional del gobierno federal— en la lucha por la preservación de sus beneficios, estructuras y privilegios.

Pues a un año de distancia, lo único que puede verse es que la educación no ha tenido mejora alguna; que el gobierno ha sido completamente incapaz de enfrentar la crisis generada por la beligerancia de los trabajadores de la educación; y que éstos no sólo no han disminuido la intensidad de sus protestas y demandas económicas y políticas, sino que hoy van por la liberación de sus supuestos presos políticos, luego de haber logrado ya la confirmación de todos sus privilegios económicos y laborales.

¿Qué significa esto? Que el gobierno perdió completamente al dar todo a cambio de nada. Oaxaca ni siquiera tiene paz social, porque la Sección 22 continúa manifestándose casi todos los días, a pesar de que ha sido la gran ganadora de todo este proceso de lucha por la reforma educativa; el gobierno federal no tiene garantizado que cualquier otro día la Sección 22 no vuelva a decidir ir a instalar un plantón a la capital del país, o a trastocar la vida de la capital del país con sus movilizaciones; y por sus insuficiencias propias, el Congreso local no ha podido procesar ninguna de las propuestas de ley educativa presentadas, porque su debilidad propia lo ha llevado a ni siquiera tener el sustento para legitimar una decisión, cualquiera que ésta sea.

Al final, todos los que deberían estar en el centro de esta discusión (los niños y jóvenes que siguen padeciendo una instrucción deficiente, y la ciudadanía que no puede vivir en la paz que merece) son quienes están olvidados. En su frivolidad, la 22 se puso en el centro de todo; y en su debilidad, las instituciones ya le dieron todo. Pero el resultado de todo sigue siendo la ignominia.

 

DESPISTADO

Dice el ex diputado Flavio Sosa que la culpa de la crisis en la Cotaipo es de los partidos. Se equivoca: la culpa es de los diputados de la LXI Legislatura, a la que él perteneció, que escogieron a los PEORES candidatos a integrar ese organismo. Lo mismo pasó con la Defensoría de los Derechos Humanos, en donde también eligieron al más cuestionado de los aspirantes (Arturo Peimbert), de quien él también recibió beneficios que hasta hoy no han quedado claros. O qué, ¿ya se le olvidó?

No hay razón para seguir manteniendo el monopolio del transporte

Trasporte Publico

+ Liberarlo, una solución que es atajada por todos los que perderían

La posibilidad de “liberar” el transporte público concesionado en Oaxaca, ha sido más un amague político que una posibilidad técnicamente explorada por las autoridades estatales. Aunque el de transporte debiera ser un servicio especializado, tecnificado y competitivo, resulta que en Oaxaca también es rehén de las ambiciones políticas de grupos y personajes que no ven la conveniencia de un mejor servicio, sino la oportunidad de lucrar —económica y políticamente— con esa actividad.
En efecto, en su primera plana de ayer jueves, TIEMPO señalaba la urgencia de considerar la posibilidad de liberar el transporte público. Esta tendría que ser una propuesta serenamente valorada por las autoridades, ante la incesante afirmación de los empresarios del transporte urbano y suburbano —y qué decir de los taxistas citadinos y foráneos— de que esa actividad ya dejó de ser negocio, y que por eso deben ser los usuarios quienes deben pagar más por un servicio que no mejora, y que tampoco reconoce sus propias áreas de oportunidad.
Pues resulta que Oaxaca tiene, como lo decía la propia nota de TIEMPO, uno de los servicios de transporte público más caros y deficientes del país, ya que mientras en Oaxaca el costo por pasaje es de seis pesos, la tarifa del pasaje en autobuses urbanos en la mayoría de los estados de República se ubica en un promedio de 6 pesos, como lo estableció el Gobierno de Oaxaca desde el año 2013 en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.
¿Cuál es la diferencia? La calidad del servicio que se presta a cambio de esa tarifa. Y es que de acuerdo con una consulta realizada por reporteros de este diario, el pasaje más económico es cobrado en el estado de Chiapas, donde la tarifa es de 5 pesos y se presta con unidades de lujo. El boleto tiene un costo de 6 pesos en Cuernavaca, Morelos; también en Guanajuato, Sonora, Chihuahua, el Estado de México y Aguascalientes. En Puebla, donde la ruta es más larga, pues alcanza los 60 kilómetros, el costo del pasaje sigue siendo de 6 pesos.
Hoy el transporte público de pasajeros en Oaxaca clama por un servicio que, dicen, ya no es negocio. En un primer momento podría creerse que, en efecto, el servicio no es costeable. El problema es que la mayoría de los concesionarios locales se han empecinado en seguir teniendo un modelo empresarial anticuado, que fue productivo hace varias décadas, pero que no puede seguir siéndolo en las condiciones actuales. ¿De qué hablamos?
De que en Oaxaca, salvo muy contadas excepciones, casi la totalidad de las concesiones se encuentran atomizadas en poseedores que, solos, no pueden ser competitivos. Concretamente, aquí cada concesionarios es, en general, dueño de dos, tres o cinco unidades, con las cuales no logra salir adelante. ¿Por qué? Porque esa actividad, como todos los negocios en los que las inversiones son importantes, debe ser producto de un esfuerzo conjunto de competitividad y mejora continua para no caer en el rezago y las pérdidas.
Incluso, suponiendo que la posesión de las concesiones de transporte urbano y suburbano estuvieran así de atomizadas como en la realidad, la respuesta tendría que estar en las agrupaciones de concesionarios. El problema es que esas supuestas “grandes empresas” de transporte público se convirtieron más en cotos de poder —que se dedican a venderle a los concesionarios una especie de “derecho de piso” para la operación de sus unidades, y que con ese mismo garlito los manipulan para cuestiones políticas— que en verdaderos detonadores de mejores condiciones para sus agremiados.
De hecho, hoy en día en Oaxaca es bien conocido que, por ejemplo, dos de las más grandes cooperativas de transportistas urbanos y suburbanos de la capital, enfrentan graves problemas financieros por los créditos que tienen pendientes de cubrir con el fisco federal, y por sus pasivos laborales y con proveedores. Eso tiene, literalmente, con un pie en la cárcel a varios concesionarios que, sin embargo, continúan exigiendo que sean los usuarios quienes paguen por sus deudas malos manejos financieros.
En esas condiciones, esas empresas no pueden ser soporte, sino son un lastre, para el transporte público que no puede entrar a un proceso de modernización o competitividad, porque nadie tiene recursos para invertir; porque no permiten el ingreso de otros inversionistas interesados en la actividad; y porque ellos mismos se niegan a un reordenamiento que les permita tener condiciones equitativas de servicio y evite que unos se beneficien desproporcionadamente frente a otros que están a punto de la quiebra.

LIBERAR EL TRANSPORTE
La liberación del transporte, a grandes rasgos, significa eliminar el duopolio que hoy tienen, por un lado, las empresas de transporte urbano y suburbano; y por el otro, las organizaciones de taxistas; para someter al transporte público a una autorregulación. Es decir, a abrir el mercado para que cualquier persona que, a la luz de un estudio de factibilidad, tenga la capacidad de ofrecer satisfactoriamente el servicio de transporte público, se le otorgara una concesión.
Y con ello, no sería el Gobernador quien perdería tanto poder sobre el transporte público, como las organizaciones de concesionarios y trabajadores del volante, que son los que, en buena medida, definen actualmente el modo en que son repartidas las concesiones, y de ese modo manejan y presionan a los trabajadores del volante —que tras 15 ó 20 años de trabajo, aspiran a acceder a tener su propia unidad concesionada—, para que respalden sus decisiones y hagan lo que ellos ordenan.
Quienes también perderían son los políticos, partidos y funcionarios que a pesar de la gravedad del problema del transporte público, siguen insistiendo en utilizarlo como uno más de los elementos de presión política en contra del Estado. No es raro que el transporte responda siempre a intereses de ese tipo, y que buena parte del control se centre en la discrecionalidad que sigue existiendo en el otorgamiento de concesiones, y la facilidad que esto da para la corrupción en el sector.

¿ESPERAR QUÉ?
Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Qué espera la autoridad para comenzar a considerar este tipo de propuestas? Oaxaca merece un transporte no de lujo, pero sí digno. En el horizonte hay mucho más que sólo “ataúdes rodantes”. El problema es que aquí todos se resisten a verlo.